Algunas y algunos integrantes de la Asamblea El Algarrobo están acampando en Plaza Lavalle para exigir que se resuelva el amparo judicial interpuesto contra las intenciones de contaminar esa tierra y agua que tanto aman. Hasta marcharon el pasado miércoles para que el reclamo sea visible por aquello que se dice, en el interior, que solamente "se atiende en Buenos Aires".
Pero nada sorprende en esta continuidad del kirchnerismo a manos de un PRO que, ahora, acaba de ratificar su política en materia de minería con la eliminación de las retenciones a las actividades mineras. Menos aún, lo es la morosidad judicial que conocemos: justicia para los ricos y poderosos; injusticia, para los pobres y contaminados.
Sin embargo, esta estrategia política y judicial viene desde hace mucho tiempo. Desde el menemismo a la actualidad, se fue afinando cada vez más. Primero, con la reforma del Código de Minería que les otorgó innumerables ventajas a las megamineras y que ahora recibieron la yapa del presidente Macri; luego, con la táctica del desgaste iniciada por el duhaldismo y continuado hasta el presente, se busca desarmar este tipo de protesta social mediante el simple método de ignorar su existencia con la innegable colaboración de los medios hegemónicos y a veces, como ha sucedido con el acampe de los Qom, recurriendo al Astiz de turno (1) o a las Ong's que supuestamente defienden al medioambiente que, en realidad, operan para dividir a quienes realizan la protesta social.
Pero esta lucha por el agua y por la vida no pasó desapercibida para los medios alternativos. Tampoco para nosotros que, inclusive, hemos participado de la caminata al Obelisco. Y es importante que así sea, para que no se diluya en el tiempo y se pueda cumplir el objetivo: la sentencia definitiva en el amparo interpuesto por la Asamblea El Algarrobo.
Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este fallo? y ¿cuáles son las consecuencias que se pretenden evitar? son los principales interrogantes en esta coyuntura. Ensayando una primera respuesta, podríamos decir que una sentencia a favor de la población andalgalense marcaría a fuego las intenciones de la megaminería en Catamarca y es posible que ello sea tomado como un importante antecedente en otras causas judiciales de igual índole. En caso contrario, se ratificaría la política de Estado que se viene consumando desde 1989 en desmedro del derecho al medioambiente sano establecido en nuestra Constitución Nacional. Con respecto a la segunda, recordamos lo manifestado por Brian Chayle en la entrevista (2) que le realizáramos: "no es el mismo aire", "no es la misma tierra". La contaminación del aire, del agua y la tierra es una constante en las explotaciones mineras. Basta recordar lo que afirmó el compañero andalgalense: "hay mucho cáncer" o lo que acaba de comprobarse en Jáchal, provincia de San Juan, con el niño contaminado con plomo tras el vertido de agua cianurada por la Barrick Gold. Pero no podemos olvidar que, tras una enfermedad, puede adquirirse una discapacidad que llevará tarde o temprano a la muerte. Por eso insistimos en que la megaminería y el sojalismo enferman, discapacitan y matan aunque, en general, suele omitirse la adquisición de distintos tipos de discapacidad tanto a nivel informativo como sanitario.
Ocultando las consecuencias
Las megamineras vienen trabajando sobre la difusión de los supuestos beneficios de la actividad. Y cuando alguna publicación los refuta, suelen buscar ocultarlos. Eso ha ocurrido con los manuales sobre medioambiente que habían sido impresos en el Ministerio de Educación de la Nación, los cuales no se saben donde están.
Donaciones a escuelas y otras instituciones sociales son las herramientas para cooptar la voluntad de los habitantes para obtener la consabida licencia social. Por supuesto, la conciencia ambiental de los pueblos viene impidiendo la colonización simbólica y material que se viene realizando con tal objetivo.
