Mediante un comunicado titulado "El gobierno y los organismos de Derechos Humanos deben impedir ingreso de colaborador de la dictadura a la Casa de Gobierno", la Gremial de Abogados de la Argentina exhortó a los organismos de Derechos Humanos para que apoyen el repudio a Gerardo Martínez, ex agente del Batallón 601 de Inteligencia y actual Secretario General de la UOCRA (Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina).
Respetando "las identidades y de los agrupamientos políticos de los distintos compañeros"; algunos de los cuales revistan en el oficialismo, al igual que diversos organismos de Derechos Humanos afines al Gobierno Nacional, afirmaron que no pueden dejar de repudiar la imagen donde se observa a la Presidenta de la Nación junto al hombre que revistó en las filas de la Inteligencia del Ejército Argentino, lo cual fue comprobado tras la respuesta recibida al pedido de informes a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la causa contra el compañero Carlos Olivera, del SITRAIC. El recientemente fallecido Dr. Duhalde, titular de dicha dependencia estatal, informó al Tribunal en lo Criminal Nº 8 que los registros contienen el legajo y número de DNI del sindicalista de la construcción, incluyendo las fechas en las cuales revistó en la Inteligencia Militar, al igual que varios datos de importancia, sostuvieron.
Por otra parte, recordaron las imputaciones contra José Rodríguez, del SMATA, por su colaboración con Mercedes Benz y Ford para la desaparición y asesinatos de los delegados de dichas automotrices, como también afirmaron que "hay otros casos donde aún no se han presentado los ' certificados ' o pruebas de valor judicial de haber sido buchones de los militares o sus pertenencias a las bandas de la derecha peronista".
"Sabrá el Gobierno Argentino, sabrá la Presidenta y sus ministros, sabrán las organizaciones políticas del oficialismo las razones que tendrán para admitir a un agente de inteligencia de la Dictadura en la casa de Gobierno y recibirlo como un aliado", afirmaron al referirse a la presencia de Gerardo Martínez en la Casa de Gobierno y señalaron que ello "le resta autoridad moral para señalar a otros como permanentemente lo hacen".
Destacaron que la recepción del sindicalista es repudiable e implica una mayor impunidad para las bandas de la burocracia sindical que actúan atacando a trabajadores y luchadores, como ocurrió con Carlos Olivera o con Mariano Ferreyra.
Por otro lado, aclararon que la institución puede considerarse como un organismo de Derechos Humanos en general, pero sostuvieron que conforman "una organización de solidaridad y acompañamiento para con los que luchan, sean quienes fueren y sin considerar sus pensamientos o identidades políticas"
Concluyeron en la solicitud a los organismos de Derechos Humanos; en particular, a los afines al Gobierno Nacional, el repudio a Gerardo Martínez y que se expresen en contra de este colaborador de la dictadura cívico - militar, aclarando que jamás solicitarán "que repudien, discutan o se enfrenten con el Gobierno que defienden y que -en muchos casos- integran, pero sí que dejen en claro quien es Gerardo Martínez y que no debería ser recibido en la Casa de Gobierno".
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