El pasado 7 del corriente apareció incendiado el automóvil de Vanesa Orieta, la hermana de Luciano, esa mujer que combina fragilidad con coraje, lucidez con valentía, en la lucha por el asesinato de su hermano. Como bien expresa el comunicado de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, "somos una familia que lucha por la justicia para Luciano Arruga y todos los jóvenes que la policía secuestra, tortura, mata y desaparece, y esos años nos han permitido dimensionar los alcances de esta mafia estatal organizada y protegida por los poderes más grandes" y tienen claro a quienes se enfrentan.
Pero no es la primera vez que las amenazas están a la orden del día. Desde febrero de 2009, recuerdan, "se hicieron costumbre los amedrentamientos a toda la militancia que sostenía la causa: autos de civil, patrulleros, personas desconocidas que caminaban cuadras detrás de nosotros y llamadas telefónicas con amenazas de muerte explícitas". Mónica Alegre, la mamá de Luciano y Vanesa, tampoco fue la excepción cuando le preguntaron “¿Tu hija está bien?” desde un auto último modelo mientras iba a hacer compras a los pocos meses de la desaparición de su hijo.
Quien "declaró haber estado detenido con Luciano en la Comisaría 8º fue amenazado por personal del Servicio Penitenciario cuando iba al baño en la fiscalía en la que prestó testimonio: ' no hablés porque te vamos a matar ' ”. Toda una señal de lo difícil que iba a ser continuar con la búsqueda y con el esclarecimiento de lo sucedido con Luciano.
A mediados de ese mismo año, "una integrante de Familiares y amigos de Luciano Arruga fue detenida ilegalmente durante horas en la Comisaría 13º de La Tablada, donde fue víctima de torturas y abusos" y en abril de 2011, la madre de Luciano y su familia se despertaron a las seis de la mañana en el medio de una humareda dentro de su casa, al haberles metido una brasa dentro de una pila de frazadas que se encontraba junto a la ventana.
En otra oportunidad, uno de los compañeros fue amenazado con “desaparecé porque te vamos a matar” por uno de los ocho implicados en el secuestro de Luciano. A los pocos días, mientras repartía cuadernos en el barrio 12 de Octubre, fue interceptado por un efectivo policial que, incluso, cargó su arma. No pudieron detenerlo por la intervención de varios vecinos que, luego, también fueron amedrentados. Ya era evidente que se guardaban fotos de los familiares y allegados a la familia de Luciano en las comisarías de La Bonaerense S. A.
Otro hito en la persecución fue la amenaza al hermano menor de Luciano por parte de un policía de civil y otro con uniforme, en agosto de 2012; ambos, sin identificación y que circulaban en un auto sin patente. En enero del año siguiente, cerca de las 12 de la noche, un compañero fue secuestrado por una camioneta en la parada del colectivo para, luego, pasearlo por varios barrios del Conurbano mientras lo amenazaban de muerte y lo tabicaban en su propia casa "para registrarla".
"En septiembre de 2014 dos testigos de la causa por la desaparición forzada fueron detenidos ilegalmente por personal del destacamento de Lomas del Mirador, el mismo que mató a Luciano. Los policías intentaron requisarlos contra la pared sin identificarse ni justificarse, uno de los jóvenes se defendió y entró a su casa, pero lo siguieron y le dieron una golpiza que le abrió la cabeza. Terminaron en la Comisaría 8º, responsable del destacamento, hasta que la familia de Luciano con sus abogados los fue a buscar", continúa el comunicado de los Familiares y Amigos de Luciano Arruga.
No es casual tampoco que, "a menos de una semana del hallazgo del cuerpo de Luciano, una patota intentó prender fuego el local de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza" y que ahora, a días de la condena al policía Torales, en el medio del festival electoral y de la lucha por la implementación de la ley de expropiación definitiva del ex destacamento de Lomas del Mirador para convertirlo en un Espacio para la Memoria independiente, aparezca incendiado el Regatta de Vanesa Orieta.
Los familiares y amigos de Luciano Arruga se negaron a aceptar la custodia de las fuerzas de seguridad. Todo lo expresado anteriormente fundamenta ese rechazo, mientras los funcionarios del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación manifestaban que “la seguridad se negocia”. Craso error. Jamás se podrá negociar la historia, la memoria y la lucha por Luciano, como también contra la impunidad reinante, por cuanto el Estado es responsable: desde la provincia de Buenos Aires al Gobierno Nacional.
Con razón, aseguran que "La situación es insostenible, corremos peligro real". Y vaya si así es. De las amenazas a los aprietes, de las detenciones a los incendios provocados, ¿cuál será el próximo paso de la mafia impune?. ¿Hasta cuándo seguirá esta seguidilla de violencia institucional?.
Mónica Alegre, Vanesa Orieta, sus familias, sus amigos y sus allegados están en peligro. Y es hora que las autoridades se hagan cargo. Por supuesto, mientras Scioli incorpora 15.000 policías más como "soldados para la liberación" y prosigue con su campaña electoral, pretende hacerse el tonto y dejar que la mafia siga con sus planes. Y el Gobierno Nacional acompaña, porque tampoco brinda soluciones. Pero también la militancia tiene que seguir colaborando para protegerlos. Acompañarlos. Cuidarlos.
Mientras todas y todos los acompañemos, habrá menos posibilidades para los viejos fantasmas...
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