Maria José y Natalia. // LAURA LEÓN
Por Joaquín Fernández
Natalia estudia Educación Primaria en el colegio concertado Buen Pastor de Sevilla. Para poder entender al profesor necesita un intérprete de lengua de signos. Un profesional que durante todo el curso escolar costean sus padres. “Nos dicen que la educación es gratuita y universal, mi hija tiene ese derecho, sí, pero su educación se la pago yo”, afirma María José Abad, su madre. La familia paga unos mil euros mensuales al tutor para que pueda seguir las clases como cualquier otro niño.
La Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla, preguntada por este medio, considera que Natalia cuenta con los recursos que le corresponden según marca la legislación vigente. “Es el propio centro educativo el encargado de gestionar la dotación económica que se le asigna por parte de la administración pública para atender a los alumnos”, afirma.
El director del colegio Buen Pastor, Javier Egea, explica que con la dotación sólo pagan un logopeda y un profesor de educación especial “muy pocas horas” para atender a los 17 alumnos con discapacidad matriculados en el centro. El dato sobre la cantidad específica -de dinero público- que recibe el centro no ha sido facilitado por la Delegación de Educación, a pesar de las reiteraciones de andalucesdiario.es. “Ese dato no se facilita”, sostiene la responsable de prensa.
Natalia recibe atención especializada, “pero una hora al día, y hay días que ni eso”, añade la madre. “Se le atiende y refuerza en algunas áreas, pero hay veces que no, es imposible”. “Sin ese cotutor que pagamos dentro del aula”, puntualiza María José, “el resto de las horas no podría seguir la clase, estaría con los demás niños sin enterarse de nada”.
El director es consciente de que Natalia necesita un intérprete y confirma que es la propia madre la que lo paga. “Hemos realizado la petición a la administración para que aumenten los recursos y subvencionen el intérprete”, pero las exigencias no se han atendido a pesar de la necesidad, asegura el director.
La madre de Natalia se ha dirigido en varias ocasiones al Defensor del Pueblo Andaluz para exponerle su caso. En la misiva que acaba de recibir, desde el organismo andaluz se explica que solicitan información a la Delegación desde 2013. “Pese al tiempo transcurrido y los reiterados realizados, no hemos recibido respuesta a dicha petición”, atestiguan.
Por ello, el Defensor ha dado un ultimátum a la administración provincial, y en el caso de que no recibiese contestación a la petición en el plazo de diez días, se expone en la carta, la falta de colaboración “podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora de sus funciones haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial, en su caso, al Parlamento de Andalucía”.
En la Educación Secundaria Obligatoria y en la post obligatoria el intérprete de lengua de signos sí está presente en todas las horas de clase. “¿Pero para qué sirve?”, se pregunta María José. “Si no le han enseñado en primaria, en secundaria el alumno sólo verá a alguien mover las manos”. María José se ha dirigido personalmente al delegado de Educación: “Me dijo que me daría una respuesta, pero hasta este momento lo único que me han dicho es que soy una persona muy persistente”.
PETICIÓN DE FIRMAS
La familia de Natalia, a través de la Asociación Cultural por la Integración Sordo Oyente (ACISO), que preside su madre, también ha abierto una petición de recogida de firmas en charge.org, para la sensibilización y concienciación en el ámbito de la discapacidad auditiva, en la que se exige un trato igualitario y la integración en las aulas. Actualmente la petición supera las 700 firmas.
La familia aclara que lo único que pretenden es que “tal como marca la ley” se le facilite a los niños con discapacidad auditiva la integración y se le pongan los medios de apoyo suficientes para el acceso a ese derecho. “Lo único que pedimos es la igualdad de condiciones con respecto a los demás alumnos. No pido favores, sino el derecho de mi hija a una educación digna”, reclama María José. Al no tener esta educación, “en un futuro no tendrán los mismos derechos para un trabajo, por ejemplo”.
En Andalucía existen actualmente 900 centros ordinarios de integración preferente de alumnado con problemas de audición, centros en los que el alumnado con discapacidad, integrado en aulas con niños sin discapacidad, reciben apoyo educativo para necesidades específicas. Un avance que ha reducido, como afirma la Consejería de Educación, la matriculación en centros de educación especial, en pro de la integración en estos centros ordinarios. “Se supone que hay centros preferentes para personas sordas, pero eso, se supone. Tienen recursos insuficientes”, apostilla María José Abad.
Las familias pueden acceder a una serie de ayudas económicas que la Junta de Andalucía concede anualmente, pero la de Natalia no cumple los requisitos para beneficiarse de ellas: “Me han llegado a decir que venda mi vivienda para que le facilite la educación a mi hija”, denuncia. Natalia tiene 9 años, está en cuarto de primaria. Desde primero de Educación Infantil su madre lucha por sus derechos. “Natalia es bilingüe porque ha tenido la suerte de nacer en el seno familiar que habla lengua de signos y que le puede pagar un tutor, pero hay personas que no”, reconoce María José. “Sin ese tutor ¿qué haría mi hija?”.
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