Presentarán hoy el Informe Anual 2012 de la Comisión Provincial de la Memoria. En un acto a realizarse hoy, a las 15.00 hs., en el auditorio del Pasaje Dardo Rocha, sito en la calle 50 entre 6 y 7 de la capital bonaeren...

Presentarán hoy el Informe Anual 2012 de la Comisión Provincial de la Memoria.

Informe Anual 2012 - CPM 2En un acto a realizarse hoy, a las 15.00 hs., en el auditorio del Pasaje Dardo Rocha, sito en la calle 50 entre 6 y 7 de la capital bonaerense, se presentará el Informe Anual 2012 que fuese elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria.


En dicho documento, se plasma el trabajo de dicho organismo sobre las políticas penitenciarias, de seguridad y de niñez de la provincia de Buenos Aires para dar cuenta de la realidad en estas cuestiones, la que fue caracterizada como "El sistema de la crueldad".


Según informó Diario Judicial, el informe denuncia que se registraron 10.500 hechos violentos en penitenciarios de la Provincia durante el año pasado, persistiendo “la tortura como práctica sistemática”, “la sobrepoblación”, las “condiciones inhumanas de detención” y “la corrupción estructural”.


Con un promedio de 10 muertes por mes en las cárceles bonaerenses, la estadística revela que fallecieron 126 presos en 39 de las 54 unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense; de ellas, destacaron que las violentas crecieron un 30% con relación al año anterior, ascendiendo a 47 mientras que las muertes por enfermedades curables ascendieron a 75 (principalmente VIH).




Asimismo, se denuncian los 7089 hechos de torturas y malos tratos que ocurrieron durante el año pasado, al igual que el registro de 10.458 hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario, un promedio de casi 30 hechos por día.


Este organismo es integrado, entre otros, por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, Alejandro Mosquera, Aldo Etchegoyen y Laura Conte, y en atención al actual estado de situación explicado en el informe emitió ciertas recomendaciones tales como la “reorientación de la política criminal (derogación de la ley antiterrorista; creación de una comisión nacional para la reforma, actualización e integración del Código Penal; reordenamiento del Código Procesal Penal y profundización del sistema acusatorio)” y la “transformación de la institución policial en clave democratizadora”.

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