Pero el Estado también aporta lo suyo. Como bien aseguró Chayle (2), "no hay un médico oncólogo" en Andalgalá. ¿Casualidad? No, para nada. En todo caso es una causalidad, porque se trata de ocultar los verdaderos números de los afectados por la actividad minera y en particular, de aquellos que adquieren algún tipo de discapacidad. Y para tratarse los pacientes "deben ir a la capital" (2). Esto último tampoco es nuevo, es una estrategia del kirchnerismo que será perpetuada por el macrismo con el objeto de seguir escondiendo la realidad sanitaria en las provincias mineras.
La modalidad de esconder cifras fue inaugurada por el Dr. Jorge Manzur, actual gobernador de Tucumán y ex ministro de Salud kirchnerista, quien había ordenado que el subregistro de las muertes de niñas y niños que tenían desnutrición. Como buen alumno del Banco Mundial, al igual que el Dr. Ginés González García, ordenó que las defunciones no debían tener la desnutrición como causa mediata y solamente debía constarse la típica causal "paro cardiorespiratorio no traumático".
Esta estrategia se debe, no sólo al ocultamiento de las estadísticas reales sino a evadir las responsabilidades estatales en materia sanitaria. Es decir, constituye una flagrante violación a los Derechos Humanos; en particular, al Derecho Humano a la Salud. Cabe destacar que, más allá de las coberturas a nivel provincial de la discapacidad, el Estado Nacional también debe asegurar dicho derecho. Pero las Juntas Evaluadoras suelen estar en las ciudades capitales de cada provincia, lo cual impide obtener el Certificado Único de Discapacidad provincial o nacional a quienes tienen escasos recursos y, por supuesto, siempre que sepan acerca de la importancia de obtener este documento que les proporciona la cobertura gratuita de sus tratamientos y necesidades de acuerdo al tipo de discapacidad que adquirieron.
Esa fue la intención al instalar pequeñas salitas en los pueblos mineros. Esconder todo. Evadir responsabilidades a nivel nacional, provincial y municipal.
La lucha continúa
¿Habrá un fallo favorable?. Ello dependerá de muchas circunstancias, por cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene plazo para expedirse, por un lado y por otro, de la incorporación de los Dres. Rosatti y Rosenkrantz; éste último, integrante del Estudio Bouzat, Rosenkrantz y Asociados que tiene como clientes (3) al Grupo Clarín, Cablevisión y La Nación, entre otros, al mencionado tribunal.
No obstante, al menos por ahora, nada bueno puede esperarse. Por el momento, pareciera que no existe voluntad de expedirse hasta que se ratifique o rectifique la incorporación de los nuevos integrantes, cuyos pliegos ya ingresaron al Senado y tendrán su primera audiencia el próximo 3 de marzo. Por otra parte, no puede descartarse la existencia de presiones desde los Ejecutivos a nivel nacional y provincial en favor de las mineras para condicionar la sentencia definitiva al amparo presentado.
Solamente, la lucha contínua, sin prisa pero sin pausa, puede dar frutos porque los derechos no son una concesión graciosa del poder, se los arrancamos a él. Y en eso están quienes hoy acampan en Plaza Lavalle y los que siguen esperando en su tierra.
Ojalá que pronto podamos decir que, una vez más, se hizo justicia por el agua y por la vida en Andalgalá y en todas las provincias mineras.
NOTAS:
(1) Ver "Hubo un Astiz en el acampe Qopiwini" en http://www.laretaguardia.com.ar/2015/12/hubo-un-astiz-en-el-acampe-qopiini.html
(2) Ver "Entrevista a Brian Chayle (Asamblea El Algarrobo), sobre el acampe en Plaza Lavalle, por el Prof. Juan Carlos Sánchez"
En http://gacetillasargentinas.blogspot.com/2016/02/entrevista-brian-chayle-asamblea-el.html
(3) http://www.diariochaco.com/sites/diariochaco.com/files/uploads2/nuestros_clientes.jpeg
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