Ante el desalojo en Cerro Negro, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se garantice el derecho a la protesta.

El pasado viernes, representantes de organismos de Derechos Humanos, personalidades, legisladores y organizaciones sociales y políticas presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Defensoría General de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, una solicitud para que cesen los casos de criminalización de la protesta social; muchos de ellos, ligados a conflictos territoriales y ambientales.

Entre otras personalidades, el escrito fue suscripto por Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y titular del Servicio de Paz y Justicia SERPAJ; el ex gobernador Hermes Binner, Presidente del Partido Socialista; los diputados y diputadas nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Victoria Donda Pérez, (Libres del Sur - FAP), Roy Cortina (Partido Socialista - FAP), Omar Duclós (GEN - FAP); el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Pablo Bergel (Proyecto Sur), Maristella Svampa; Andrés Carrasco, Investigador del Conicet; Laura Gonzáles Velasco, del Movimiento Libres del Sur y el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires junto a las organizaciones Colectivo por la Igualdad, Amigos de la Tierra, Socialismo Libertario, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA); Colectivo Tinta Verde, Espacio Chico Mendes; MTL - Rebelde, entre otras.

Recordamos que, desde el 9 de julio pasado, distintas asambleas de las provincias del norte iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras en la intersección de las Rutas Nacionales 60 y 40 en Catamarca, cuando el pasado viernes, la fiscal de Tinogasta, Silvia Vázquez, logró la orden de desalojo de un juez provincial, aún tratándose de una ruta nacional, y en horas de la tarde, personal de Infantería con la presencia de una patota “pro minera” les impidió continuar con la medida.

Según informaron, el pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que recientemente se pronunció a favor de la Ley de Glaciares, consiste en "tutelar y proteger los derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza".