Violencias cotidianas, violencias de género

 

 

Por Jorge Cadús

 

Como cada año, en un par de días se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Como todos saben, las Naciones Unidas establecieron el 8 de marzo como Día para celebrar la lucha femenina por su participación igualitaria en el mundo del trabajo y en la sociedad en general. Una jornada que conmemora la lucha de la mujer por su participación en la sociedad, la política y en su desarrollo integral como persona.

Y como siempre, el almanaque abre sus ventanitas para pensar el hoy y aquí concreto que nos toca vivir a las mayorías en estos arrabales.

El último jueves 20 de febrero, toda la región se vio conmocionada por el asesinato de Silvia Ciarrochi, una comerciante de 53 años, titular de un pequeño maxi-quiosco en la localidad de Wheelwright.

La noticia es conocida y en este programa ha tenido un vasto tratamiento.

Pero bien vale recordar que pasadas las 8 de la mañana de ese día, efectivos de la seccional 9ª de Policía de Wheelwright halló en el interior de su casa el cuerpo sin vida de Ciarrocchi. Un centenar de vecinos se manifestaron frente a la comisaría local, exigiendo el esclarecimiento de la muerte y medidas que garanticen la seguridad de la población, ante lo que a primera vista se presentaba como un intento de robo en la ya larga serie de hechos que se registran en la región. La posterior autopsia del cuerpo de Ciarrochi en la ciudad de Venado Tuerto determinó que la muerte de la mujer no se produjo por un impacto de bala, como se barajó en un primer momento, sino por un fuerte golpe.

Hasta acá algunos apuntes sueltos sobre esta noticia de la que, obviamente ustedes tienen mucho mayor conocimiento que este cronista.

Sin embargo, llama poderosamente la atención el titular del viernes 28 de febrero del diario La Capital, de la ciudad de Rosario, que consigna: "Niegan que el crimen de una mujer haya sido por inseguridad". La noticia señala que la muerte de Silvia Ciarrocchi -leo textualmente- "no se produjo en el marco de inseguridad que reina en el pueblo en los últimos meses sino que la línea investigativa ahora apunta a un crimen de índole pasional". En forma paralela, el jefe comunal de la localidad, Daniel Peralba, destacó la tarea de Matías Merlo, el fiscal que entiende en la causa, y corroboró que "no se trató de un hecho de inseguridad sino que es de índole privada".

Sin embargo, más allá de la investigación y de los dichos repetidos, es necesario poner las palabras sobre sus propios pies: no existen los delitos "pasionales". No hay crímenes de "índole privada". Y el asesinato de una mujer, por su condición de tal, sobre todo en estos arrabales está íntimamente ligado a las "cuestiones de seguridad".

Hace pocas semanas atrás Mercedes Pagnutti, del Equipo de Género de la concejala rosarina Norma López reveló la cifra de los femicidios registrados en la provincia de Santa Fe durante el año 2013: son 30 las mujeres asesinadas por su condición de género en nuestra provincia.

Santa Fe sigue ocupando ese oscuro segundo lugar a nivel nacional por la cantidad de víctimas fatales de violencia de género.

Y no es todo: del total de los crímenes registrados en el año 2013, en el 71% de los casos, el principal sospechoso es la pareja, el ex o un pariente varón de la víctima.

En días en donde la cuestión de la "inseguridad en las calles" se lleva los primeros planos de las noticias, es necesario pensar que muchas veces, el lugar más peligroso para las mujeres está dentro mismo de sus hogares.

Según los datos del informe de Mercedes Pagnutti: 10 de estos femicidios corresponden al departamento Rosario; 6 muertes al departamento La Capital; 4 muertes al distrito Vera; 3 decesos al departamento General López; 2 femicidios al distrito General Obligado; y una muerte, a los departamentos Caseros, Castellanos, Constitución, San Lorenzo y San Martín.

Seis meses atrás, el miércoles 4 de septiembre del 2013, la directora provincial de Políticas de Género, Mercedes Martorell, se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia.

En su exposición admitió que las víctimas de violencias de género no cuentan con asistencia del área para prevenirlos. Confesó también que no existe un protocolo de asistencia a la víctima en caso de violencia de género que sirva como guía de acción para las comisarías, principales receptoras de las denuncias, y el poder judicial, donde muchos jueces desconocen la ley.

Y terminó aceptando el bajísimo presupuesto destinado a las políticas de género, un condicionante a la hora de implementar políticas públicas de alcance masivo.

Unos días después de esas revelaciones, la Cámara de Diputados discutió la media sanción a la Ley de Emergencia de Género en todo el territorio provincial, una norma que regiría durante dos años para ejecutar políticas y acciones que garanticen la prevención, asistencia y erradicación de este tipo de violencias cotidianas: capacitación a la fuerza policial; programas de inclusión laboral, educativa y de viviendas; programas de recuperación; entre otras alternativas.

La iniciativa fue frenada y postergada en la recalcitrante Cámara de Senadores santafesina.

Los silencios y las complicidades siguen sepultando la violencia de género.

La cultura del golpe y el abuso, que destierra palabras, es quizás la más pesada herencia de la última dictadura militar. Desaparecer las palabras y las rebeldías; desgarrar los argumentos y los cuerpos. La muerte de Silvia Ciarrochi se inscribe entonces en esta larga crónica de olvidos, indiferencias y desidias, que condena a las mujeres en las hogueras de las violencias domésticas, en el infierno de las violencias cotidianas.

En diciembre de 2013 se aprobó en la Legislatura el Presupuesto provincial para el año en curso, este 2014. Los bloques del PJ habilitaron el tratamiento sobre tablas y lo votaron en general a libro cerrado, pero la mayoría de los artículos fueron aprobados por sólo seis votos sobre 50 legisladores. Allí se determinó que se destinen $ 2.900.000 a concretar políticas públicas y sociales de género en todo el territorio provincial. Al mismo tiempo, el presupuesto del gobierno socialista destina $ 191.000.000 para publicidad y propaganda oficial.

Sin embargo, se entiende. Hay una lógica en la gestión de Antonio Bonfatti.

En septiembre del 2013, en su paso por la vecina ciudad de Firmat, el gobernador fue consultado acerca de la posibilidad de declarar la emergencia en materia de violencia de género.

"¿Qué solucionamos?", se interrogó Bonfatti.

Y sostuvo: "supongamos que hay emergencia, ¿cómo hacemos para que un marido no mate a una mujer?".

Hace un par de años, Fabiana Núñez y Ada Rico, de la Casa del Encuentro, advertían: "si como sociedad la respuesta que damos a estas muertes es indiferencia para investigar, impotencia para descubrir, e inoperancia para castigar, no hacemos otra cosa que alimentar este tipo de conductas".

 

Columna leída por el autor en el programa La Mañana de Todos, conducido por Mónica Polidoro, que se emite por FM Libertad de Wheelwrigth, provincia de Santa Fé.