Por Manuel E. Yepe
Foto: Virgilio Ponce
El gobierno de Estados Unidos fomenta la fuga capitales de su país hacia regiones pobres mediante exenciones impositivas y otros estímulos a las inversiones de sus corporaciones en el exterior, lo que perjudica a medianos y pequeños productores estadounidenses e indigna a los trabajadores del país que se ven afectados por la fuga de los puestos de trabajo que de esa manera van a parar al extranjero. ¿Acaso se trata de un gesto bondadoso de la superpotencia en solidaridad con los trabajadores de los países pobres del tercer mundo?. Por supuesto que no.
Nótese que en la medida que la industria y los bancos de Estados Unidos y otras corporaciones occidentales incrementan sus inversiones en el tercer mundo, crece, en vez de disminuir, la pobreza en estas regiones. Cuando el capital transnacional entra en contacto con los ricos recursos naturales del Sur, con sus bajos salarios, altas ganancias y la casi total inexistencia de regulaciones medioambientales, impuestos, y disposiciones para la seguridad laboral, todo se modifica en función de los intereses los nuevos “benefactores” del Norte.
A resultas de ello las transnacionales están desplazando, allí donde no lo han hecho ya, a las burguesías locales, asumiendo el control de sus mercados.
Según la experiencia mexicana de integración económica con Estados Unidos, en poco tiempo los subsidiados productos excedentes de los integrantes del cártel estadounidense del comercio agrícola, abastecen con sus artificiales bajos precios a los mercados locales desplazando de esas plazas a productores y comerciantes mexicanos.
Mediante testaferros suyos, expropian las mejores tierras en estos países mediante el sistema de la compra integral de cosechas (cash - crop) para la exportación. Generalmente se trata de monocultivos que requieren gran cantidad de pesticidas y van dejando cada vez menos espacio para el cultivo de múltiples variedades de cosechas orgánicas con las que por siglos se ha alimentado la población local.
Pero es preciso aclarar que los ahorros que las grandes corporaciones obtienen con la mano de obra barata de los países pobres no se traducen en precios más bajos para consumidores de Estados Unidos ni los de otros sitios. Las corporaciones no contratan mano de obra en regiones lejanas para que los consumidores de su país puedan ahorrar dinero, el objetivo es incrementar su margen de beneficios.
Como regla, la ayuda al exterior de Estados Unidos va unida a la inversión transnacional y está diseñada para subvencionar la construcción de las infraestructuras que las corporaciones necesitan para poder operar en el Tercer Mundo, como son puertos, aeropuertos, autopistas y refinerías.
Cuando la ayuda se entrega a los gobiernos viene con muchas ataduras. Por lo general, a la nación receptora de la ayuda se le exige dar preferencia en sus compras a las ventas de entidades estadounidenses y la adquisición de mercancías y alimentos para consumo local deben dar prioridad a mercancías importadas, de manera que, junto a la deuda, creen dependencia.
Una buena parte de la ayuda monetaria, va directamente a las arcas personales de funcionarios corruptos de los países receptores que participan en las negociaciones.
La Organización de Naciones Unidas creó, en 1944, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), supuestamente encargados de canalizar la ayuda al desarrollo de las naciones.
Pero, en ambas organizaciones, el poder de voto está determinado por las contribuciones financieras de cada país, razón por la cual Estados Unidos, el mayor donante, es el que verdaderamente aprueba las decisiones, asistido de un selecto grupo de banqueros y funcionarios de los ministerios de economía de las naciones más ricas.
Cuando cualquier país pobre incurre en el impago de sus deudas con alguna de estas dos instituciones, corre el riesgo de que el FMI le imponga un “Programa de ajuste estructural” (SAP, por sus siglas en inglés) consistente en el otorgamiento de beneficios fiscales a las corporaciones transnacionales y reducción de beneficios sociales a sus propios trabajadores.
El FMI presiona a las naciones deudoras para que privaticen sus economías, vendan a precios bajos sus minas, ferrocarriles y servicios públicos pertenecientes al Estado. Deben recortar sus subvenciones a la salud, la educación, el transporte y los alimentos básicos, gastando menos en el bienestar de su población para poder hacer frente a los pagos de la deuda.
Tal es la verdadera historia de la “ayuda al desarrollo”.
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