Balances que hacen agua La movilización y organización vecinal, la opinión de profesionales, las respuestas oficiales, y la incertidumbre de que un evento similar...

Balances que hacen agua


La movilización y organización vecinal, la opinión de profesionales, las respuestas oficiales, y la incertidumbre de que un evento similar pueda volver a ocurrir. Subsidios que no llegaron y obras hidráulicas cuestionadas, en un informe que busca comprender la situación actual de la ciudad, más allá de la emergencia hídrica.

Tinta Verde

Por Colectivo Tinta Verde

¿Qué pasa si hoy vuelve a llover cómo el 2 de abril?, la recurrente pregunta busca respuesta en las causas de la tragedia, en las posibilidades de haberla evitado y la necesidad de adaptarse a una ciudad inundable.

Desde el 2 de abril se buscan explicaciones; la mayoría de los especialistas coincide en que se trata de un cúmulo de varios factores: eventos extremos asociados al cambio climático, la falta de obras públicas y la urbanización indiscriminada (VER INFORME “La Plata, ciudad inundable“).

A un año, nos encontramos con vecinos organizados en asambleas, movilizados ante la falta de una respuesta efectiva del gobierno municipal y provincial, con la necesidad de reconstruir sus viviendas y comprometidos con el reclamo de subsidios y políticas públicas que prevean una nueva catástrofe. También con organizaciones y profesionales realizando informes técnicos, con el fin de repensar la planificación estratégica de la ciudad.

Mientras que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) espera la acreditación de CONICET para trabajar interdisciplinariamente en un análisis de riesgos y estrategias de intervención en inundaciones y en la construcción de un observatorio ambiental; la provincia y el municipio encararon obras de limpieza y de ensanchamiento de arroyos -cuestionadas desde distintos sectores-, que incluyen una propuesta de relocalización de las familias que viven en la vera del Arroyo del Gato.

Por otro lado, en contraposición a las declaraciones oficiales, el Juez Luis Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, señaló que en total son 89 las personas que deben ser oficialmente reconocidas como víctimas fatales de la inundación.

Yo te avisé

“El 2 de abril de 2013 muchos se acordaron de ‘ un montón de locos ’ que habían avisado que esto podía suceder. Lo que pasó nos dio la pauta de la agresión que sufrió la ciudad, porque si no hubiera sido dañada y la infraestructura hubiera sido contemplada, una lluvia como la que sufrimos hace un año, a lo sumo se sorteaba con una calles anegadas, nunca con la cantidad indefinida de muertes que tuvimos”, señala Eduardo Karakachoff, integrante de Defendamos La Plata, organización dedicada a la preservación del patrimonio arquitectónico y el espacio público.

Karakachoff, destaca que existen trabajos realizados por integrantes de Defendamos La Plata, que fueron presentados tanto a autoridades municipales como provinciales antes de la inundación y que no fueron tenidos en cuenta.

Desde la organización, señalan que fueron numerosos los intentos por ser escuchados por parte de funcionarios de ambiente, espacio público y planeamiento. “Esto se podía prever y evitar. La destrucción en la superficie y la especulación inmobiliaria, no tienen en cuenta el agua. Nosotros tenemos contacto con ingenieros y especialistas en el tema y nos dicen que la situación, lejos de revertirse, hoy sigue su curso”, manifiesta Karakachoff y resalta que la dirigencia política no tomó conciencia sobre el tema de la infraestructura ni del impacto que tiene la impermeabilización de los suelos. “El megadesarrollo dentro del casco urbano, viene acompañado del abandono de la periferia, por eso es doblemente terrible, no se han planteado seriamente cómo encarar el tema de la urbanización”, agrega.

Obras, relocalizaciones y polémica

Luego de la inundación, el Comité de la Cuenca Hídrica Vertiente Río de La Plata Intermedia, bajo la órbita de la Autoridad del Agua (ADA) -dependiente del Ministerio de Infraestructura de la provincia-, comenzó a trabajar en propuestas de gestión integral de las inundaciones, con el acento puesto en los aspectos vinculados al ordenamiento territorial y a la restauración de la cuenca del Arroyo del Gato con medidas estructurales y no estructurales. Desde la Comisión de Asesoramiento Técnico (COPAT) del Comité se planteó la necesidad urgente de un protocolo de emergencia regional y un plan de contingencia -actualmente inexistente-, además de la elaboración de mapas de riesgo hídrico socio - ambiental - sanitario - tecnológico de vulnerabilidad social y de evacuación.

Se propone además, la instrumentación de un sistema de medición y de alerta temprana y medidas a corto plazo, como un plan maestro regional de obras hidráulicas, y otras a largo plazo, como la elaboración de un programa regional de ordenamiento territorial desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental.

Paralelamente al trabajo del Comité de Cuenca, el Ministerio de Infraestructura de la provincia está coordinando obras de limpieza y ensanchamiento de arroyos en el marco del Proyecto Estructural de Obras Hidráulicas para la Región Capital, impulsado por el gobierno provincial con el objetivo de ampliar la capacidad de drenado de las principales cuencas de la región. La primera a intervenir es la del Arroyo del Gato, cuya superficie es de aproximadamente 98 km2.
“El proyecto de hidráulica, está hecho en etapas e implica fundamentalmente el ensanchamiento de los márgenes de los arroyos Del Gato y Maldonado; pero estructuralmente la obra  más importante es la del arroyo Del Gato. En función de eso hay que relocalizar viviendas que están asentadas en las márgenes”, expresa el arquitecto Sergio Resa, Director de Estudios y Proyectos del Instituto de la Vivienda, del Ministerio de Infraestructura de la Provincia.

Tal como manifiesta Resa, además de las obras hidráulicas, se prevé la construcción de 120 viviendas para llevar adelante la relocalización de las familias que viven en los márgenes del arroyo, con financiamiento del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FonPlata) y del gobierno nacional.

En relación a la relocalización de las familias, desde el Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires, Mirta Rivero,  manifiesta: “Es fundamental que lo hagan, aunque se abre otro debate, sobre la ocupación de tierras, es decir ‘ a donde los vamos a mandar ’. No hay duda que nadie puede ni debe vivir al lado del arroyo, esto representa un riesgo enorme, pero lo fue también antes de esta inundación”. Rivero, resalta que resulta imprescindible que se trabaje sobre el plan de obra relocalizando familias, pero teniendo en cuenta cuáles serán las condiciones reales de la infraestructura mínima.

Con respecto a los fondos para la construcción de las viviendas, el Arquitecto Resa agrega que el monto de dicha obra, financiada por FonPlata, es de 78 millones de pesos. “FonPlata, es un fondo internacional para los accesos a los puertos, que puso a disposición dinero para esta obra, entendiendo que si se inunda La Plata, también perjudica los accesos al puerto de La Plata. Se hizo una licitación intencional, se preadjudicó y ahora las obras están por iniciar. Se trata del relleno de tierras para 325 viviendas y la construcción e infraestructuras para 120 viviendas. O sea se hizo ensanchamiento de todo el terreno y se construyen 120 viviendas. Después pedimos otras 110 viviendas al Estado nacional”.

Al mismo tiempo, desde el municipio, se comunicó a través de un informe de gestión sobre el plan de obras hidráulicas a un año de la inundación, que se pusieron en marcha obras complementarias tales como nueve puentes sobre el arroyo Pérez, desaguaderos y cámaras de inspección.

Un relevamiento hecho “a pulmón”

El Colegio de Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires presentó en octubre del 2013, un relevamiento socio - sanitario realizado por más de 1500 personas entre las que participaron profesionales, estudiantes, docentes y vecinos. Este informe fue el resultado de un trabajo llevado a cabo durante los seis meses posteriores a la tragedia.

