Compañeros y compañeras:
Hoy, a 38 años del 24 de marzo de 1976, estamos en esta plaza para repudiar el golpe genocida más brutal en la historia de nuestro pueblo.
Como todos los años esta es la cita con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Nuestra cita es con la Memoria que no se deja domesticar, con la memoria que que no estafa, con la memoria que rinde homenaje a nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a sus sueños y se compromete con las luchas obreras y populares del presente.
Este 24 de marzo nos encuentra luchando contra la impunidad de los genocidas, contra las impunidades del presente, contra la represión y la criminalización de la protesta, contra el ajuste a los trabajadores y el saqueo del país.
Por eso en este acto denunciamos que el genocida Milani, fue nombrado Jefe del Ejército por la presidenta de la Nación. No nos olvidamos de los soldados conscriptos que desaparecieron bajo su mando, ni olvidamos las torturas sufridas y denunciadas por aquellos que fueron secuestrados y después torturados por el entonces teniente Milani, que era en aquellos años tan joven como el famoso genocida Astiz. Porque el genocidio por el que exigimos castigo cubrió todo nuestro país y los crímenes cometidos en la provincia de La Rioja fueron los mismos que se cometieron en todo el país.
En este acto, reivindicando la lucha de los 30.000 detenidos desaparecidos, repudiamos el discurso del 1º de marzo de la presidenta Cristina Fernández, en el que llamó a reglamentar el derecho a manifestarse, agredió a los maestros en conflicto y festejó el fallo aberrante que basado en testimonios arrancados bajo tortura condenó a cuatro trabajadores de Las Heras a cadena perpetua.
El discurso de Cristina Fernández se presenta como un serio avance sobre las libertades democráticas de nuestro pueblo y anuncia mayor criminalización de las luchas con la vista puesta en hacer pasar el ajuste. Por eso Milani, por eso Berni, por eso perpetua para los trabajadores de Las Heras, por eso la ley antiterrorista, por eso el proyecto equis y por eso luchadores populares presos y procesados.
Compañeros y compañeras:
Como cada 24 de marzo, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre de nuestro pueblo, impuso la entrega y el endeudamiento, la explotación y el hambre.
Repudiamos la brutal represión, racional y planificada contra nuestro pueblo, que tiene un nombre preciso: genocidio. Genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes, niños, para sembrar el terror y que tuvo como objetivo aniquilar el amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir profundas transformaciones en la Argentina. Por esto se buscó destruir todas las formas de organización de los trabajadores y el pueblo.
Repudiamos los campos de concentración, la desaparición, el asesinato, la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura y el robo de niños, que destruyó miles de familias.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia de Tucumán y en el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas en todo el país.
Estamos aquí para repudiar a los grupos del poder económico que planificaron y financiaron el golpe a favor de una política que los beneficiara a costa de la miseria sistemática para nuestro pueblo.
Denunciamos también a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford; a la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo, a los jueces que los ampararon, a los políticos que los avalaron y a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: ¡ denunciamos y exigimos justicia !!
El camino iniciado con el heroísmo de las madres plantadas frente a la dictadura y la resistencia antidictatorial de nuestro pueblo, con las miles de solidaridades que la sostuvieron, tuvo su continuidad en estos casi 40 años de presencia en las calles en los que varias generaciones expresamos nuestra voluntad inquebrantable, de conseguir castigo a los genocidas.
Nuestro pueblo luchó incansablemente contra las infames leyes de impunidad de Alfonsín y el indulto de Menem. La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001, golpeó al régimen político que amparaba la impunidad y posibilitó la anulación de estas leyes y la reapertura de las causas.
Hoy, a 10 años de la reapertura de las causas, hemos logrado que se realicen juicios en diferentes lugares de nuestro país, con un resultado de 468 represores condenados, 61 absueltos y 6 de ellos muertos antes de escuchar sentencia.
Esto quiere decir que sólo alrededor del 30% del total de los 2.100 procesados desde 2003 fue llevado a juicio. Tomando como dato los 600 Centros Clandestinos de Detención y Exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura, sólo 468 están condenados.
