Discusión salarial y marco económico

 

Por Julio C. Gambina

Empezó la paritaria docente con diferencias entre las propias organizaciones sindicales, y entre ellas y las posibilidades que surgen de la oferta del gobierno. Entre los gremios las demandas oscilan entre 42 y 61 %, con mínimos que varían de 4.800 a 5.500 mensuales. La oferta del gobierno nacional alcanza al 22 % en tres cuotas, muy lejos del reclamo sindical, aunque señala que es un piso para negociar luego en cada provincia, en definitiva, los responsables del pago de salarios.

Como sabemos es una negociación testigo, que habilita el camino de otras a sucederse en el próximo tiempo.

La preocupación de docentes y de otros trabajadores y sindicalistas es la ecuación entre evolución futura de los precios y capacidad de compra de los ingresos de los trabajadores.

Para el gobierno, la problemática es el conjunto de la economía y la necesidad de bajar expectativas de diferentes actores económicos. La duda es si puede disciplinar a empresarios en su estrategia de contener precios y lo mismo en su intención de contener demanda salarial.

La discusión es quién termina siendo la variable de ajuste, si la ganancia o el salario, dicho en momentos donde el Banco Central informa de una ganancia de los bancos en 2013 cercana a los 30.000 millones de pesos, superior a los años anteriores, en que la banca mostró balances superavitarios por encima de otros sectores económicos.

En el orden capitalista es conocido el resultado en la disputa entre salarios y ganancias, por eso la posibilidad de conflictividad, que para los docentes supone incertidumbre sobre el inicio de las clases.
Pero más allá de las paritarias, el gobierno considera diversas variables económicas que condicionan la economía y la política.

Precios y equilibrios fiscales y comerciales

Desde el gobierno, una vez reconocido un incremento de precios para enero del 3,7 % y una proyección no muy diferente para febrero, se esfuerzan por contener la escalada y acuden a conversaciones múltiples.

Por un lado se intenta contener el alza de precios, con encuentros diversos con los principales formadores, especialmente en el sector comercial. La situación de precios es muy diversa por cierto y es difícil anticipar el resultado concreto, algo que se conocerá con la difusión del INDEC para un segundo mes y poder proyectar a futuro. Existe preocupación por la inflación, cuestión soslayada desde los datos oficiales hasta el registro del INDEC de enero.

En otro plano, se dispuso desde la AFIP un registro on-line de las existencias de granos (cereales y oleaginosas), con el intento de conocer la capacidad almacenada y poder actuar en casos de desabastecimiento o sospechas de acciones especulativas. Estos datos estaban en la Junta de Granos, que en aras de la liberalización de los noventa se cerró. La medida molesta a los adeptos de la liberalización y defensores del libre juego del mercado. La necesidad gubernamental de divisas empuja acciones para inducir a los acopiadores en campo, o en plantas, a liquidar existencias. El centro del tema es la cuestión fiscal (necesidad de recaudar) y comercial (exportar para mejorar el saldo comercial), para cerrar brechas externas que preocupan a las autoridades.

Necesidad de dólares e inversores

Respecto de esas brechas externas, preocupa como termine la cuestión judicial en EE. UU. relativa a los fondos buitres, que si bien alcanza a 1.300 millones de dólares, tiene impacto en una cifra mayor y pone en riesgo el conjunto de la estrategia de negociación y canje. Supone ello un horizonte complejo y nos devuelve la imagen del cáncer de la deuda pública, una cuestión que condiciona la economía presente y futura.

Con Repsol parece que se allana el camino de la compensación a cambio de salvaguardas de cobro demandadas por la transnacional expropiada. Es un tema crucial para atraer otros inversores externos, que privilegian la seguridad jurídica de reembolso de sus aportes. Atrás quedaron las declaraciones altisonantes de que la petrolera española debía compensar a la Argentina. El arreglo supone mayor endeudamiento a tasas elevadas.

Cancelar deudas y arreglar conflictos con acreedores diversos exige saldar las cuentas externas y por eso la preocupación por sostener el superávit o por lo menos niveles equilibrados de la balanza comercial y las cuentas fiscales.

En ese marco, los docentes y otros trabajadores discuten sus actualizaciones de ingresos y anticipan tiempos de conflicto, con un paro nacional convocado por la CTA, establecido para el 12 de marzo, ya iniciado el calendario escolar.

Es una situación de muchas incertidumbres y con actores económicos que demandan por intereses contradictorios, lo que supone lucha y confrontación de intereses. Es una disputa económica y política, estando en el trasfondo la cuestión del poder.

Fuente: Blog del autor