El Colegio ya había participado junto a la organización Médicos del Mundo -una asociación independiente que trabaja sobre el derecho a la salud- en el plan de acción de la provincia de Santa Fe, cuando en el 2003 sufrió un temporal de similar magnitud. Por este motivo, varios integrantes de la institución tenían conocimiento sobre cómo actuar en una situación de crisis de estas características. “Sabíamos que lo que sobrevenía a la inundación eran cuestiones sobre cómo reducir la mayor cantidad de riego por los posibles contagios de enfermedades de fácil propagación; la necesidad de un plan de vacunación organizado, el acceso a la información para la población acerca de cómo remover los basurales, es decir, cómo manejarse en situación de emergencia”, expresa Mirta Rivero, actual Consejera del Colegio.

El día siguiente a la catástrofe, un grupo organizado se puso a disposición de la comunidad; en principio, la intención fue adaptarse a las necesidades del comité de crisis que debía organizarse desde el gobierno municipal. “Como este comité nunca existió, fuimos a una mesa colectiva que convocaron desde la intendencia, pero no estaban presentes las autoridades municipales; los que estábamos allí trabajando en tres mesas pertenecíamos a distintas organizaciones políticas, gremiales, la sociedad civil y los colegios profesionales. Esto hizo que provocáramos nosotros mismos una mesa de los Colegios, desde farmacéuticos, médicos, abogados, ingenieros”, recuerda Rivero.

Luego de un acercamiento fallido con el Consejo Social de la Universidad, el grupo de trabajo acordó con el Ministerio de Salud la realización de un relevamiento socio - sanitario que luego fuera útil para planificar una política pública específica. Por ende, este  trabajo comenzó con un mapeo de la ciudad, donde relevaron 3.300 viviendas, de 27 barrios afectados en la región de La Plata, Berisso y Ensenada.

Durante cuatro meses, el equipo trabajó intensamente en grupos que fueron a los barrios a tomar muestras del impacto de la inundación. “Empezábamos por la de la esquina y entrevistábamos a una familia por medio, con un cuestionario que ponía en observación la modalidad de evacuación, hasta donde había llegado el agua, qué bienes habían quedado irrecuperables y si había herramientas de trabajo, porque la forma de recuperación de la familia es distinta si perdió su medio de subsistencia”, explica Rivero.

Conocer esta información permitió adentrase en la realidad de la comunidad, ya que para planificar una política pública se debe partir de las condiciones territoriales, sociales y ambientales. Estos datos resultan necesarios para pensar un mapa de evacuación, saber cómo viven las familias, cuál es la infraestructura del barrio, qué porcentaje de hombres, mujeres y niños hay en cada manzana y si poseen cloacas o no. “Nosotros preguntábamos si recordaban las veces que se inundaron y ahí detectamos que hay barrios que históricamente se inundan, pero hasta el 2 de abril eso no era un problema social, ni un tema para la vida pública de la ciudad”, agrega. Estas referencias revelan la desigualdad que existe en términos de infraestructura para contener a la población.

La realidad es que la situación de la comunidad puede ser diferente, es posible trabajar para mermar y disminuir las desventajas, así como hay ciudades que viven con alertas de tornados o pueblos que nacieron en las laderas de un volcán, y sus habitantes están culturalmente preparados para reaccionar ante cualquier catástrofe, en una ciudad inundable como es La Plata, también se deben tomar los recaudos necesarios. “Lo ideal sería que si viene una tormenta y una persona está en una esquina sin saber para donde ir, haya una alerta -una marca en la pared- que sirva para orientarla hacia donde baja el agua”, sostiene Rivero.

En este sentido, se abrió un debate sobre qué hacer con toda esta información recopilada. “No se utiliza para planificar a largo plazo porque afectaría al mercado inmobiliario. Hay que tomar una decisión política fuerte, donde se privilegie la vida por sobre los intereses económicos”, concluye la trabajadora social.

El 2 de abril significó un punto de quiebre en el imaginario social, no sólo por las grandes pérdidas humanas, simbólicas y materiales que dejó, sino también por el sentido de pertenencia y solidaridad que gestó en la comunidad. El agua dejó huellas que no se olvidan, pero que sirven para abrir un nuevo mapa de análisis sobre las problemáticas actuales de la región.

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