Default o más deuda pública

 

Por Lic. Héctor Giuliano

 

El título de esta nota trata de sintetizar el actual dilema de la administración Kirchner en medio de las negociaciones en curso por el problema de la Deuda Pública Argentina.

Frente a la posibilidad cierta pero improbable de un default técnico -por incumplimiento de pago de los servicios de la Deuda- el gobierno se encuentra en la encerrona financiero - fiscal de tener que llegar a arreglos simultáneamente con acreedores externos de distinto tipo, asumir nuevas deudas cuyo mayor peso será transferido a futuras administraciones y disimular el costo político interno de tales decisiones.

La nueva crisis de deuda del verano 2014 ha desnudado el fracaso del Megacanje Kirchner - Lavagna de 2005 - 2010, la inutilidad de la vocación pagadora kirchnerista durante la “Década ganada” para despegarse del problema de la Deuda y la mentira del Des-Endeudamiento Público.

Cuadro de las negociaciones.

Decimos “posibilidad cierta pero improbable” de nuevo default porque técnicamente la Argentina se encuentra otra vez al borde de una cesación parcial de pago pero es poco probable que se llegue a esa situación porque el gobierno Kirchner está batiendo récords de pagos en su deuda externa, porque está empeñado a ultranza en cumplir con la Hoja de Ruta Boudou para volver al mercado internacional de capitales y porque a una administración tan debilitada políticamente como la suya es más fácil extraerle concesiones crecientes que derrocarla.

Como las negociaciones en curso son secretas -el gobierno ha cerrado todos los grifos de información al respecto- sólo se puede intentar una interpretación de lo que está ocurriendo a través de muy pocos datos disponibles.

a) HOLDOUTS.

El juicio que se sustancia ante los Tribunales de Nueva York por el caso testigo del fondo buitre NML Elliot y otros contra el Estado Argentino ha sido fallado en contra en primera y segunda instancia (juez Griesa y Cámara de Apelaciones). El gobierno ha apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pero no ya para objetar la pertinencia del pago de las sentencias sino sólo para atenuar la forma de pago de las mismas.

Bajo cualquiera de las modalidades en que se defina hacerlo, el país tendrá que afrontar el pago de tales deudas -con intereses acumulados más punitorios, costas, honorarios y gastos- que se extenderían luego al resto de los tenedores de bonos que no entraron en el Megacanje 2005 - 2010 (los holdouts, a los que hoy ya se les reconoce una base de 11.700 Millones de Dólares - MD), a través de las múltiples causas contra el país que existen en el mundo.

La administración K se encuentra hoy empeñada en negociar mínimos pagos al contado por los juicios perdidos y financiar el monto de las sentencias con bonos, es decir, con más deuda pública.

La justicia norteamericana habría abierto aquí un compás de espera mientras el gobierno Kirchner avanza en negociaciones con los “fondos buitre” donde Paul Singer -de NML Elliot- hace de “policía malo” (quiere cobrar todo y a fuerza de embargos) mientras que Robert Koenigsberger -de Gramercy (ligada al vicepresidente Boudou)- hace de “policía bueno”, tratando de triangular la compra de los fallos y prorrateando luego las pérdidas entre los bonistas que ya entraron en el Megacanje.

Es muy probable que las bases generales de arreglo ya se encuentren acordadas y que sólo falte establecer sus formas de pago fijando las condiciones dentro del nuevo esquema de “pago de sentencias con bonos”.

b) CIADI.

Las propuestas de pago que ya han comenzado a instrumentarse en el CIADI -con el abono de 5 laudos perdidos por unos 500 MD- han inaugurado la citada nueva política de pago de juicios con bonos, que a partir de ahora podría extenderse gradualmente a más de una veintena de casos que se sustancian allí y en otros tribunales internacionales.

No existe una estimación cierta de los montos involucrados en estas demandas -importes que, por otra parte, están sujetos también a negociación- pero se estima que pueden significar entre 8 y 10.000 MD.

También en estos casos -como en el de los holdouts- la financiación con deuda de los juicios perdidos representará un fuerte salto en el endeudamiento del Estado (gradual pero relevante) dado que este tipo de obligaciones no figura hoy como deuda registrada o prevista sino como deuda contingente.

c) REPSOL.

El acuerdo con Repsol por compensación del 51 % de las acciones de YPF expropiadas a la empresa española incorpora ahora una deuda nueva por 11.000 MD: 6.000 MD por capital y 5.000 MD por intereses a pagar.