A 10 años de anuladas las leyes, menos de 1 represor condenado por Centro Clandestino de Detención.
Por eso afirmamos que la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin.
Cada día de atraso en el juzgamiento de los crímenes cometidos por la dictadura es un día ganado por la impunidad biológica: 320 son los represores que en el transcurso de estos diez años murieron impunes antes de llegar a la justicia.
Hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio.
Denunciamos a los jueces y fiscales cómplices de los genocidas que entorpecen y demoran las causas, y denunciamos al Poder Ejecutivo, que tuvo y tiene la posibilidad de impulsar las medidas necesarias para acelerar los juicios y no lo hace. Los genocidas que hoy son juzgados son solamente aquellos que formaban parte de la cadena de mandos o los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes a pesar de sus condiciones de detención. El Estado no ha entregado hasta ahora las listas de los genocidas que actuaron en cada Campo de Concentración.
Por eso desde la anulación de las leyes de impunidad hemos luchado porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros.
Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas. Esos archivos que hasta hoy la política oficial no abre, y que contienen la información sobre el destino de todos y cada uno de nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidos - desaparecidos y de sus hijos apropiados.
Luchamos por la identidad de los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y apropiados por los represores y sus cómplices.
Los jóvenes que recuperaron su identidad hasta el momento son 110 y la cantidad de grupos de familia con muestra genética en poder del Banco Nacional de Datos Genéticos sólo son 246 y éstas no alcanzan para la restitución de la identidad de las restantes 400 personas denunciadas y apropiadas como botín por la dictadura.
La política oficial continúa siendo que quienes tengan dudas sobre su identidad se ocupen de buscarla, poniendo nuevamente la carga de la prueba en las víctimas.
El oficialismo intenta transferir el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) desde su histórico ámbito en el Hospital Durand, a la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva por lo cual perdería su autonomía. Este traslado convertirá al Banco Nacional de Datos Genéticos en la plataforma de un “Instituto de Genómica Humana” en sociedad con laboratorios y capitales privados. Este despojo fue producto de un nuevo acuerdo del gobierno nacional con el macrismo.
CARCEL COMÚN Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
APERTURA y PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JOVENES APROPIADOS.
Nuestros compañeros Julio López, secuestrado en el 2006 y Silvia Suppo, asesinada en el 2010 en Santa Fe, que testimoniaron y lucharon contra la impunidad de los genocidas, son símbolos de la continuidad del aparato represivo de la dictadura y la política de impunidad y olvido que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales quieren imponer sobre estos nuevos crímenes. Sus causas están plagadas de encubrimiento e impunidad y demuestran hasta donde llegan las concesiones del poder político para asegurarse la gobernabilidad sobre las fuerzas represivas.
En los juicios contra los genocidas no sólo buscamos la condena, también damos pasos en la construcción de una memoria que no olvida las luchas e intereses populares. Por eso los Centros Clandestinos de Detención deben ser espacios de denuncia de los crímenes contra el pueblo y de construcción de memoria. Una memoria que recupere la historia, las luchas, las banderas y sueños por los que lucharon los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
Por el contrario, el gobierno pretende “resignificar” los ex Centros Clandestinos de Detención como si se tratara de cualquier galpón cultural, o usarlos como premio a los que apoyan su proyecto político, o bien como jugosos emprendimientos inmobiliarios públicos o privados. Esto es lo que sucede con la ESMA, el Olimpo, el Atlético y el BIM 3 en La Plata. El acuerdo entre el gobierno nacional y el de Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el traspaso a la Nación de los Centros Clandestinos de Detención, concreta el objetivo del kirchnerismo de hacerse dueño de los sitios de memoria y manipularlos a su favor.
La famosa re-significación que se basa en generar proyectos y actividades que dicen “poner vida donde antes hubo muerte”, no es otra cosa que un intento de clausurar el proceso de memoria iniciado hace más de 30 años por nuestro pueblo, de encerrar en una vitrina las luchas de los desaparecidos, de borrar esa memoria sublevada que apoyó la rebelión popular del 2001, de ocultar las violaciones actuales a los derechos humanos. Es una pieza más del rompecabezas que el oficialismo está armando para un nuevo proyecto de reconciliación.
El gobierno nacional, que se apropió de la ESMA y la usa para innumerables actividades proselitistas como la presentación del proyecto de YPF, la realización de congresos de agrupaciones afines, la adjudicación de una oficina al juez Garzón, hoy pretende reformar el Casino de Oficiales, el único edificio de este inmenso Centro Clandestino de Detención que no fue modificado hasta el momento.
Nos oponemos a este proyecto, porque queremos que nuestro pueblo pueda debatir HOY lo que allí sucedió y porque queremos que las futuras generaciones puedan recorrer y conocer ese sitio, saber qué fue el Casino de Oficiales y saber cuál es la verdadera cara de su enemigo cuando se muestra sin disfraces.
El acuerdo entre Macri y Cristina le permite al gobierno de la ciudad arrasar con el Atlético. Con la excusa de hacer el metrobus se perdería la posibilidad de encontrar el 70 % de las pruebas; entre ellas, importantes elementos de la salas de tortura y celdas.
En el mismo sentido de destrucción de las pruebas y de la memoria histórica se pretende lotear el predio de Campomar, donde los vecinos han denunciado la existencia de un Centro clandestino de Detención.
Por todo ello decimos:
BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN.
NO A LA MANIPULACIÓN DE LA MEMORIA
Compañeros y compañeras:
Los trabajadores y el pueblo enfrentamos hoy el ajuste que aplican el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. A la creciente inflación y la brutal devaluación, que agravaron a niveles insostenibles el aumento de los precios de la canasta familiar, se suma el aumento del transporte y el anunciado tarifazo en los servicios públicos. Como si esto fuera poco, una creciente recesión está provocando suspensiones y despidos.
El intento de que los trabajadores firmen paritarias a la baja, la licuación de los ingresos de los trabajadores precarizados, de los jubilados y de los que son beneficiarios de planes sociales, completan este cuadro que está provocando un grave deterioro de las condiciones de vida del pueblo.
Las razones de este tremendo ajuste son claras: el gobierno decidió profundizar la entrega del país y que la crisis la paguen los que menos tienen. Benefician a las multinacionales y banqueros imperialistas, pagando la fraudulenta deuda externa, incorporando acuerdos con los fondos buitres y el Club de Paris, profundizando su pacto con las petroleras como Chevron y Repsol. Contaminan nuestra aguas y suelos con la megaminería a cielo abierto y los transgénicos y pesticidas de Monsanto y las multinacionales del agro negocio.
Para imponer estas medidas contra el pueblo, la presidenta Cristina Kirchner sinceró en cadena nacional su voluntad de enfrentar con medidas represivas a los que luchan contra su plan de hambre.
¡ No hay ajuste, sin impunidad y sin represión !
La impunidad ha dado en el último año un salto gigantesco. Después de décadas en las que logramos impedir la promoción de aquellos pocos miembros de las fuerzas armadas denunciados por haber participado en el genocidio, el gobierno cerró filas y nombró al genocida Milani como Jefe del ejercito. No importaron las denuncias hechas hace ya más de 30 años frente a la CONADEP, no importaron los testimonios de sobrevivientes que lo acusan, ni los de los presos políticos interrogados por él. Milani es un ejemplo de los miles de represores que permanecen en las fuerzas de seguridad sin ser juzgados por sus crímenes durante la dictadura.
En el año 1976 el teniente César Milani revistió como oficial de inteligencia en el batallón de Ingenieros de Construcción 141, donde funcionaba un centro clandestino de detención y torturas. Está probado que la función de los oficiales de inteligencia en los Centros Clandestinos de Detención y Exterminio era la de obtener información y que la principal herramienta que utilizaban para obtener era la tortura. Por eso afirmamos que Milani debe ser encarcelado por genocida y no premiado con un ascenso.
