"El tiempo que es, el que fue, el que será", es el título del comunicado por el cual la Unión por los Derechos Humanos de La Plata denunció la desprotección a testigos, familiares, víctimas y militantes de Derechos Humanos por parte del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales.
Afirmaron que "el secuestro y la desaparición de Jorge Julio López desnudó la fragilidad operativa" del Estado que provocó la exposición física y psicológica a las víctimas mientras no se realizaba inteligencia sobre conocidos represores que iban a afrontar diversos procesos penales. Este hecho, junto a lo acontecido con Juan Puthod y Silvia Suppo, llevó a hablar de la mencionada falta de protección estatal.
Asimismo, recordaron la innumerables denuncias ante las amenazas y atentados "hacia los sectores militantes de DD. HH., familiares, sobrevivientes, testigos de las causas, Hijos, Madres, Abuelas, organismos, organizaciones sociales y políticas, pueblos originarios, campesinos, etc.", exigiendo el inmediato esclarecimiento y castigo a sus responsables pero sostuvieron que se observan "claras muestras de la continuidad de acciones mafiosas que atentan contra la memoria, la verdad y la justicia".
"Demás está recordar que todos los casos denunciados continúan impunes, y que su investigación y difusión pública se diluyen con el propio avance de los procesos: se archivan y se paralizan, mientras se ofrece un programa de contención psicológica de testigos a la vista insuficiente ante los atropellos continuos de los grupos cómplices de los genocidas", afirmaron.
En numerosas oportunidades, los organismos de DD. HH. vienen sosteniendo que la única política efectiva de protección a las víctimas del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”, pues "la exposición indefinida de las víctimas a un horizonte incierto de juzgamiento no hace más que perpetuar la situación de impunidad que los propios procesos judiciales, parciales y cansinos, vienen generando", y señalaron que, como consecuencia de ello, sufren una "revictimización acompañada de depresión, ataques de pánico, reactualización del terror, repercusiones en su grupo familiar, etc.".
Por otro lado, afirmaron que el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales "no toman las riendas y la decisión política de ir hasta las últimas consecuencias en desbaratar el entramado político de complicidades (entre las fuerzas represivas aún activas, -Proyecto X, ley antiterrorista- y los poderes económicos, empresariales, políticos y eclesiásticos) que perpetraron el genocidio y la impunidad, no garantizan la plena vigencia de los mecanismos de protección de ciudadanos y ciudadanas propios de un Estado democrático de Derecho, que otorgaría la imprescindible protección a todos aquellos testigos y querellantes en los juicios por crímenes de lesa humanidad y demás luchadores sociales", lo cual facilita los graves hechos intimidatorios que se han sucedido en estas semanas tales como el atentado en la APDH de Lomas del Mirador, La Matanza; el atentado y sustracción de archivos sobre la represión en el domicilio de Ulises Roldán Rodríguez, integrante de la Comisión de Familiares, Vecinos y Amigos de Desaparecidos de Lanús, las amenazas y golpes al hermano de Luciano Arruga de 16 años; la campaña de la empresa Ledesma en Libertador General San Martín para amedrentar a testigos, enfrentar a la población y generar un clima de hostilidad en contra de los sobrevivientes y testigos claves de La Noche del Apagón, junto a la destrucción de la señalización en el ingenio Ledesma; las amenazas, en Jujuy, a la hija del testigo Hugo Condorí; el atentado contra Félix Díaz, líder Qom, en Formosa, la destrucción del mural sobre Mariano Ferreyra y pintadas agraviantes en sitios de memoria y paredes de Santiago del Estero.
Un caso particular fue la aparición de carteles reivindicando a los genocidas del circuito Camps a metros del Tribunal donde se desarrolla el juicio, en La Plata y por ello, responsabilizaron y acusaron al Gobierno Nacional y al Gobierno provincial "por no haber separado de las fuerzas armadas, de seguridad y de inteligencia a los torturadores, por no haber desarmado la red de complicidades que abarca a muchos más, por no cuidar a los miles de testig@s y militantes de derechos humanos en los juicios y por permitir la permanencia en el Poder Judicial de jueces que trabajan para la impunidad de los genocidas, los que todavía continúan libres caminando por las calles, ya sea porque no se los imputa o porque se los beneficia con excarcelaciones o prisiones domiciliarias".
Concluyeron manifestando que seguirán adelante y no pararán hasta encontrar la justicia y castigo en cárcel común y perpetua a todos los responsables del genocidio.
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