Este monto se suma a la carga financiera de arrastre que viene como producto de la estatización parcial de la empresa en Abril de 2012, una YPF que arrastra un pasivo por deuda externa dejado por la administración Repsol - Eskenazi de 9.000 MD y la necesidad de obtener financiamiento para exploración y producción petrolera por 37.200 MD en el quinquenio 2013 - 2017.

El convenio del gobierno Kirchner con Repsol -que presenta anomalías en la intervención clave del Tribunal de Tasación- se encuentra sujeto a la aprobación o no del Congreso en los próximos días.

d) CLUB DE PARÍS.

La Argentina arrastra una deuda en default desde el año 2001 con la mayoría de los países miembros del Club de París (11 sobre un total de 19), que ya acumula unos 10.000 MD.

Casi la mitad de esa deuda consolidada proviene de la época del Proceso Militar y ha sido sucesivamente refinanciada.

El saldo de la deuda a fines de 2001 era de unos 2.000 MD y habría ascendido a las cifras actuales fundamentalmente por intereses acumulados, punitorios y otros cargos pero también, en especial, por diferencia de cambio desde entonces (caso devaluación del dólar frente al euro).

La mayoría de estas obligaciones están todavía bajo investigación de la justicia argentina, especialmente en lo relativo a la estatización de deudas que eran originalmente privadas y fueron transferidas al Estado por el cuestionable mecanismo de swaps y seguros de cambio de las gestiones de Cavallo (en las postrimerías del Proceso) y de González del Solar (durante la administración Alfonsín) al frente del BCRA.

En enero de este año la Argentina elevó un nueva propuesta de pago, cuyos términos se desconocen. Fue con el viaje relámpago del ministro de economía Kicillof a París y trascendió que contemplaría un mínimo pago al contado y financiamiento en cuotas a 5 años de plazo, condiciones que el Club no acepta, habiendo citado al gobierno argentino para abrir negociaciones formales hacia fines de mayo.

En todas las variantes bajo estudio la fórmula buscada es la misma que en los casos anteriores (holdouts, CIADI, Repsol): pago de deudas, atrasos y adicionales con nuevos bonos, esto es, con más deuda pública.

e) ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES (OFI).

La situación de la deuda externa argentina con los organismos multilaterales de crédito es bastante compleja: el gobierno Kirchner ha llegado a acuerdos trienales con el Banco Mundial (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aproximadamente hasta fin de su mandato y por nuevos montos de unos 3.000 MD cada uno. Son los programas de Asistencia al País.

A esto se suman los planes de endeudamiento en curso con la Corporación Andina de Fomento (CAF), que son también significativos.

Según las últimas cifras oficiales disponibles -al 30/09/2013 (todavía no de fin del año)- a los Organismos Internacionales en su conjunto se les deben unos 18.700 MD, de los que 5.000 al BIRF, 9.800 al BID y 2.100 a la CAF.

No se descarta que con una próxima normalización de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) -nuevo IPC NU para las estadísticas oficiales y retoma de las supervisiones de cuentas nacionales en función del Artículo IV del Estatuto del Fondo- nuestro país quede otra vez en condiciones de pedir asistencia directa al FMI y/o aceptar el monitoreo del mismo para garantizar el acuerdo con el Club de París.

En todos los casos, el endeudamiento externo con los OFI formaría parte de la nueva ola de endeudamiento público externo que se está conformando.

Como resumen de todo lo dicho hasta aquí puede tenerse un panorama preliminar o cuadro básico de situación del gobierno K hoy.

La finalidad expresa de todas estas negociaciones secretas en curso es lograr el objetivo frustrado del Megacanje Kirchner - Lavagna de 2005 a través de los pasos de la Hoja de Ruta Boudou: 1. Liquidación del problema de los juicios con holdouts y otros reclamos planteados al país (caso CIADI y Repsol), 2. Arreglo de la Deuda Externa con los países del Club de París, y 3. Habiendo cumplido los dos requisitos anteriores, volver al mercado internacional de capitales para colocar más deuda.

Esto quiere decir re-estructuración de las deudas existentes y toma de más deuda por vía de la colocación de nuevos bonos para financiar deudas por sentencias en contra y para conseguir nuevas líneas de crédito externas.

Dicho en buen romance: que todo el sacrificio financiero fiscal que significó el traspaso de obligaciones con terceros a Deuda intra-Estado (desfinanciamiento de la ANSES, descapitalización del BCRA, desvío de créditos del BNA y puesta de todas las circunstanciales disponibilidades de fondos de los organismos públicos al servicio del pago de la Deuda) era así, en definitiva, para volver a endeudarse.

Consecuencias financieras y políticas.