La única razón que hay para designar como jefe del Ejército a un oficial de inteligencia, represor y torturador de la última dictadura, miembro del Batallón 601, en un momento en que miles de trabajadores se organizan para enfrentar el ajuste, es involucrar a las fuerzas armadas en tareas de inteligencia y represión contra las organizaciones populares.
El coronel Berni, Secretario de Seguridad, fue el elegido para aplicar la llamada política de "seguridad" y de represión de la protesta y se presenta ante los medios de comunicación como vocero cotidiano de esa política tratando de ganar consenso favorable para su accionar. En el último año hemos conseguido su procesamiento por haber reprimido un corte en Panamericana y trasladado a Campo de Mayo, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la dictadura, a hombres, mujeres y hasta niños.
Por eso exigimos:
¡¡ DESTITUCIÓN YA Y CASTIGO DEL GENOCIDA MILANI !!
¡¡ FUERA BERNI !!
Así se corona la denominada “década ganada en derechos humanos”.
Cristina Fernández designa al genocida Milani, respalda a Berni, criminaliza la protesta y avala la sentencia a los 9 trabajadores de Las Heras. Cuatro trabajadores fueron condenados en primera instancia a cadena perpetua, acusados de la muerte del policía Sayago en el marco de una lucha contra el impuesto al salario y contra la tercerización, que desencadenó una pueblada en el año 2006.
Esta condena es el golpe más brutal, hasta el momento, de la criminalización de la protesta.
Durante el trascurso del juicio y en los alegatos, los abogados defensores de los trabajadores (amenazados constantemente por este tribunal y sancionados) demostraron que no existían pruebas contra los trabajadores. En cambio, sí quedaron demostradas las torturas, los apremios ilegales, las vejaciones y las amenazas que sufrieron acusados, familiares y testigos, a manos de la policía provincial durante todo este proceso. Denunciamos al Tribunal Oral de Caleta Olivia que llevó adelante el juicio y luego condenó usando los testimonios arrancados bajo torturas.
En el marco del acuerdo con CHEVRON y con REPSOL, las palabras de la presidenta aplaudidas de pie por el macrismo, respaldando esta condena, cuando la sentencia está siendo apelada, agrava la situación de los compañeros.
Casi inmediatamente después de este discurso fueron detenidos y permanecen presos seis trabajadores petroleros en la localidad de Las Heras por realizar un reclamo gremial.
Por eso:
Exigimos la Absolución de los Trabajadores de Las Heras y la libertad de los delegados y trabajadores detenidos recientemente.
Denunciamos que en esta década la existencia de presos políticos ha sido una constante. Siguen presos los cinco compañeros de Corral de Bustos detenidos después de una pueblada, los seis trabajadores petroleros de Las Heras sobre los que acaba de caer el dictamen de prisión preventiva, los dos trabajadores detenidos en Misiones después de participar en una marcha contra el ajuste, Fernando Esteche y Raúl Lescano condenados por escrachar a Sobisch en repudio al asesinato del maestro Fuentealba.
¡¡ Exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos !!
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia reivindicamos la lucha de los trabajadores y el pueblo contra el ajuste y el saqueo. Respaldamos la lucha por tierra y vivienda, contra la tercerización, por los derechos de los pueblos originarios, en defensa de la salud y la educación.
Saludamos la ejemplar lucha de los docentes que recorre la Argentina y marca con claridad la respuesta necesaria a la política del ajuste, enfrentando la campaña de descalificación impulsada por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y sectores de la oposición.
El mismo camino han tomado los trabajadores estatales, de la salud, de las empresas automotrices.
Nos solidarizamos con la comunidad QOM y los campesinos de Chaco que exigen agua, asistencia sanitaria y alimentos y que fueron brutalmente reprimidos como parte del genocidio planificado de los pueblos originarios.
Decimos ¡ basta ! a la represión directa y parapolicial contra las comunidades originarias y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores protegidos por los gobiernos provinciales y el gobierno nacional.
Nos solidarizamos también con los docentes del Chaco y Santiago del Estero, con los docentes y trabajadores estatales de Misiones, con los trabajadores de Kronberg y los municipales de Jujuy, que en su lucha contra el ajuste fueron brutalmente reprimidos.
Denunciamos la represión de la gendarmería y otras fuerzas de seguridad a la Jornada por la Absolución de los trabajadores de Las Heras, el 27 de febrero en Panamericana y en Liniers.
Nos solidarizamos con el pueblo de Malvinas Argentinas en su lucha contra el pulpo imperialista MONSANTO.
Apoyamos la lucha por vivienda y urbanización de la Villa 20 en los terrenos de Cruz y Pola. Desde esta plaza damos todo nuestro apoyo al legítimo reclamo de tierra y vivienda. Repudiamos el dictamen de la Cámara del jueves 20 y la amenaza de desalojo de Berni y Macri, a quienes hacemos responsables por la vida de cada uno de los ocupantes.
El discurso de la presidenta atacando los cortes y las movilizaciones, aplaudido de pie por la bancada del PRO, da el sostén político a estas represiones. Intentan ahora sumar, en nombre de la “convivencia”, nuevos proyectos de ley que buscan regimentar y criminalizar la protesta, o directamente atacar el derecho a huelga, como el intento del vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, avalado por Scioli de prohibir los paros docentes. Lo mismo sucede con el gobernador De la Sota en Córdoba.
La tan mentada reforma del Código Penal deja intacto el artículo 194 del código actual que define como delito los cortes de ruta, y que es utilizado cotidianamente en todo el país para procesar luchadores.
El número de procesados por luchar aumenta con cada conflicto, mientras permanecen impunes los responsables de crímenes contra el pueblo, como el escandaloso caso de De la Rua.
De cada lucha surgen nuevos dirigentes y militantes procesados. Las causas abiertas en todo el país suman ya más de 5.000.
La ley antiterrorista es el instrumento legal con el que se amenaza a todos los que se movilizan por sus derechos.
Denunciamos la infiltración y el espionaje sobre las organizaciones y militantes obreros y populares a través del proyecto X de la Gendarmería, del accionar de la SIDE y de todos los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas y de seguridad.
Denunciamos la persecución a los trabajadores por parte de burocracias sindicales, asociadas a las patronales y a las patotas, que cuentan con el aval oficial. Este es el caso de la patota de la UOCRA, dirigida por el ex agente del Batallón 601 Gerardo Martínez.
¡¡ Exigimos el cierre de las causas y anulación de las condenas a los más de 5.000 luchadores populares procesados y la sanción inmediata del proyecto de ley contra la criminalización de la protesta !!
¡¡ Exigimos la derogación de la ley antiterrorista y la anulación de toda la legislación represiva !!
¡¡ Basta de infiltración y espionaje a las organizaciones populares !!
José Pedraza y los principales autores del crimen de Mariano Ferreyra fueron condenados en primera instancia. Esta condena fue arrancada gracias a la enorme movilización popular.
Advertimos sobre las maniobras operadas desde el poder político para atenuar las condenas y hasta absolver a Pedraza y los suyos para preservar el régimen mafioso y fraudulento que el gobierno K montó para la administración de los ferrocarriles junto a los empresarios Roggio - Romero - Cirigliano y la burocracia sindical.
¡¡ Exigimos Perpetua a Pedraza, castigo a todos los responsables políticos, empresarios y sindicales del crimen de Mariano Ferreyra !!
¡¡ Exigimos castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de luchadores populares !!
A 20 años del atentado a la AMIA seguimos exigiendo justicia. Repudiamos ese ataque criminal y nos solidarizamos una vez más con las víctimas. Como lo venimos denunciando de año en año, el gobierno de los Kirchner lleva ya 11 años promoviendo políticas que, en nombre del esclarecimiento del atentado, nos condujeron deliberadamente y terminaron en la impunidad reinante.
