Por Carlos Antonio Lozada, integrante del Secretariado nacional.
El pasado día 10 de marzo, el Presidente Santos anunció al país la suspensión por un mes de los bombardeos contra las FARC-EP. Este anuncio, destacado como un gran gesto de desescalamiento del conflicto, analizado en sus detalles permite entender la recortada visión que sobre el tema tiene el Gobierno y el doble rasero con el que se pretende medir en los medios la voluntad de las partes para reducir la intensidad de la confrontación, mientras se llega a un acuerdo de cese al fuego bilateral; acuerdo que además de su valor y significado profundamente humanitario, permitiría generar un ambiente político más propicio para el trabajo de la Mesa, en momentos en que debe abordar temas cruciales de la Agenda.
En desarrollo del ciclo 33 de las conversaciones, la delegación de las FARC - EP radicó un documento ante los países garantes donde se detallan 15 gestos unilaterales realizados por la insurgencia, entre los que se cuentan 4 ceses de fuego temporales; la liberación del General Alzate, así como la de otros militares capturados en combate; la decisión de subir a 17 años la edad de reclutamiento; hechos que se suman al acto de reconocimiento a las víctimas y perdón por lo ocurrido en la población de Bojayá; la renuncia a la retención de civiles con fines económicos; la entrega al CICR de menores infiltrados en las filas guerrilleras, después de haber sido preparados por la fuerza pública para tareas de sabotaje y asesinato de jefes guerrilleros; y el cese al fuego unilateral e indefinido decretado a partir del 20 de diciembre de 2014. Hechos todos que se pueden constatar y que no han encontrado reciprocidad alguna de la contraparte en la Mesa.
Por el contrario, en lo que va corrido a partir de la declaración del cese al fuego por parte de las FARC, todas las áreas vienen siendo objeto de operaciones militares sostenidas y se han producido asaltos y emboscadas contra unidades guerrilleras en que hemos perdido por lo menos 20 combatientes, entre ellos varios mandos de larga y destacada trayectoria revolucionaria, además de otros cuantos heridos y prisioneros, con el agravante que para justificar los cobardes ataques contra unidades en tregua, se los presenta en los partes militares como si se tratara de delincuentes comunes dedicados a la extorsión y el narcotráfico.
Por otra parte, como consecuencia de la respuesta lógica a la ofensiva militar, también en las filas de la fuerza pública se han producido pérdidas humanas que bien podrían haberse evitado.
Como es conocido por todo el país, desde que se iniciaron los primeros contactos, antes de dar inicio a la etapa pública de los diálogos, las FARC han propuesto acordar un cese al fuego bilateral que evite pérdida innecesaria de vidas y traiga algo de alivio a un pueblo excesivamente violentado por décadas de guerra. La respuesta gubernamental siempre ha sido un no rotundo y a contra pelo de lo que manda la sensatez, se impuso la fórmula que sintetizó el Presidente Santos en la frase: dialogar en La Habana como si no hubiera guerra en Colombia y guerrear en Colombia como si no se estuviera dialogando en La Habana.
Es en esencia la continuación de la estrategia de seguir buscando la derrota militar de la insurgencia, mientras en la Mesa se niega cualquier posibilidad de reforma sustancial al modelo socio-económico; porque se parte de la falsa premisa que a La Habana llegamos como resultado del quiebre militar insurgente y no como producto de nuestra histórica disposición de lograr la solución política del conflicto, tal como está consignado en el primer punto de nuestra Plataforma Bolivariana.
Esa falsa premisa explica también que a los sucesivos gestos de la insurgencia se le responda exigiendo más, dado que se interpretan como una señal de debilidad y no de la voluntad real de avanzar en el desescalamiento del conflicto; lo que explica la decisión gubernamental de suspender por un mes, prorrogable, los bombardeos, anuncio cargado de un fuerte sabor a chantaje, lejos de cualquier gesto de distensión de la confrontación.
Como el anuncio del Presidente viene aderezado con la afirmación de que la fuerza pública no va a descuidar un solo centímetro de territorio y en consecuencia, si como resultado de esos patrullajes ocurren enfrentamientos, “esas son las reglas de juego”, no es difícil concluir que se trata de una clara decisión de no respetar el cese unilateral indefinido decretado por las FARC - EP; mientras con ladina determinación se agrega: “ordené desarrollar un plan de despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio para consolidar los logros en seguridad, copar los espacios, y asegurar que –si se firma un acuerdo final– podamos brindar garantías a los habitantes de los territorios y a quienes dejen las armas”.
Desestimar los esfuerzos de la contraparte por desescalar el conflicto, pretender chantajearla y tensionar la cuerda incrementando las operaciones militares, en momentos en que el Proceso cobra mayor respaldo nacional e internacional; arriesgar el mayor activo logrado en tres años de arduo trabajo, poniendo en juego la confianza construida, es por decir lo menos una jugada atrevida, cuando lo lógico y sensato sería aprovechar los vientos favorables y el ambiente propicio para acordar el cese al fuego bilateral.
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