El pasado viernes tuvo lugar el tercer día del juicio contra los asesinos de Mariano Ferreyra, el cual comenzó con las explicaciones por parte del tribunal acerca de las "salidas culturales" de Favale. Según manifestó su presidente, el barra brava integrante de la patota de Pedraza solicitó permiso en dos ocasiones; una de ellas, para visitar a su madre que se encontraba internada en un hospital, lo que fue denegado y la segunda, si bien el Servicio Penitenciario Federal envió una nota informando la autorización para concurrir a una "feria cultural" en San Telmo, al llegar el escrito a otro juzgado, recién llegó al tribunal pasada la fecha de la actividad. Ante la denuncia pública de estas actividades, los integrantes del tribunal respondieron que no se concretó debido a la falta de autorización judicial.
Aunque ya se habían exhibido los principales videos del ataque a los tercerizados del Roca durante la audiencia anterior, la mayoría de las defensas insistieron en continuar mostrando el resto del material, tales como noticieros posteriores a los hechos, cámaras de seguridad y videos de celulares. Otra vez, las chicanas destinadas a evitar el comienzo de las indagatorias de los imputados en la causa.
Pasadas las 17.00 hs., se dió por finalizada la exhibición que hemos mencionado y el Tribunal preguntó a José Pedraza acerca de si iba a prestar declaración, a lo cual el sindicalista afirmó que lo hará posteriormente e indicó sus datos personales, como su domicilio en Puerto Madero y su condición de "empleado" con un ingreso mensual de $ 25.000... Sin palabras...
Media hora después, se dispuso la realización de un cuarto intermedio hasta las 10:00 de ayer.
En la audiencia de ayer, la cuarta del juicio oral, el resto de los imputados se negó a declarar salvo para suministrar sus datos personales y se leyeron sus declaraciones por Secretaría. Así, Juan Carlos “El Gallego” Fernández, el lugarteniente de Pedraza, al igual que su jefe, reconoció un ingreso mensual de $ 25.000, y refirió la circunstancia de ser hijo de un Policía Federal; Pablo Díaz, quien dirigió el ataque en el lugar y estuvo en permanente contacto telefónico con sus jefes antes, durante y después de su ejecución, se negó a decir el nombre de su mujer y su domicilio alegando “razones de seguridad”, siguiendo posteriormente las de Jorge Daniel González, Claudio Gustavo Alcorcel, Francisco Salvador Pipitó, Gabriel Sánchez, Guillermo Armando Uño, Juan Carlos Pérez (también hijo de policía) y Cristian Daniel Favale.
Luego fue el turno de los policías, quienes fueron llamados por orden de jerarquía, y al igual que sus socios de la burocracia sindical, se negaron a declarar. Mientras se leían las indagatorias de la instrucción, dieron sus datos personales el comisario inspector Luis Osvaldo Mansilla, de 59 años de edad y 37 en la PFA, afirmó que se encuentra percibiendo un haber mensual de $16.000, completando sus ingresos con el haber de su esposa, también retirada de la fuerza, quien percibe su retiro completo y el comisario mayor Hugo Ernesto Lompizano, de 56, y 38 de servicio, quien afirmó que percibe un haber mensual de $ 18.000 y que completa sus ingresos con $ 4.000, al ser profesor titular de una asignatura deportiva en el ISEF Nº 1 "Dr. Enrique Romero Brest", el conocido instituto de formación docente en Educación Física, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bien vale la acotación del organismo de Derechos Humanos al preguntarse "¿Sabrán los aspirantes a profesor de educación física quién los está formando? ¿Sabrán los padres de los futuros alumnos de esos profesores bajo qué guía aprendieron a enseñar deportes?"
Por otra parte, recordamos que fueron pasados a disponibilidad, en marzo de 2011, por esta causa, lo cual implica que perciben un haber menor...
El juicio continuará el próximo jueves por la mañana, con el resto de la declaración de sus datos personales por parte de los restantes policías y por la tarde, declararán los primeros testigos, los militantes que acompañaban a los tercerizados del Roca en su reclamo.
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