Sobre el obligatorio servicio militar

Por Mireya Andrade, integrante de la subcomisión técnica de las FARC - EP.

Luego de muchas posiciones encontradas en las diferentes esferas de la sociedad colombiana, la Corte Constitucional profirió la prohibición de las llamadas “batidas” y el reconocimiento de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Pero si miramos la realidad, descubrimos que el reclutamiento forzoso de la fuerza pública no paró. No se entiende realmente cual es la posición del gobierno colombiano, frente a este tema, entre otros, que tienen que ver con los acuerdos que se tratan en la mesa de conversaciones en la Habana.

Según la disposición, las autoridades de reclutamiento del ejército no podrán “adelantar, autorizar, ordenar o permitir redadas o batidas indiscriminadas, dirigidas a identificar a los ciudadanos que no han resuelto su situación militar, con el objeto de conducirlos a unidades militares u otros sitios de concentración, para que presten servicio militar”

Ante la avalancha de denuncias sobre jóvenes que no eran remisos y fueron detenidos en camiones, conducidos a distritos militares y acuartelados, las autoridades del ejército se escudaban en que la Corte había declarado constitucional la acción de compeler (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere). Ahora con la precisión de la Corte queda claro que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, este proceso se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares.

También queda claro que se puede usar la objeción de conciencia, o sea el no querer pagar el servicio militar por decisión propia después de inscribirse y aun estando acuartelado.

Sin embargo, se están realizando todo tipo de campañas en donde se dice a los jóvenes desplazados, estudiantes, hijos únicos y demás que se presenten a las zonas de reclutamiento a solucionar su situación militar y les serán respetados sus derechos. Muchos de ellos lo han hecho, con la documentación requerida y las familias como respaldo, pero aun así los reclutan; tampoco se han detenido las redadas o batidas en las ciudades y zonas rurales, para llevarse contra su voluntad a los jóvenes a hacer parte de la máquina de guerra que llena los bolsillos de unos pocos y que coloca de carne de cañón a los más pobres e indefensos.

Se han presentado situaciones tan disimiles y violadoras de los derechos de los muchachos, que los medios de comunicación tuvieron que reportarlos, incluidos los mismos que callan para proteger la “institucionalidad”

Pese a la disposición de la Corte, las Fuerzas Armadas continúan realizando redadas en sitios de alta concentración de los jóvenes, especialmente en Trasmilenio, en Bogotá y en muchas otras regiones del país con el pretexto y el afán de cumplir con las altas cuotas que les imponen en las zonas de reclutamiento.

Por eso llama la atención que la única vez que se escuchó la pregunta: ¿Mandaría usted a sus hijos a morir en la guerra?; las FF. AA. y lo más granado de la sociedad colombiana (que no manda sus hijos al combate) pusieron el grito en el cielo. Obvio, los muertos y quienes ponen el pecho por esta sociedad egoísta, no son ni familiares, ni amigos de ellos y por ende no existen para ellos. No les interesa su suerte y menos su futuro.

Las organizaciones defensoras de DD. HH. se han puesto a la tarea de informar las violaciones a la ley que comete el ejército, cuando recoge de manera indiscriminada jóvenes para mantener el número de unidades militares en alza, convirtiendo lo que debería ser un servicio social en beneficio de un país en desarrollo, en el mantenimiento de una guerra fratricida, contra un pueblo que pugna por lograr la transformación social y el anhelo de vivir en un país soberano, en paz y con justicia social.

Los jóvenes colombianos no son carne de cañón, tienen sueños, anhelos, esperanzas. Respetar sus derechos y abrir las posibilidades de equidad que les ofrezca a todos los colombianos alimentación, salud, educación, vivienda, territorio, empleo digno; y que el futuro brinde para todos un panorama de inclusión, estabilidad e igualdad de derechos, es en síntesis lo que debe ser la constitución y una obligación para los gobernantes por encima de cualquier interés personal.

Hemos iniciado la discusión sobre el fin del conflicto que, en su segundo numeral, se refiere a la dejación de armas, y que se discute de manera integral y simultánea con otros temas de la agenda como el paramilitarismo. Cabe resaltar que, en este punto, las FARC - EP, consideramos que se deben realizar ajustes dentro de la Fuerza pública, en lo correspondiente a cantidad, ubicación, presupuesto, y principalmente la doctrina militar que es, en últimas, la que define si se continua con la utilización de las Fuerzas Armadas en contra del mismo pueblo, o se propende por respetar la constitución nacional y colocarlas en su papel de defensa de la soberanía, protección de las fronteras y cumplir un papel social en beneficio de Colombia.