Camino a una nueva frustración (La Nación)

Por

Laura Ginsberg

y

Pablo Gitter

En las pocas semanas que lleva en el poder, el gobierno nacional se empeñó en confirmar las teorías de sociólogos y especialistas en ciencias políticas: no bien asume, cada gobierno declara que se propone fundar un nuevo país. Sin embargo, las políticas de Estado suelen ser el punto de continuidad entre quienes gobernaron hasta ayer y quienes lo harán a partir de hoy. Cuando esto sucede, las huellas del pasado terminan por imponerse a cualquier promesa de un futuro diferente.

En su primer mes, el gobierno de Macri produjo una serie de medidas y anuncios relativos al tema del atentado contra la AMIA que cuestionan su vocación de cambio. Fueron desde medidas administrativas, como "revivir" y elevar al rango de secretaría a la vieja Unidad de Investigaciones AMIA, hasta anuncios políticos, como reconocer la inconstitucionalidad del Memorándum de Entendimiento con Irán, prometer un futuro proyecto de ley de juicio en ausencia contra los iraníes y, al mismo tiempo, promover su juicio en un tercer país.

Pero ninguna de estas iniciativas está vinculada al esclarecimiento de la masacre de la AMIA ni es novedosa, lo que revela la falta de una política gubernamental para terminar con la impunidad que el Estado organizó durante casi 22 años.

La caída del memorándum es el sello que certificó el fracaso del Estado nacional para resolver el tema AMIA, al subordinar la investigación y el esclarecimiento del crimen a las necesidades de las grandes potencias de lograr un acuerdo con Irán. Macri desistió del instrumento de esa política (el memorándum), pero se niega a aceptar aquello que los camaristas reconocieron en su fallo: la importancia de constituir "una comisión por la verdad que atienda el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener el reconocimiento oficial".

El anuncio de que enviarán al Congreso un proyecto de ley de "juicio en ausencia" no resuelve la frustración por la falta de investigación y esclarecimiento. Es una decisión de gobierno que hace propia la exigencia de la DAIA y la AMIA y del Estado de Israel que los mismos integrantes de Cambiemos ya habían rechazado cuando eran oposición.

No se trata de un juicio, sino de una simulación para imponer condenas en ausencia de acusados, de testigos y de pruebas. Su objeto no es lograr verdad y justicia, sino cerrar definitivamente el tema del atentado contra la AMIA con una decisión administrativa.

Hasta el juez de la causa lo rechazó: "Me parece un dislate... No le veo practicidad como no sea seguir vendiendo espejitos de colores", dijo. Por otra parte, considerar la posibilidad de juzgar a los sospechosos en un tercer país tampoco es una propuesta de cambio. Supone retomar en un escenario internacional diferente -ahora asociado a Irán- la ya fracasada persecución que la Cancillería comenzó en 2003 y que Interpol dará de baja próximamente.

El Gobierno retoma y combina las viejas propuestas de juicios en ausencia y juicios en un tercer país para presentarlas como novedosas. Estas recetas sólo pueden pensarse como complementarias en el marco de un chantaje infantil: condenar a los iraníes en "ausencia" para luego negociar/forzar a Irán a aceptar un "juicio" en otro país.

Es la crónica de una repetición, del fracaso ya vivido. Lejano y ajeno a la verdad, después de 22 años de impunidad.

En vísperas del primer aniversario de la muerte de Nisman, los anuncios están atravesados por la denuncia del fiscal y la declarada necesidad de esclarecer su muerte, pero no muestran una propuesta concreta para explicar tanto este caso como el del atentado contra la AMIA.

Para esclarecer el atentado y terminar con la impunidad hay que cambiar de política. La política de Estado en esta materia se mostró inmutable de gobierno en gobierno: se hizo lo indecible para no investigar las responsabilidades del Estado nacional y mantener cerrados los archivos secretos.

El gobierno de Macri se prepara para dejar atrás el compromiso asumido en la audiencia pública por el Consenso Parlamentario hace unos meses. Allí, diputados y senadores hoy oficialistas y aliados se comprometieron a impulsar el proyecto de ley presentado por APEMIA para "la creación de una comisión investigadora en el ámbito del Congreso de la Nación, integrada por personalidades independientes con reconocido prestigio social y representantes de las víctimas del atentado contra la AMIA. El objeto de la comisión debe ser el esclarecimiento integral del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA; en particular, las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales e internacionales que hicieron posible el atentado y que hoy, con la muerte del fiscal Nisman, revelan la matriz de complicidades y encubrimientos que sobreviven en el Estado".

Una comisión investigadora independiente con acceso irrestricto a todos los archivos secretos es el único proyecto de ley concreto y una vía que el Estado argentino se niega a transitar, mientras propone otras ya fracasadas hace décadas.

¿Cumplirá este gobierno con la promesa de campaña de escuchar todas las voces y de considerar todas las propuestas?

Fundar un nuevo país sobre la base de propuestas viejas y frustradas habla más de la continuidad que del cambio. Si el tan publicitado cambio no es genuino, vamos camino a una nueva frustración.