La rendición a los holdouts

Por el Lic. Héctor Giuliano

La Argentina se encuentra en vísperas de firmar una de las rendiciones financieras más grandes de su historia: la rendición ante los holdouts, los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje Kirchner - Lavagna de 2005 - 2010.

La cuestión de los holdouts fue generada, agravada en forma equívoca e irresponsable y finalmente perdida por la administración Kirchner; y traspasada así para que fuera un nuevo gobierno quien se hiciera cargo del asunto.

Y la administración sucesora Macri -cuya política institucional es gobernar con deuda pública- se muestra declaradamente urgida y ansiosa por liquidar el asunto, a un altísimo costo financiero fiscal, para volver al mercado internacional de capitales, es decir, para volver a endeudarse en gran escala en el exterior (que era el mismo objetivo buscado con el Megacanje Kirchner - Lavagna y la Hoja de Ruta Boudou 2008; y que quedó frustrado por el problema de los holdouts).

Con el gobierno Kirchner se cumplió el adagio: vivió pagando deuda -fundamentalmente deuda con terceros a costa de una impagable deuda intra-Estado (grandes pagos a acreedores privados y organismos financieros internacionales)- y murió debiendo más de lo que heredó como deuda (un total superior a los 280.000 MD -Millones de Dólares- según cifras al 30/09/2015, sin contar intereses y tomando sólo la deuda en cabeza del Estado Central).

Cumpliendo fácticamente una tarea en tándem, la deuda externa desagotada por el gobierno K sirvió funcionalmente a la sempiterna excusa -ahora del gobierno Macri- de lamentar la pesada herencia recibida (el mismo argumento de base que usaron los Kirchner y todas las administraciones anteriores) y volver a tomar más deuda que antes.

Se corrobora de este modo una regla no escrita que dice que los problemas insolubles derivados del sistema de la deuda -un mecanismo de deuda perpetua por refinanciación constante de sus vencimientos de capital- se cura siempre con más endeudamiento.

La administración K, durante su larga gestión, llevó a cabo una estrategia tan errónea como gravosa frente a los holdouts:

1. Se negó a investigar la legitimidad de las deudas reclamadas y acordó el Megacanje 2005 - 2010 para convalidar la deuda heredada que, en su gran mayoría (más del 80 % del total), correspondía al anterior Megacanje De la Rúa - Cavallo de 2001, que fue una operación delictiva y ruinosa para los intereses financieros del Estado.

2. Aceptó la jurisdicción de tribunales extranjeros -para competencia y ejecución de sentencias- y la condición de los fondos buitre (FB) aceptando los reclamos a Valor Nominal y no a Valor de Compra de los títulos reclamados.

3. Engañó a la opinión pública con el falso argumento de una quita con el Megacanje que, en realidad, era íntegramente compensada con cupones PBI, instaló -con la complicidad de la clase política mayoritaria- la falsía de un supuesto éxito de negociación que ocultaba el fracaso de dicho Megacanje, y luego proclamó el mito del des-endeudamiento público.

Todo este conjunto de falseamientos, torpezas y allanamientos K no sólo agravó la situación financiera y jurídica de la Argentina sino que dejó preparado el camino para que una nueva administración, la administración Macri -partidaria declarada de la vieja fórmula liberal de crecimiento con deuda- volviera a caballo del argumento de la herencia recibida y la necesidad de terminar de alguna manera con la cuestión de los holdouts, que bloquea su nueva política de endeudamiento externo en gran escala.

Con el agravante que, en realidad, no se trata tampoco de una terminación sino de una pseudo finalización de la cuestión -ya que el problema no son sólo los holdouts sino la deuda pública en sí misma- porque, en los hechos, acabar así con el tema FB significa que toda la deuda pública existente, más la deuda que se toma para pagar a los holdouts más la nueva deuda que se tome para financiar las obras públicas y de infraestructura va a llevar a una nueva e impagable ola de macro - endeudamiento del Estado: toda una serie de nuevas obligaciones fiscales para las que no existe la más mínima capacidad de pago demostrada.

En este contexto, los preparativos para la firma de la rendición financiera ante los holdouts conllevan varios puntos relevantes:

1. Pese a su declarada política de transparencia informativa, la administración Macri no ha suministrado todavía datos e informes concretos sobre los montos a pagar que están en juego; primero, se habló del pago al contado de 6.500 MD sobre un total de reclamos de 9.000 pero ello correspondería sólo a los juicios y reclamos de los me too alcanzados por la mediación Pollack; mientras que, ahora se reconoce la necesidad de cubrir deudas con 15.000 MD en bonos y un total general de pagos pendientes por 20.000 MD, lo que se acerca a estimaciones varias existentes sobre un monto final total a pagar entre 20 - 30.000 MD.

2. Absolutamente toda la deuda por los juicios perdidos por el Estado y los reclamos del resto de los holdouts se va a pagar con préstamos externos tomados en función de colocación de nuevos bonos cuyas características se desconocen.

3. Los condicionamientos legales del arreglo con los holdouts -impuestos por el juez Griesa y por el special master Pollack, que es el mediador designado por el juez (y que, en la práctica, es un re-estructurador de deuda)- incluyen especialmente la intervención del Congreso Argentino para comprometer su apoyo al acuerdo propuesto por el Ejecutivo.

Este último punto es particularmente importante porque se exige como requisito del acuerdo con los holdouts la derogación formal de la Ley cerrojo 26.017 y de la Ley 26.984 de Pago Soberano Local, con lo que sería la primera vez que el parlamento nacional se expida expresa y favorablemente a la convalidación de la deuda pública pese a las investigaciones en curso -expedientes virtualmente cajoneados por la Justicia Argentina- sobre su probada ilegitimidad de origen (causas Olmos I, con sentencia del juez Ballestero del año 2000, que el Congreso siempre se negó a considerar; Olmos II, Megacanje 2001 y denuncia Olmos Gaona, sobre los marcos sobre responsabilidad de los funcionarios superiores de gobierno).

Aunque los juicios en curso son formalmente independientes de las decisiones legislativas -caso reciente de la anulación del convenio Irán - AMIA por la Corte Suprema pese a estar aprobado por el Congreso- cabe suponer en cambio que, en este caso, los jueces a cargo de los expedientes respectivos, sistemáticamente renuentes a promover y/o acelerar las causas, pudieran usar el arreglo de los holdouts como argumento para darlas por terminadas.

Pero la importancia y gravedad de lo que derive de esta muy probable convalidación parlamentaria vía derogación de las dos leyes es algo más complejo todavía:

1. La Ley 26.017 o Ley Cerrojo (del 11/02/2005)- llamada así porque prohibía abrir el Megacanje (que había sido una oferta voluntaria de reestructuración de bonos y cuyos términos dieron argumento a los FB para declararse excluidos del pari passu) ya ha sido suspendida por las leyes 26.547 primero (del 10/12/2009) y la 26.886 después (del 23/09/2013), de modo que se está pidiendo la derogación de una ley que ya está suspendida por el Congreso.

2. La Ley 26.984 o Ley de Pago Soberano declaraba de interés público la reestructuración de Deuda del Megacanje 2005 - 2010 y reemplazaba al Bank of New York Mellon (BoNY) por el Banco Nación Argentina (BNA) como agente de pago a los bonistas que entraron en dicha operación; una decisión que no tuvo resultados prácticos y que resultó inoperante mientras el desacato del gobierno Kirchner ante el fallo Griesa agravaba la situación.

3. Pero la Ley 26.984 creó además la denominada Comisión Bicameral Permanente en el ámbito del Congreso Nacional para la Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación; una comisión que el oficialismo kirchnerista cuidó que no investigara nada y que, presidida por el diputado Calcagno, no elaborara siquiera su primer informe de avance (hasta diciembre del año pasado).

En función de estos datos no se entendería claramente cuál es la urgencia, importancia y objetivo concreto de poner como requisito del arreglo con los holdouts la derogación de estas dos leyes: un objetivo que ofreció el propio gobierno Macri en su propuesta del 05/02, que receptó y enfatizó el mediador Pollack y que luego fijó el juez Griesa como requisito del levantamiento de la medida cautelar de bloqueo de pagos.

Más allá de sus aspectos formales, la relevancia de este doble condicionamiento no parece ligada directamente al acuerdo ofrecido (un acuerdo cuyos términos completos y datos concretos todavía se desconoce).

En realidad, a los legisladores se los convocaría perentoriamente -el 29/02, bajo sesiones extraordinarias- no para analizar y/o discutir la propuesta de arreglo con los holdouts por parte del gobierno Macri sino sólo para derogar estas dos leyes, que constituyen uno de los requisitos que forman parte de dicho arreglo.

Por ende, los legisladores estarían votando sólo una cuota-parte de un acuerdo que desconocen: una suerte de cheque en blanco ya que su acción convalidaría el acuerdo.

El Partido de la Deuda -una estructura de poder inserta en las sucesivas administraciones de gobierno ocupada en sostener la deuda pública como principal fuente de financiamiento del Estado- avanza así, con la nueva administración Macri, hacia un nuevo escalón u oleada de macro - endeudamiento.

Es el estamento que sostiene la impunidad de las irregularidades y de los múltiples actos de corrupción incursos en el sistema de la Deuda Perpetua de la Argentina, que es un mecanismo de toma y refinanciación permanente de obligaciones sin capacidad de pago demostrada; obligaciones que son negociadas siempre en secreto y sin acceso a la información pública, manejadas vía contrataciones directas y piloteadas por funcionarios del establishment que, en muchos casos, han tenido y/o tienen conflicto de intereses con los acreedores.

Por lo tanto, ¿qué quiere en realidad el gobierno Macri cuando propone y acepta la exigencia de la derogación de las dos leyes citadas por parte del Congreso pero no da paralelamente a conocer los términos concretos ni las informaciones y documentación de apoyo sobre el acuerdo con los holdouts?

Lo que pediría entonces el gobierno Macri al Congreso es un aval por compromiso parlamentario expreso a través de la aprobación de dos piezas que son parte de un acuerdo que aún se ignora: una suerte de cheque en blanco a través del cual el Parlamento Argentino quede pegado a su maniobra secreta de acuerdo completo con los holdouts.

Sería así la primera vez que el Congreso -un congreso cuya partidocracia dominante se negó siempre a tratar el problema insoluble de la Deuda Pública Perpetua y el sistema de corrupción que lo rige- le daría el aval de impunidad soñado al Partido de la Deuda.

En materia de endeudamiento, estamos hoy frente a la inminencia de otro acto mayúsculo de servidumbre de la clase política adicta para convalidar un sistema de deuda con el que la nueva administración Macri afianzaría su política de gobernar con deuda bajo el eufemismo de reinsertar a la Argentina en el mundo: un esquema que funciona como círculo vicioso diseñado precisamente para volver a endeudarse sin capacidad de repago, como no sea tomando siempre más deuda.