Deuda pública y ajuste salarial

Por el Lic. Héctor Giuliano (*)

La deuda pública es el condicionante total y absoluto de todo lo que acontece en la Argentina en materia financiera, económica y política. Esta deuda está directamente relacionada con la política monetaria, cambiaria y bancaria del país y produce hoy un triple desequilibrio financiero:

1. Desequilibrio por sobre-emisión monetaria para compra de divisas que se utilizan para el pago de deuda externa, para los pagos / refinanciaciones de deuda general en pesos y para el pago de los intereses que se devengan tanto por deuda del Tesoro como por deuda cuasi-fiscal de Lebac / Nobac del Banco Central (BCRA), letras que son usadas en forma creciente para esterilizar el dinero emitido y a un costo superior al 30 % anual.

2. Desequilibrio por retraso cambiario relativo -por devaluación menor que la inflación- para poder pagar servicios en moneda extranjera frente a la recaudación fiscal en pesos; lo que lleva a crisis cíclicas por retrasos acumulados del tipo de cambio y posteriores macro - devaluaciones, con traslado a precios y consiguiente inflación.

3. Desequilibrio por ganancias financiero - bancarias extraordinarias, como producto de las altas tasas de interés de mercado -cuyo piso fija el BCRA- y de la magnitud de préstamos caros al Estado por parte de los grandes bancos locales (un tercio de su cartera).

Frente a esta crisis de deuda los gobiernos reaccionan aumentando la presión tributaria, incrementando la emisión de dinero sin respaldo en el crecimiento económico y tomando más deuda pública, interna y externa.

Es la trampa de deuda perpetua que arrastra el Estado Argentino -una crisis de deuda permanente por insolvencia y por iliquidez, agravada con la toma sistemática de obligaciones sin capacidad de repago- y que produce un desequilibrio estructural en las finanzas públicas y en la economía nacional.

Desde la época del Proceso Militar hasta la fecha, todos los gobiernos -cualesquiera sean sus discursos y sus políticas declaradas- han venido cumpliendo un mismo esquema básico de ciclos financieros de deuda y re-endeudamiento:

1. Generación primaria y posterior reconocimiento de las deudas heredadas -sin cuestionamiento por ilegitimidad de origen- toma de deuda nueva y aumento consiguiente del stock de la deuda y del pago de sus intereses; incrementándose ambos en forma permanente porque la totalidad del capital o principal de las obligaciones se refinancia íntegramente al vencimiento y además se toma más deuda.

2. Estos servicios financieros conllevan un aumento directo del gasto público por intereses, comisiones y erogaciones varias ligadas a las constantes colocaciones de deuda; pero sobre todo un incremento indirecto, debido a los condicionamientos colaterales citados del sistema de la deuda.

3. La atención de este problema motiva entonces políticas de ajuste fiscal vía aumento de la presión tributaria para obtener más recursos, incremento de la emisión monetaria para comprar divisas que se usan para el pago de la deuda externa, retraso cambiario para poder pagar servicios en moneda extranjera, aumento de las tasas de interés de mercado por parte del Banco Central (BCRA) para retirar parte del circulante emitido y atraer capitales especulativos externos, presión inflacionaria interna por exceso de la emisión de dinero y por descontrol de los aumentos en el mercado, inflación por aumento de precios y tarifas de servicios públicos, licuación de los gastos en pesos reexpresados en otras monedas -incluyendo muy especialmente salarios y jubilaciones- y toma de más deuda para cubrir el déficit fiscal creciente, derivado precisamente de tales políticas de gobierno condicionadas por el sistema de endeudamiento perpetuo.

Estos procesos tienen carácter cíclico y se dan con la funcionalidad de los cambios en la gestión de administraciones propias y/o sucesivas que siempre terminan en nuevas crisis por impago -con periódicas reestructuraciones de deuda- en explosión final de los corsé cambiarios vía macro - devaluaciones correctivas y en procesos de ajuste para cubrir o atenuar los efectos de tales devaluaciones y del déficit fiscal consiguiente.

Los gobiernos de turno aplican con este objeto políticas de ajuste -formales o encubiertas- para poder sostener el sistema de la deuda; y el salario es la principal variable de ajuste dentro de este esquema.

Ello es así porque alguien tiene que cargar con el costo financiero del ajuste -ya que estos duros cambios no son financieramente neutros- y los sectores más vulnerables, por lógica, son los de ingresos fijos (fundamentalmente asalariados y jubilados).

