Por Carlos del Frade
(Ape).- “Un comisario principal de la Agrupación Cuerpos y otros 14 policías fueron detenidos ayer por orden del fiscal Miguel Moreno, acusados de la muerte de Ivan Leonel Mafud, de 26 años, tras una supuesta persecución al auto que manejaba, y que los efectivos fraguaron como un enfrentamiento, el 8 de septiembre de 2014. En este mismo caso, diez meses después, la familia de la víctima -que no tenía antecedentes penales- denunció haber encontrado droga en el vehículo, que estaba retenido en Jefatura. Según se desprende de la investigación fiscal, los policías mataron al joven y fraguaron el escenario para encubrir el asesinato. La audiencia imputativa se realizará mañana y el fiscal considera que tiene prueba suficiente para demostrar falsedad ideológica, homicidio, robo, incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”, decían los medios de comunicación rosarinos el miércoles 3 de febrero de 2016, doscientos tres años después del combate de San Lorenzo, muy cerquita de allí, cuando San Martín iniciara su proyecto de un ejército popular latinoamericano en armas que debía, sobre todas las cosas, proteger a las ciudadanos indefensos.
Entre los 15 policías detenidos está el oficial Roberto Fabián Dilda, quien junto a otros tres uniformados fue acusado en febrero de 2014 por cohecho pasivo “al hallarse pruebas suficientes de haber cobrado una importante suma de dinero para permitir la evasión de un joven que tenía pedido de captura por sus vínculos con la banda de Los Monos y al que habían apresado con otros dos jóvenes a bordo de un auto y cambiarlo por otro muchacho sin antecedentes”, agregaron los diarios.
En aquellos días, Dilda, quien fuera subjefe del Comando Radioeléctrico, y otros tres hombres de la fuerza fue acusado de haber recibido 35 mil pesos para que Leandro "Gordo" Vilches, detenido tras una persecución junto a otros dos muchachos ligados a Los Monos en la zona sur de la ciudad, no llegara a la comisaría y en su lugar fuera un joven sin antecedentes penales que rápidamente recuperó la libertad.
Horas más tarde, Omar Pereyra, secretario de Seguridad provincial, calificó al hecho como "un delito gravísimo" y dijo que apuntan a una "autodepuración" de las fuerzas, a fin de tener "una policía creíble y confiable".
"Esta es una causa que se inició apenas ocurrido el hecho en septiembre de 2014, la Justicia fue avanzado en la causa. Judiciales de la Regional II estuvo trabajando desde el primer momento con la Fiscalía y con el Juzgado interviniente", señaló Pereyra. Destacó que las imputaciones contra los uniformados "van desde coautoría de homicidio a incumplimiento de deberes de funcionario público y falsedad ideológica".
"El policía está formado en una serie de normas, principios y responsabilidades como funcionario público. Por el poder de policía que el Estado delega en él para que haga ejecutiva la seguridad pública. Pero tenemos en ese contexto un grupo de delincuentes que, utilizando el uniforme policial, ejecutan mal su tarea. Y en el peor de los casos, como en este, incurren en el delito gravísimo", advirtió Pereyra.
El funcionario agregó que ante esta realidad "el propio Ministerio (de Seguridad) y la policía estamos trabajando en la autodepuración de estos elementos, en el convencimiento que tenemos que llegar a una policía creíble, confiable y profesional".
Estos hechos no solamente marcan la distancia que hay entre el deseo y la realidad.
Cuando el 11 de enero pasado, algunos integrantes de la policía santafesina habían atrapado a los tres evadidos del penal de General Alvear, los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe salieron a celebrar una nueva etapa, subrayando que se había terminado la corrupción y los nexos con el narcotráfico.
El asesinato de Mafud, la simulación de un enfrentamiento y las posterior “siembra” de drogas en el auto incautado hablan de prácticas enraizadas en la institución que debe proteger la seguridad de la segunda población de la república Argentina.
Prácticas tan viejas como el concepto de autodepuración, algo que se decía a finales de los años noventa y algunos periodistas preguntaban por qué todavía seguían en actividad oficiales que habían sido denunciados y probados como torturadores. En aquellos tiempos, 1997, aparecía el término que ahora se repite, “creer en la autodepuración de la fuerza”.
Más allá de los deseos y las buenas intenciones, la realidad de la práctica cotidiana e histórica de la policía de la provincia de Santa Fe está muy lejos de presentar una cara distinta. El caso Mafud da prueba de eso.
Fuentes: Diarios “La Capital” y “Rosario/12”, del miércoles 3 de febrero de 2016.
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