Hace pocos días, la presidenta Kirchner le pidió a los "opositores" políticos, los mismos que fundaron y sostuvieron tantos años de impunidad y encubrimiento, que le acercaran nuevas propuestas para renovar la misma política de impunidad y seguir acusando a una supuesta conexión internacional sin tener mayores pruebas. Así buscan sacarse de encima la responsabilidad criminal y encubridora que el propio Estado nacional ya reconoció por decreto.
Para superar la impunidad y hacer justicia:
¡¡ Exigimos que se abran los archivos secretos vinculados al crimen de la AMIA y la formación de una Comisión Investigadora Independiente !!
Denunciamos las reformas al Código Civil propuestas por el kirchnerismo. Eliminan la responsabilidad del Estado en las acciones realizadas por empresas privadas que tercerizan servicios, deja desprotegidos a millones de usuarios y trabajadores, consagrando la impunidad de funcionarios y ministros. Además, atacan gravemente los derechos conquistados por la lucha de las mujeres y su pelea por un aborto legal, seguro y gratuito.
La lucha de los familiares de la Masacre de Cromagnon, logró el justo castigo de algunos de los altos responsables de la tragedia. A diez años de la masacre seguimos denunciando la impunidad de la mayoría de los funcionarios y empresarios responsables de la muerte de 194 jóvenes.
¡¡ Exigimos juicio y cárcel a todos los responsables y cómplices !!
¡¡ Justicia por los pibes de Cromagnon !!
El 18 de marzo a dos años de la tragedia de Once, comenzó el juicio a los responsables. Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares. Dolorosamente denunciamos este crimen contra el pueblo largamente anunciado, producto de la política de transporte privatista del gobierno nacional, de los grandes negociados con TBA, los Cirigliano y la burocracia sindical.
¡¡ Exigimos Justicia por las 52 Víctimas de la tragedia de Once !!
Denunciamos la criminalización de la pobreza y la discriminación de las barriadas y de los más humildes, que se cobra cotidianamente la vida de numerosos jóvenes. La represión, el encierro y el control por parte de diferentes fuerzas de seguridad aumenta el número de víctimas por gatillo fácil, desapariciones, trata de personas, drogas y armado de causas falsas. Desde 1983 hay más de 4.000 muertes por gatillo fácil y más de 200 desapariciones. La década ganada lleva cobradas más de 2.300 vidas.
Con la excusa de combatir la llamada inseguridad, se pretende bajar nuevamente la edad de imputabilidad, impulsar las policías comunales y reforzar el aparato represivo. El gobierno y sectores de la oposición discuten cuánto y cómo penalizar pero ocultan el problema de fondo. Denunciamos que la causa fundamental se encuentra en la participación y complicidad del aparato policial, judicial y político en relación al narcotráfico y el delito organizado.
El “mano dura” Granados ha reintegrado a la bonaerense a los ocho policías que participaron en la desaparición de Luciano Arruga. El juez que lo habilitó es el mismo que, con un fallo administrativo, pretende terminar con el paro docente en la provincia de Buenos Aires. El señor juez es un ex comisario inspector retirado de la Provincia y miembro jerárquico de la división de Asuntos Jurídicos de la Policía Bonaerense de los años de la dictadura, cuando la dirigía el genocida Camps.
La impunidad de ayer y de hoy se presenta así con toda su brutalidad.
¡¡ Exigimos la aparición con vida de Luciano Arruga y el castigo de todos los responsables. Basta de gatillo fácil, basta de asesinar a los pobres y los jóvenes !!
Compañeras y compañeros:
La dictadura genocida que estamos repudiando en esta plaza se propuso terminar con la lucha de nuestro pueblo por conquistar un país con pan, trabajo, tierra, salud, educación, vivienda para todos, por una niñez y una vejez protegidas, por una juventud con futuro.
¡¡ Por nuestros 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos, por el país que soñaron y soñamos, por una Argentina sin opresión y sin explotación, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decimos Presente !!
¡¡ 30.000 compañeros detenidos desaparecidos Presente !!
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