Teóricamente, cualquier traspié en las negociaciones secretas en curso puede determinar una situación de default pero -como ya lo dijimos- ello parece poco probable: a) el gobierno Kirchner ha estado batiendo récords de pago de la deuda externa (a costa de empapelar a los organismos del Estado con deuda intra-sector público que es impagable), b) todas las variantes que se están discutiendo con los acreedores se refieren a las alternativas posibles de cumplimiento de las obligaciones y ninguna a su desconocimiento, c) la cuestión de la interpretación de la cláusula pari passu sólo toca al reparto o prorrata de los pagos y/o costos financieros de las partes dentro de márgenes de negociación ajustables, d) el gobierno Kirchner protesta por la aparente desatención de su vocación pagadora por parte de los acreedores y los jueces; y solicita seguir pagando, e) la participación de todo el submundo financiero -local e internacional- que opera en estos casos es notoria (funcionarios sin facultades claras de negociación, ex funcionarios que hoy actúan como operadores y/o asesores, bancos, brókeres, consultoras, organismos internacionales y obviamente también los gobiernos de los países de origen de los acreedores involucrados), y f) el paso de un ajuste encubierto a un ajuste declarado y de tipo ortodoxo por parte de la administración Kirchner está en curso de ejecución.

Este último punto -ya desarrollado en trabajos anteriores del autor de esta nota- está centrado hoy en una batería de medidas que se vienen ensayando desde el cambio de gabinete de noviembre pasado y que motivan luego el salto aceleratorio a las medidas duras de Enero pasado: 1. Macro-devaluación del orden de un 20 %, llevando el dólar oficial a 8 $, 2. Aumento sustancial de las tasas de interés, piloteado por la colocación de Lebac / Nobac del Banco Central (BCRA) -que fijan el piso de las tasas del mercado- al nivel del 30 % anual, 3. Aumento de los Precios y Tarifas de Servicios Públicos derivado de la baja de los Subsidios del Estado, 4. Aumento adicional de la Presión Tributaria de Nación, Provincias y Municipios potenciado por el aumento de la Inflación, 5. Blanqueo relativo de la manipulación de indicadores oficiales -fundamentalmente nuevo IPC NU del INDEC- para cumplir con los requerimientos del FMI y valorizar los Bonos en pesos ajustados por CER, 6. Proyecciones artificialmente altas de la tasa de crecimiento económico para garantizar el pago de cupones PBI, 7. Aflojamiento relativo del cepo cambiario, 8. Aumento de los costos financieros del BCRA por colocación de Letras/Notas (del ítem 2) para compensarles a los grandes bancos sus ventas de tenencias dolarizadas; y finalmente -sobre todo- 8. Política formal de rezago de los aumentos salariales en relación a la inflación, de modo que -unida a la gran devaluación producida- se pueda lograr una baja en los ingresos reales del pueblo argentino.

Todo ello, puesto en función de garantizar el pago de la mayor cantidad de servicios de la actual y futura deuda pública, que es la clave de todo porque lo que se está negociando es no sólo la regularización de la deuda existente sino además la asunción de deuda nueva.

El objetivo fáctico de una “tablita cambiaria” post-devaluación, que sirva para estabilizar la relación entre inflación de precios y tipo de cambio (con un dólar oficial que vuelve a presentar signos de nuevo atraso), está relacionado directamente con el aumento de las tasas de interés, que facilitaría el ingreso de capitales especulativos que aprovechen el diferencial de tasas nacionales e internacionales -con tipo de cambio estable- para tratar de aumentar el stock de reservas internacionales merced a facilitarles una mayor rentabilidad financiera a dichos capitales.

Con todos estos elementos a favor de los actores del sistema de la Deuda Pública Perpetua, con todos los antecedentes -pasados y presentes- de una administración que se declara “pagadora serial” a favor de los acreedores y a costa de las finanzas del Estado Argentino, es muy difícil que alguien de afuera quiera “matar esta gallina de los huevos de oro” que se allana a sus intereses.

Como agravante, esta postura de base del gobierno Kirchner está apoyada por la partidocracia con representación parlamentaria, además de los grandes medios de comunicación, oficialistas y pseudo-opositores, que sobre este problema son cómplices del sistema.

Es un capítulo clave dentro de la servidumbre financiera institucional no sólo del gobierno Kirchner, sino también de toda una clase política cuyos pre-candidatos presidenciales rinden examen por anticipado  ante la Sociedad de las Américas (AS) y del Consejo de las Américas (CoA) para garantizar al Capitalismo Financiero Internacional la continuidad del sistema de Deuda Perpetua en la Argentina.