Mientras los sectores financiero - bancarios se benefician con el aumento de las tasas de interés y todas las combinaciones especulativas posibles de arbitraje entre tipos de cambio y tasas de interés; y mientras los sectores empresarios se cubren con aumentos generalizados de precios de bienes / servicios y colocaciones financieras de corto plazo, los sectores de ingresos fijos sufren a pleno el impacto de las desactualizaciones salariales.

La inflación -siempre tan denostada en los discursos económico - financieros y políticos- es, sin embargo, el instrumento básico para que este procedimiento de redistribución de ingresos a nivel masivo y este mecanismo de sostén de los costos inmediatos de las transiciones dentro de las crisis de deuda, se lleven a cabo.

Todo es siempre más tolerable o resignadamente aceptable en medio de crisis o circunstancias de excepción, sobre todo cuando se aducen problemas heredados.

Y así también ahora, con la nueva administración Macri -y con la sempiterna excusa de la pesada herencia recibida- se vuelve a la carga con los mismos argumentos y con la misma batería clásica de medidas que se sostienen, todas ellas, en la toma de más deuda pública y en la transición con ajuste.

La clave para sostener el costo de esta transición luego de la macro - devaluación de diciembre es el desfase financiero de los salarios reales:

1. La inflación carcome el poder adquisitivo de los sectores de ingresos fijos día a día mientras que los aumentos entran a regir muy a posteriori de estas realidades y en forma escalonada.

2. El gobierno Macri gana tiempo tratando de demorar las negociaciones paritarias hasta marzo -una forma de pasar el verano- previendo el desgaste de las discusiones entre sindicatos y cámaras empresarias sin que el Estado intervenga en las mismas y sin que se hable ya de la concertación económico - social anunciada para mediados de enero.

3. Tampoco se menciona con mucha seguridad la idea oficial de retrotraer los precios al 30/11 -fecha aproximada de los grandes y generalizados aumentos producidos entre noviembre y principios de diciembre (que es una variante que las empresas rechazan de plano)- y sólo se prevé una versión modificada del programa de Precios Cuidados hasta mayo próximo.

4. En este marco, la administración Macri postula la clásica receta de negociaciones salariales sobre la base de inflación futura proyectada (entre 20 - 25 %) y no sobre recupero de la inflación pasada (que se estima entre 28 - 30 %).

5. La declaración de emergencia estadística del INDEC contribuye a confundir el marco de las discusiones y el punto de referencia de las mismas.

6. Como argumento de disuasión contra los sindicatos se blande la carta extorsiva de la recesión -una recesión provocada por la crisis financiera de deuda, no por la economía real- y del desempleo.

7. Y paralelamente las autoridades juegan la sugerencia de que los sindicatos atenúen sus exigencias a cambio de mayores pagos parciales y conversión en bonos de la deuda pública sobre los atrasos de pagos a sus obras sociales.

Varias acciones complementarias acentúan este desfase financiero negativo para los salarios reales, empezando por la demora en tratar el aumento del Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias y la omisión de actualizar también el MNI del impuesto a los Bienes Personales.

Mientras tanto -alta inflación mediante- el gobierno mantiene (como ya lo venía haciendo la administración Kirchner) sus elevados ingresos fiscales por gravámenes al consumo (con el IVA a la cabeza, que es un impuesto regresivo), con el mantenimiento indefinido del impuesto provisorio al cheque y con la carga adicional que representan los revalúos de bienes durables (impuestos inmobiliarios provinciales, tasas de servicios generales municipales y el citado impuesto nacional sobre bienes personales).

Amén de la amplificación que los aumentos de precios / tarifas de servicios públicos tienen por el alto componente impositivo de las facturas respectivas.

Todo este costo financiero del desfase de los salarios reales -derivado del traslado a precios de la macro - devaluación de diciembre y de la paralela transferencia de los gastos adicionales de las empresas por aumento de las tasas de interés- se realiza a través de un proceso inflacionario que no perjudica sino que favorece a los sectores empresarios, financiero - bancarios y al propio Estado, que se beneficia así con una suerte de efecto Olivera - Tanzi al revés.

Es la forma clásica en que los sectores de ingresos fijos pagan el costo del ajuste encubierto que practican los gobiernos en medio de sus cíclicas crisis de deuda pública.

(*) Esta nota es complementaria y ampliatoria del artículo Deuda - Devaluación - Inflación y Cuestión Salarial, cuya lectura se recomienda para no reiterar aquí lo dicho en su momento sobre el tema.