Por Matías Aldecoa
En un documento conjunto las FARC - EP y el Gobierno colombiano informaron que “hemos llegado a un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el Acuerdo Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición […] que será un mecanismo independiente e imparcial de cárácter extrajudicial”.
El acuerdo se produjo el 4 de junio cuando el ambiente político por el reciente escalamiento de la guerra estaba enrarecido, lo cual restituyó confianza en el éxito de los diálogos. Algunos analistas no han dudado en calificar este logro de la Mesa como ”la mejor noticia en los tres años de diálogo del proceso de La Habana”.
No obstante, aún quedan diferencias qué dirimir en el punto Víctimas. En tal sentido las Partes se proponen el diseño de un “sistema integral de verdad, justica, reparación y no repetición” que permita satisfacer los derechos de las víctimas, poner fin al conflicto y construir la paz, lo que conlleva cambios de fondo que tengan como propósito la justicia social, puesto que el carácter académico investigativo de la Comisión va acompañado de la puesta en marcha un proceso social y político democrático.
Un escollo removido
Este acuerdo parcial logró desanudar una de las mayores dificultades presentadas, como era la negativa del Gobierno a aceptar la responsabilidad del Estado en el conflicto: Como parte del mandato de la Comisión está “esclarecer y promover el reconocimiento de las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las FARC - EP, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, arganización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto […] y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad”.
Con ello se abre la oportunidad de conocer, por fin, qué es lo que ha pasado en Colomia con relación al conflicto; quiénes, por qué y con qué intereses lo iniciaron y han atizado su prolongación; qué se esconde detrás de cada fracaso de diálogos que ha habido con la insurgencia y qué pudo evitarse de haberse tomado decisiones responsables y acertadas; cuáles han sido las fuerzas oscuras que en todas las etapas del conflicto se han opuesto a la construcción de un Acuerdo que sane las heridas y siente las bases de democracia política y social para una paz estable en nuestro país.
Con el Frente Nacional se prefirió el “olvido” como fórmula para apaciguar y la exclusión política como modelo de gobierno para la perpetuación en el poder de los partidos liberal y conservador, profundizando las desigualdades y las injusticias en vez de subsanarlas.
Toda vez que el periodo objeto de estudio de la Comisión abarca la totalidad del tiempo de duración del conflicto, con la posibilidad de explorar eventos históricos anteriores, habrá posibilidad de conocer la verdad sobre los responsables de los 300.000 muertos del periodo “La Violencia”, de sus masacres y cortes de franela, los crímenes de los chulavitas, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y todas aquellas atrocidades sobre las que nunca hubo esclarecimiento y mucho menos enjuiciamientos.
Para lograr este difícil cometido es fundamental que el Gobierno abra los archivos secretos y dé a conocer las investigaciones que haya sobre la responsabilidad que les asiste a instituciones estatales y funcionarios públicos, políticos, gremios económicos, el poder judicial y demás, en el origen y avivamiento del conflicto, en especial lo concerniente a magnicidios, guerra sucia, paramilitarismo, despojo de tierras, desplazamiento forzado, “falsos positivos”. También los informes de la Comisión Histórica del conflicto y sus Víctimas serán insumos básicos para el trabajo de la Comisión.
El resultado del trabajo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad será por primera vez un esfuerzo oficial por descubrir la verdad ontológica del conflicto. Se rompe así la política del Estado signada por la pretensión de sepultar esa verdad y garantizar impunidad a los responsables que son unas pocas familias que, de generación en generación, se han turnado en el poder durante el último siglo. De la misma forma podrá develarse la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación, la rama judicial, el narcotráfico y los Estados Unidos.
Barreras a superar en el tema Víctimas
Entre los otros mecanismos que se espera constituir para completar el “sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” está una comisión para investicar específicamente el fenómeno del paramilitarismo. Sin el desmantelamiento efectivo del paramilitarismo no habrá garantías de seguridad si se firma el Fin del Conflicto.
Igualmente, es “imprescindible determinar el alcance y contenido del delito político derivado del ejercicio del derecho a la rebelión”, como lo ha dicho el comandante Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC - EP.
“Podemos convenir mecanismos extrajudiciales novedosos, incluso de sanción, que partiendo de la verdad que reclaman las víctimas del conflicto, la reparación integral y la no repetición, hallen el camino cierto de la concordia y la paz”, afirmó el jefe guerrillero. Para ello es necesario enarbolar la paz como derecho síntesis, tomar en consideración el margen nacional de apreciación y la justicia prospectiva.
Si el sistema de justicia no se ajusta a nuestra idiosincrasia, a la historia y condiciones especiales del conflicto colombiano, ni se pone de manifiesto el principio de soberanía, la paz será esquiva.
La violencia de género y la discriminación son como "minas en la sociedad"
Así lo definió la Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para la Violencia Sexual en Conflictos, Zainab Hawa Bangura, luego de visitar La Habana en donde se reunió con las delegaciones de las FARC - EP y del Gobierno y con los representantes de los países Garantes, Cuba y de Noruega, los días 24 al 26 de mayo.
El enfoque de género que revestirá al conjunto de los Acuerdos que surjan en La Habana, además de no tener precedentes en procesos de paz anteriores, su aplicación en un posacuerdo será crucial para que la paz sea duradera y sólida. A la vez es un aporte que puede servir en otros procesos que se propongan la resolución de conflictos.
En referencia a que la violencia contra las mujeres está enraizada en las desigualdades estructurales de género y en la discriminación, la representante de la ONU instó a las Partes a “construir sobre esta base en común, y a mirar el proceso de paz como una oportunidad histórica para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad colombiana a través de cambios estructurales”.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario