Por Miguel Ángel Beltrán Villegas
Hace ya casi tres meses que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos comunicó, a través del Alto Comisionado de Paz, su decisión de indultar a treinta guerrilleros de las FARC - EP que se encuentran en las cárceles del país cumpliendo su pena de prisión por el delito de rebelión. Así mismo, se comprometió a adelantar “la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles, a los que serían trasladados los miembros de las FARC - EP detenidos o condenados para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar como medida de preparación para su reintegración a la vida civil”.
En dicho comunicado, fechado 22 de noviembre de 2015, el gobierno nacional expresaba su decisión de impulsar unas brigadas con el fin de examinar las condiciones de salud de 106 miembros de la FARC todavía recluidos en las cárceles y penitenciarias de todo el país. Todo lo anterior con el fin de generar medidas de construcción de confianza y preparar las condiciones para el fin del conflicto. No obstante estos pronunciamientos, al día de hoy, dichas medidas no se han hecho realidad y lejos de generar confianza hacia los gestos unilaterales de paz del gobierno, lo que han suscitado es la frustración e indignación no solo de quienes serían potencialmente cobijados en ellos, sino de todas y todos las que seguimos sometidos a un sistema penitenciario indolente e inhumano que viene aplicando lenta y progresivamente la pena de muerte a la población carcelaria.
Cabe recordar que el anuncio se produjo en el contexto de una jornada nacional de protesta de carácter pacífico que, desde el 9 de noviembre, veníamos adelantando más de 1.500 presos en diferentes centros penitenciarios con la petición única que se concediera la libertad por razones humanitarias a las y los prisioneros políticos con problemas de salud, de tercera edad, con discapacidades y mujeres o lactantes que se encuentran en situaciones inadecuadas por la vida en prisión. No fueron pocos los presos políticos que vieron, en los anunciados gestos humanitarios del gobierno, una estrategia para desactivar una jornada de protesta que ya se había extendido a nivel nacional en más de 20 cárceles del país.
Siendo uno de los voceros de esta pacifica jornada (condición que asumí en mi calidad de preso político que, sin pertenecer a organización guerrillera alguna, he sido objeto de persecución por parte del Estado por defender los derechos a la libertad de pensamiento y disentimiento), expresé en aquel momento mi complacencia y satisfacción por este anuncio gubernamental, frente a un amplio sector de la población carcelaria que veía con incredulidad y escepticismo este gesto; al mismo tiempo, que compartí la iniciativa de levantar la huelga de hambre y de este modo dar un compás de espera para la materialización de estos gestos humanitarios unilaterales, los interpreté como un justo reconocimiento a las reivindicaciones que durante lustros han venido enarbolando los presos políticos.
Aunque sería un despropósito desconocer la importancia que han tenido la recientes liberaciones de los 26 compañeros y compañeras presos políticos indultados -uno de los cuales ya había recuperado su libertad por pena cumplida-, no obstante es preciso decir que las dilaciones, desinformaciones y bloqueos burocráticos que acompañaron dicho proceso tienen un espeso manto de duda e incertidumbre frente a la verdadera voluntad política del gobierno y, como los versos del poeta Horacio, es oportuno decir que "del parto de los montes ha nacido un ridículo ratón".
Para empezar, no se ha hecho efectiva la libertad de los cuatro compañeros restantes a lo enunciado por el gobierno, a lo que se suma el grave hecho que uno de los guerrilleros indultados, Wilson Tamayo, recibió amenazas de muerte cuando se encontraba en Envigado (Antioquia) en compañía de su familia.
En lo que respecta a las concentraciones de presos políticos en patios especiales poco o nada ha realizado el gobierno, más allá de un publicitado anuncio. Muy por el contrario, en estos más de dos meses se han incrementado las agresiones contra los guerrilleros privados de la libertad, tanto por parte de los cuerpos de custodia, como por sectores de la misma población carcelaria que actúan en convivencia con los anteriores. Los dolorosos hechos acaecidos en el penal de Arauca el pasado 24 de diciembre, donde varias decenas de presos fueron gaseados y torturados con descargas eléctricas por parte de los grupos contrainsurgentes del Inpec como del CRI (Cuerpo de Reacción Inmediata) y el COREF (Cuerpo de Remisiones Especiales), así como las agresiones de que fue objeto el compañero Gonzalo Antonio García, constituyen apenas la punta del iceberg de una situación que podría generalizarse en buena parte de los centros reclusorios del país, si el gobierno no ofrece un pronto cumplimiento a su promesa de concentración de guerrilleros en patios especiales.
