Nada puede sorprender del macrismo, cuando se trata de violar la normativa vigente y los Derechos Humanos. Desde el accionar de la ex UCEP a la rescisión de contratos en forma arbitraria, la gestión macrista viene arrasando con los derechos de los trabajadores desde su asunción en 2007. Prueba de ello son los sucesivos conflictos con las y los compañeros del Teatro Colón y del programa Buenos Aires Presente. El más reciente fue el que tuvo como protagonista a Claudio Spector, coordinador de las Orquestas Infantiles y Juveniles de la Ciudad, quien fue desplazado verbalmente y luego reincorporado en un raro acatamiento a un fallo judicial, por cuanto también suele incumplir con las mandas judiciales.
En este caso, Ernesto Angel Abus, quien se desempeña como programador y analista de sistema en la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde 2009, se encontró con la negativa de las autoridades para concursar por su lugar de trabajo debido a los "absurdos tecnicismos contradictorios y el resquicio encontrado en baches legales existentes en la problemática de exilio, situaciones de clandestinidad e identidades alteradas sucedidas en épocas oscuras de nuestra historia, son excusas que esconden revanchismos y claros posicionamientos ideológicos, en el marco de un concurso paralelamente denunciado gremialmente por otras graves irregularidades", como bien cuenta en la carta recibida en este medio.
Las esquirlas de la dictadura recicladas en democracia impiden una regularización laboral a través de un concurso público a un empleado del Gobierno de la Ciudad por haber sufrido persecución y exilio político junto a su familia. El comité evaluador integrado exclusivamente por funcionarios del Gobierno de la Ciudad, aprovechando las lagunas jurídicas con respecto a los exiliados durante la dictadura, decidió que no podía concursar por dicho motivo.
Peor aún, ante los reclamos efectuados solamente recibió "comentarios soeces sobre mi país anfitrión y mi origen familiar" como también el "retiro progresivo de tareas y el traspaso de funciones y responsabilidades". Nada nuevo en una gestión que se caracteriza por emplear a ex funcionarios de la dictadura cívico - militar.
Ernesto es uno de los tantos casos de cambios de identidad debido al terrorismo de Estado, cuya condición de exiliado fue avalado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y un juicio sumarísimo donde se justifica el cambio de identidad, aunque ahora resulta ser el primer caso en el sector público y privado en donde se da por inválida la documentación presentada, cuyas copias están en poder de los evaluadores macristas.
Ante esta situación, resulta más que fundado el temor al despido, a la ruptura contractual que lo liga con el Gobierno de la Ciudad, por parte de él, quien aclara que "no es, en todo caso, un ataque personal sino que me excede, siendo un claro intento de avasallar los logros conseguidos a lo largo de nuestra historia para subsanar los daños causados en la sociedad producto del Terrorismo de Estado" y destacó que se encuentra sujeto a un grupo reducido de personas que influyen en forma sustantiva por la jerarquía de sus funciones, aunque el pensamiento de éstas es contrario a ese repudio a la dictadura genocida.
En general suele saberse acerca de aquellos casos referidos a la supresión de identidad de los menores por parte de los genocidas, tras su apropiación, pero muy pocos casos como el que hoy damos a conocer se conocen. Ernesto mismo recuerda que era menor al momento del exilio y el cambio de identidad era una forma de eludir las persecuciones de los genocidas en el exterior; es decir, una medida de seguridad que llevaban a cabo los padres al escapar.
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