José Luis Orellana vive en San Miguel Oeste, es sordo de un oído, tiene problemas coronarios y un retraso madurativo que le fue diagnosticado a los 15 años; es decir, una multidiscapacidad que lo hace más vulnerable frente a las garras policiales. La fotografía es más que elocuente…
Como es habitual en muchas personas en su condición, no sabe leer ni escribir y provenir de una zona pobre, incrementa aún más su vulnerabilidad.
Según informó la Comisión Antirrepresiva del Oeste, fue detenido el 24 de mayo del año pasado bajo la acusación de haber asesinado a un custodio de un supermercado chino en un intento de robo. Sin embargo, afirmaron, Orellana no estaba en el lugar y el arma con la cual supuestamente se disparó contra el efectivo jamás apareció.
No es extraño que ello ocurra. Discapacidad y pobreza se conjugan, en este caso, para que la policía encuentre el "culpable" para demostrar eficacia y eficiencia. Mario Gago, de la Comisaría Tercera de San Miguel, fue quien detuvo a José Luis, actualmente en el penal de Mercedes luego de pasar un mes en la Comisaría y un período en el penal de Olmos según informó la familia.
La causa está caratulada como "Robo calificado por el uso de arma de fuego en concurso real con Homicidio criminis causa" y está radicada en la UFI Nº 19 de Malvinas Argentinas, siendo su titular, el Dr. Diego Marcelo Guida, mientras que el Dr. Mariano Andrés Porto es el Juez de Garantías y la Secretaria Actuante, la Dra. Mónica Lo Presti.
La defensa del joven está a cargo de la Defensoría Oficial de Malvinas Argentinas, cuya titular es la Dra. Mariana Kodric y la Auxiliar, la Dra. Alejandra Vázquez, quien siempre fue la que atendió a la familia.
Las irregularidades
La detención del joven fue entre las 12.30 y 12.45 de ese 24 de mayo, a una cuadra y media de la casa de la abuela de la novia, a las tres o cuatro horas después de ocurrido el hecho por el cual lo acusaron y como bien denuncia su familia, "fue por portación de cara ya que el no tenía armas ni dinero, estaba con su novia". Nada nuevo bajo el sol, ya es costumbre para las policías bravas provinciales que ser joven, pobre y tener una cara que no coincida con la aceptada socialmente es un delincuente...
Según informó la familia, a través de la Comisión Antirrepresiva del Oeste, las irregularidades comienzan en la misma dependencia policial. Le hacen firmar un papel, diciéndole que va a salir aunque, como dijimos al principio de esta nota, no sepa leer ni escribir y aunque quiso declarar su verdad, porque no tenía nada que ocultar, tampoco lo dejaron. Ya estaba sellada su suerte...
Al comienzo de esta causa, ya está viciada de nulidad por cuanto los mismos policías no se dieron cuenta de su analfabetismo y su condición de persona con discapacidad, tenga o no un certificado que así lo demuestre, porque si no escucha de un oído y no comprende lo que le están diciendo, debido a sus propias patologías, no cabe duda que se aprovecharon de su vulnerabilidad porque tampoco fue revisado por médico alguno para verificar su estado de salud.
Pero ello no obstó para que fuese responsabilizado por el homicidio, mientras que los chinos que son dueños del supermercado lo señalaron durante una rueda de reconocimiento. Y ya sabemos lo que pasa en dicho procedimiento: generalmente, la elección es inducida por los efectivos policiales...
La familia de Orellana, según informó la Comisión Antirrepresiva del Oeste, "sabe quien fue el autor del hecho, incluso mostraron dos hojas con firmas de vecinos apoyándolo y dispuestos a atestiguar porque conocen al asesino y escucharon de su propia boca (y de familiares y amigos) que ' cayó un perejil '...", mientras que la mujer del custodio asesinado se acercó a ellos para decirles que sabia que no había sido José Luis y que el verdadero autor del hecho estaba en libertad pero cuando lo iba a denunciar a la policía no la dejaron, según adujeron, porque "la causa estaba cerrada".
Y esto último tampoco es nuevo, porque estas irregularidades durante la detención saldrían a la luz de una verdadera investigación judicial que, hasta ahora, solamente se limitó a convalidar la instrucción en sede policial.
En suma, discapacidad y pobreza se aúnan con una policía y una justicia que solamente busca un responsable para cubrir sus apariencias, al igual que en la causa Gómez - Romero y la de las hermanas Jara, mientras un joven inocente sigue alojado en una cárcel...
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