Por Marco León Calarcá
La realidad colombiana nos muestra con toda claridad, la imperiosa necesidad de reformas institucionales profundas, para encauzar al país en la construcción de la paz con justicia social, democracia plena, dignidad y soberanía. De seguir así, entre otros, se corre el riesgo que el desbarajuste sea tal que no tengamos futuro como país. La corrupción en todos los campos y de todas las formas es el pan de cada día, la acompaña la impunidad.
Es imperioso corregir el rumbo. Sobre La Mesa de Conversaciones reposa la propuesta fariana de Asamblea Nacional Constituyente, como única forma de viabilizar los cambios institucionales necesarios, con garantías de democracia, al ser el más amplio espacio de participación popular; atender al clamor de la población por la paz como asunto de todos y todas, sin distinción y posibilitar la refrendación de eventuales acuerdos logrados, con el necesario espacio para los pendiente, sin amenazar conquistas de nuestro pueblo.
Los acuerdos logrados en La Mesa de Conversaciones, no serán puestos en discusión, serán refrendados en la convocatoria.
La constituyente será un tratado de paz, estable y duradero, dará las pautas para realizar las transformaciones estructurales necesarias de orden económico, político, social, cultural y ambiental.
En lo político, por ejemplo, la doctrina de la seguridad nacional con carácter contrainsurgente o de guerra contra la población, en la cual el pueblo es considerado la amenaza a derrotar, matriz del terrorismo de Estado y su paramilitarismo, forma de legalizar la represión violenta que subsiste en nuestro país, mientras el mundo evoluciona a doctrinas de seguridad humana, con las personas como centro.
Hoy por hoy, sin mediar desvergonzados intereses individuales, nadie puede negar la necesidad de una reforma a la justicia. Colombia entera se yergue y exige acabar con el carrusel de pensiones en las cortes, con el “yo te elijo, tú me eliges”, con el clientelismo judicial, “tu nombras los míos, yo nombro los tuyos”, con la “puerta giratoria” entre lo público y lo privado, con el nefasto papel jugado por Don Procurador.
No es una reforma cualquiera, es profunda y seria, las otras ramas del poder ya dejaron ver su incapacidad para hacerlo, en la “reforma constitucional a la justicia” de 2012, montaron tantos y tales despropósitos, conocidos como micos, que les tocó retirarla con enorme vergüenza, si es que la tienen.
Ni hablar del sistema penitenciario donde confluyen intereses de la justicia, del legislativo y del ejecutivo, con marcados nexos con las fuerzas militares y de policía.
La reforma al sistema electoral también es inaplazable, las cuotas, el fraude, la compraventa, incluso anticipada, no solo de votos sino de curules, el gamonalismo, la amenaza, las componendas en todos los aspectos y la heredad de la cauda apoyada en el narcoparamilitarismo, son prácticas conocidas y lo peor se ven como algo normal en la actividad política.
Y no hay ni por donde arrimarse al legislativo, prácticamente todo es inoperante y lo que medio anda lo hace montado sobre la llamada mermelada, un nombre más para la coima, la mordida, además hace carrera el edulcorado lobby, como expresión descarada del tráfico de influencias, legalizado por el neoliberalismo, donde todo se compra y todo se vende legalmente; sigue el manejo desde las prisiones de grupos parlamentarios y los parapolíticos se eligen a través de interpuesta persona.
La forma de explotación de los recursos naturales con su herencia de miseria e intervencionismo son temas pertinentes y centrales de la constituyente.
No son los tiempos de la justicia para los de ruana, los de la manida afirmación “¿Usted no sabe quién soy yo?, los del compadrazgo complaciente, sobre todo en niveles superiores, que son los decisorios, los del poder, los del “cómo voy yo”. Son los tiempos de transformaciones reales a través de la solución política, rodeada de pueblo en lucha por sus intereses.
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