Aunado a lo anterior, el evidente incumplimiento del gobierno frente a las brigadas de salud no pueden seguir viéndose como episodios intranscendentes en la cadena secular de incumplimientos a que nos han acostumbrados las élites dirigentes de este país, porque está de por medio la vida de numerosos presos políticos que requieren de una atención inmediata. Por lo pronto, el guerrillero de las FARC - EP John Jairo Moreno ya no la tendrá, pues hace diez días murió en un hospital de Pereira esperando una acto de humanidad del gobierno, que ni siquiera le permitió terminar sus últimos días en compañía de su esposa y sus pequeños hijos.
Aclaro que, aunque jamás me he levantado en armas para derrocar el gobierno nacional, ni ha sido mi pretensión suprimir el régimen constitucional vigente, me une con estos hombres y mujeres que hoy se encuentran en huelga de hambre no solo las condiciones cotidianas de hacinamiento, ausencia de luz solar precaria alimentación, prohibiciones de contar con libros, espacios dignos de visita conyugal, servicios médicos óptimos y oportunos, entre otro tipo de vejámenes a que nos vemos sometidos las personas privadas de la libertad, sino también el compromiso de lucha y solidaridad con unos objetivos que, desde una perspectiva humanista, son más que justificados.
En lo personal, saludo la disposición expresada por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAP - Organización de los Estados Americanos) así como la de los funcionarios del Ministerio de Justicia, la dirección del INPEC y COMEV - Picota y Procuraduría, por allanar caminos conducentes a materializar las anunciadas brigadas de salud, sensibilizados, cierto es con la jornada de protesta pacífica que, desde mediados de enero de este año, viene realizando el ERON - Picota, y a los que a la fecha se han sumado otras cárceles del país como Combita, Buen Pastor, Heliconias, Cunduy, Acacias, Palogordo, San isidro, Jamundí, Cúcuta y Villa Hermosa.
Sin embargo, ante situaciones como las que han llevado a varios presos políticos en huelga de hambre a tomar la radical decisión de coser su boca, no puedo permanecer inmune como si se tratara de un pintoresco episodio más de la sociedad del espectáculo recreada por los medios masivos de comunicación, sino que lo asumo como un desgarrador testimonio del sentimiento de agravio e indignación de quienes han visto burladas las promesas por parte del Estado, y ven en su acción de una eminente salida a sus justas reclamaciones.
No puedo dejar tampoco de observar con angustia la dramática situación de mis compañeros de presidio; quienes, en el día a día, van arrastrando sus pesados cursores como si se tratara de verdaderos instrumentos de tortura ceñidos a sus cuerpos por orden de no sé qué tribunal de inquisición; otros, esperando que los carceleros les suministren un medicamento vital, mientras sus cuerpos agonizan cual gotas de agua de un grifo que acaba de cerrarse; y unos más, contemplando impotentes como gangrenan sus extremidades para que el cirujano solo tenga que aplicar el escalpelo para cercenar sus putrefactos vientos.
Nunca antes fueron tan reales para mí, como en las cárceles colombianas, las palabras que Dante escribió a la entrada del infierno: "Oh vosotros los que entráis abandonad toda esperanza".
Por todo lo anterior, me resulta un imperativo ético el solidarizarme con sus peticiones. No hacerlo, sería asumir una actitud menos que inconsecuente, tanto con mi propia condición de preso político, como con mi compromiso con la defensa de un pensamiento crítico que articule la teoría con la praxis transformadora.
Anuncio así que, desde hoy quince (15) de febrero de 2016, me declaro en huelga de hambre indefinida en solidaridad con las justas demandas que hacen los prisioneros políticos.
Con todo, sigo convencido que a través del diálogo, el entendimiento, el humanismo, las sociedades podrán alcanzar una vida más digna y justa. No obstante, frente a próximos gestos humanitarios del gobierno colombiano haré mías las prudentes palabras de la Laocoonte cuando trataba de disuadir a los troyanos de llevar a la ciudad el caballo de madera que ellos habían dejado en la playa: "desconfió de los griegos cuando hacen ofrendas o presentes".
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