Terminó el mes de marzo y en Colombia vivimos una situación de alta violencia política que nos lleva a realizar un análisis sobre las causas, consecuencias, actores y la correlación de fuerzas que, al día de hoy, se presentan en el contexto colombiano.
En primer lugar, el análisis del avance del paramilitarismo y las acciones de violencia que aumentaron en el último mes contra el movimiento social no puede darse por fuera del contexto político que envuelve a las instituciones del Estado. Tras la captura de Santiago Uribe Vélez (hermano menor del ex presidente Álvaro Uribe Vélez) sucedida el 29 de febrero de 2016, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, declaró en una de sus intervenciones el 1 de marzo que "por menos de eso había comenzado la violencia política" (1).
La relación de estas declaraciones violentas con lo que empezaba a suceder en las periferias campesinas a lo largo y ancho del país no son especulativas, sino alarmantemente vinculadas con la oleada de asesinatos recientes. Tan solo de Marcha Patriótica fueron asesinados 16 de sus integrantes en diferentes zonas del país, así como miembros del Congreso de los Pueblos, de la Unión Patriótica, de la ONIC, entre otros, con lo cual se llegó a la cifra de 28 líderes y lideresas que cayeron por la acción criminal de estos grupos paramilitares. El mes de marzo termina con el inicio de un paro armado decretado por las "Autodefensas Gaitanistas de Colombia" o "Clan Úsuga", quienes amenazaron a las poblaciones de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar y Sucre para que no se realizara ningún tipo de actividad comercial, educativa, de transporte so pena de atentar contra la vida y los bienes de quienes incumplieran la orden. En este mismo contexto, el grupo paramilitar "Las Águilas Negras" "invitaba" a los colombianos a marchar el 2 de abril en contra de los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba. Hay que recordar, por supuesto, que la marcha del 2 de abril es una iniciativa del señor Álvaro Uribe Vélez y su partido político "Centro Democrático". Este mismo grupo de las "Águilas Negras", al tiempo que extienden la "invitación" a participar de la iniciativa del señor Uribe, envían panfletos amenazantes a organizaciones del Cauca, entre las que se encuentran Marcha Patriótica, Ruta Pacífica de las Mujeres, ACIN, COCOCAUCA, periodistas y docentes de la Universidad del Cauca, a los cuales se les cataloga como “guerrilleros camuflados” y “candidatos del narcoterrorismo”, calificativos típicamente usados por senadores y representantes del partido “Centro Democrático” y por el uribismo en general contra todos aquellos que trabajan por la Paz con Justicia Social.
Como agravante de ésta situación, el viernes 1º de abril paramilitares intentaron atentar contra la vida de nuestra vocera nacional, la lideresa y ex senadora Piedad Córdoba Ruiz, un hecho que demuestra la intolerancia de los sectores guerreristas a quienes han puesto todo por lograr la Paz con Justicia Social y que exige de todas las fuerzas políticas y sociales de Colombia y el mundo la solidaridad y exigencia al gobierno colombiano de garantías para la oposición.
Un segundo escenario a tener en cuenta es el Proceso de Paz, donde no fue posible firmar el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto en la Mesa de Diálogos de La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC - EP, anunciada para el 23 de marzo por las partes dadas diferencias sobre temas cardinales para la dejación de armas e implementación de los acuerdos. Sin embargo, pudimos presenciar quizás uno de los acontecimientos más destacados desde el punto de vista político en la actual coyuntura, el cual fue la reunión entre John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, y las Delegaciones de Paz tanto del Gobierno como de la insurgencia, reunión en la que la potencia del norte expresó su apoyo a la Mesa de Diálogos. Este hecho, que más allá de algunos análisis profundos expresados oportunamente y que no se superpone a las desconfianzas históricas, es un logro de la insurgencia haber sido invitada a dialogar con un el alto funcionario, pues se reafirma su centralidad como actor político en el plano nacional e internacional en el devenir del presente y el futuro de Colombia.
No podemos olvidar tampoco la trascendental noticia de la apertura a fase pública de las conversaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, pues con ello se refuerza la necesidad y la convicción de llegar a una paz estable y duradera por parte de las insurgencias. Esta nueva etapa que se abre con el ELN no puede leerse como texto aparte de los diálogos con las FARC - EP sino que, por el contrario, va a complementar lo avanzado con análisis y propuestas que amplíen la democratización de los diferentes espacios y sujetos colectivos al interior del país, en el sentido de que Colombia transita por un Proceso de Paz con dos Mesas de Diálogos.
Como tercer escenario, tenemos a los movimientos políticos y sociales que, a pesar de ser la principal víctima histórica del conflicto político, social y armado colombiano, han tenido grandes avances en organización e incidencia en el contexto nacional. Marzo también se convirtió en un escenario de movilización donde las organizaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y afrocolombianas le demostraron al gobierno y a las fuerzas de derecha opositoras a la paz, que están presentes para defender un modelo de país distinto al que nos han impuesto en los últimos 200 años. Sectores sociales altamente politizados salieron a las calles el 17 de marzo para protestar contra el modelo económico, pero también para defender el Proceso de Paz y para exigirle al gobierno el desmonte del paramilitarismo que ha sido parte de la combinación de todas las formas de represión del Estado colombiano contra la oposición política, el pensamiento crítico, las y los defensores de la tierra y el territorio, la juventud inconforme, los pueblos originarios y en general, contra quienes no encajan en la cerrada estructura político económica e ideológica de su régimen de dominación de clase.
Un día después, el 18 de marzo, las mujeres patriotas se tomaron la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá para iniciar una vigilia permanente en la cual denunciaron los 118 asesinatos de integrantes del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en 4 años, visibilizando estos crímenes aún en la impunidad y logrando el pronunciamiento del Ministerio del Interior para la constitución de una comisión que estudie los casos que no son portada de los medios de comunicación hegemónicos. Ello demuestra una vez más que es necesaria la presión a las instituciones estatales y gubernamentales responsables de la protección, prevención e investigación de hechos ocurridos contra el movimiento social y popular, y reafirmar que la organización y la acción son la fortaleza de las bases sociales en nuestro país y en el continente.
Bajo este contexto, vemos la alineación cada vez más clara de sectores políticos de la derecha colombiana con las organizaciones paramilitares que, con la estrategia de "a sangre y fuego", buscan recuperar un poder político, territorial e ideológico que se ha ido diezmando de manera progresiva a medida que aumenta la legitimidad del Proceso de Paz. Un Estado cuyas instituciones están ampliamente deslegitimadas por decisiones que están en contravía de las mayorías del pueblo colombiano, por la corrupción de funcionarios vinculados y vinculadas al paramilitarismo y por las omisiones frente al tratamiento igualitario en relación al plano económico y jurídico de los sectores sociales, lo cual ha profundizado las contradicciones de clase y visibilizado la función del actual régimen político en favor de las élites nacionales. Un gobierno que cada vez está más contra las cuerdas, pues la decisión de las insurgencias de cerrar el conflicto armado por la vía política ha cercenado el argumento militarista del gobierno y de ciertos congresistas de la derecha, quienes veían en esa lógica la posibilidad de perpetuar el estado de alteración del orden público y de mantener el gran negocio en el que se ha convertido la guerra. Unas insurgencias que, aunque en el plano nacional siguen teniendo algunos sectores contradictores, en el nivel internacional han venido ganando mayor legitimidad ante los Estados Latinoamericanos y Caribeños, Europeos e incluso Norteamericanos que cada vez menos les tienen argumentos para darles el calificativo de organizaciones terroristas y que muchos reconocen como organizaciones políticas alzadas en armas. Un movimiento social y popular que viene avanzando tanto cuantitativa como cualitativamente y que le apuesta a la unidad de acción como potenciadora de la estrategia política ante el escenario nacional e internacional; que ha tenido, y busca tener mayor incidencia en los Diálogos de La Habana bajo la lógica de actor colectivo, activo y propositivo y sin lugar a dudas lo hará en los del ELN; que se ha visibilizado principalmente en toda nuestra región y por tanto ha sido objeto de grandes expresiones de solidaridad por parte de organizaciones sociales, populares, democráticas, progresistas y revolucionarias. Es decir, un movimiento social que está avanzando en la transformación de una sociedad en guerra a una sociedad en Paz, con Justicia Social, Democracia y Soberanía.
Hemos puesto en Marcha nuestro corazón y seguirá en Marcha la esperanza
NOTAS:
(1) Declaración dada a la cadena de noticias radiales Blue Radio el 1º de marzo de 2016.
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