Por Fidel Rondón, integrante de la delegación de paz de las FARC-EP
En cada ciclo que avanzamos en la Mesa de Conversaciones de La Habana, se acerca más el momento de abordar el tema del esclarecimiento del fenómeno del paramilitarismo, mandatado en el numeral tres de la Agenda donde se acordó por las partes que el punto de Víctimas es el espacio y el momento de dar los primeros pasos hacia la solución definitiva de esta deformación criminal contrainsurgente, para avanzar hacia la convivencia.
Entre las diversas maneras de abordar la discusión y de interpretar el pasado reciente, María Emma Wills, integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, ha expuesto frente a la Mesa de manera sucinta un relato histórico sobre la génesis, desarrollo y persistencia de este instrumento militar del Estado para atacar al llamado "enemigo interno”: todos los colombianos no afines al régimen.
En dicho informe, la señora Wills describe el fenómeno paramilitar como “…Redes fluidas que articulan sectores militares y de la Policía, políticos electos, jueces y mafias (…) que sumaron luego a empresarios regionales para impulsar una re-ingeniería social, territorial y política que venía de la mano con la extensión de un modelo de desarrollo agro-exportador.”
Ahora, vale recordar que en reiteradas ocasiones, nuestra Delegación -y en esto el Comandante Pablo Catatumbo ha sido incisivo - ha recordado que “el mayor obstáculo que se cierne sobre el proceso de paz es el paramilitarismo”.
Está bien y ayuda a la Verdad reseñar que, “… la corriente militar que se sintió traicionada por los diálogos emprendidos por los distintos gobiernos… Esa oficialidad militar que leía las conversaciones como una forma de entregar el país a las guerrillas, decidió librar la guerra de manera clandestina y, haciendo uso del marco legal existente, acompañó la formación de grupos de autodefensa. La combinación de este marco interpretativo con esos diseños institucionales fue explosiva pues provocó la expansión del paramilitarismo aún en el marco de una nueva constitución”. La importancia del párrafo recae en el sustrato interpretativo que María Emma Wills corrobora, citando en pie de página el origen normativo legal del paramilitarismo:
“El decreto legislativo 3398 le permitía a las Fuerzas Militares proveer de armas de su uso privativo a particulares. En 1987, el Reglamento de Combate de Contraguerrilla ordenaba “organizar militarmente a la población civil para que se proteja contra la acción de las guerrillas” y “recomienda utilizar para la Defensa Civiles en las tareas militares” proveyendo estos cuerpos con armas. El decreto 815 del 19 de abril de 1989 suspendió esas disposiciones. Sin embargo, el 11 de febrero, mediante decreto ley 356 de 1994, se autorizó de nuevo el uso de armas de fuego restringidas a particulares, inicio de las famosas CONVIVIR…”
Aportes importantes para conocer la génesis de este fenómeno, los que hace la doctora Wills; aunque incompletos por no hacer mención de la responsabilidad de las élites económicas; inspiradoras y principales beneficiarias de ese modelo, ni señalar el papel de la Doctrina de Seguridad Nacional y la política contrainsurgente del Estado como fuentes inspiradoras del fenómeno paramilitar y que el gobierno de Uribe trató de ocultar con la Ley de Justicia y Paz. Fenómeno que aún se mantiene y se niega a desaparecer, porque la doctrina actual y el diseño institucional de las FF. MM. llevan implícita su presencia.
Señora Wills, la acechanza paramilitar sigue latente: En el Urabá chocoano, en las riberas del río Meta, en Puerto Boyacá, en la Sierra Nevada y en muchos otros lugares de la geografía patria y aunque con otros nombres, sigue siendo el mayor obstáculo para la paz.
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