En el día de ayer se realizó la conferencia de prensa convocada por los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) - La Matanza y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), acompañados de víctimas de la violencia institucional.
La APDH La Matanza, en representación de Mónica Alegre, madre de Luciano y el CELS solicitaron el cambio de carátula de la causa por considerar que existen elementos suficientes para presumir la desaparición forzada del joven de 16 años, visto por última vez el 31 de enero de 2009 en Lomas del Mirador.
Cabe destacar que el expediente tramita actualmente en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial de La Matanza e interviene el Juzgado de Garantías en lo Penal Nº1 de la mencionada jurisdicción judicial.
En la presentación judicial, tras casi cuatro años de impunidad, sostuvieron que "estamos ante la posible comisión de uno de los delitos más graves en materia de vulneración de Derechos Humanos", considerando que, a diferencia de lo acontecido bajo el terrorismo de Estado, este caso no constituye la consecuencia de "un plan centralizado, sino que muestran las consecuencias de prácticas reiteradas de abuso policial y de diferentes formas y grados de negligencia, inacción y/o complicidad judicial en diferentes provincias del país", lo que resulta posible debido a "los amplios márgenes de autonomía policial, por la ausencia de gobiernos políticos que controlen efectivamente su actuación y de un Poder Judicial que investigue y sancione adecuadamente", afirmaron.
No puede soslayarse que la desaparición de personas, como en el caso de Luciano Arruga, constituye un mensaje hacia otros jóvenes en similar situación, como también para los familiares de las víctimas, amigos y testigos, quienes son amenazados e intimidados de diversas formas.
"Por sus características específicas, la desaparición forzada de personas es una figura que requiere la mayor diligencia estatal y hacen necesarias medidas que podrían no ser requeridas en la investigación de otro tipo de delitos", resaltaron. Por otra parte, destacaron "que la desaparición misma se presenta como una maniobra extrema de encubrimiento de una acumulación de hechos de violencia: la desaparición se produce justamente con la intención de borrar todos los rastros y así obstaculizar investigaciones posteriores y procurar la impunidad de los victimarios".
Al igual que, desde el momento mismo de la desaparición y el inicio de la investigación judicial, reafirmaron que "existen serios indicios de la participación policial en la privación ilegal de la libertad de Luciano Arruga", sin que exista ninguna información sobre su paradero, ni identificación de los responsables de este delito de lesa humanidad, el cual deberá ser investigado por la Justicia Federal.
Sostuvieron que "en momentos en los que se está discutiendo fuertemente sobre el funcionamiento de la justicia y la necesidad de que se investigue la complicidad policial y política ante graves violaciones a los Derechos Humanos, el Estado argentino tiene la obligación de aportar a la familia Arruga la verdad de lo sucedido, la identificación de los responsables de la desaparición de Luciano y su sanción".
Por otra parte, elevaron un pedido de juicio político para la destitución de la Dra. Roxana Castelli, primera fiscal a cargo de la investigación del caso, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires debido a que incurrió en serias irregularidades durante su desempeño y presentaron una nota ante la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de solicitar la realización de una exhaustiva investigación sobre el accionar de los funcionarios policiales durante la instrucción de la causa por parte del mencionado organismo.
Con respecto a la denuncia por mal desempeño contra la Dra. Roxana Castelli, fiscal a cargo de la UFI Nº 7 de La Matanza, por su actuación durante el inicio de la investigación, indicaron que ella "delegó las tareas en la misma dependencia policial sospechada"; razón por la cual, Patricia Ochoa, Fiscal General de La Matanza, apartó a la funcionaria mencionadai por violación de la Resolución Nº 1390 de la Procuración General, la que establece que no debe delegarse la investigación en este tipo de casos a la policía.
Por otro lado, recordaron que esta misma fiscal "omitió investigar o tan sólo iniciar una causa penal por los golpes y amenazas que Luciano recibió en septiembre de 2008, aun cuando estaba al tanto de aquellos hechos y disponía de suficientes elementos para hacerlo", lo que pudo ser iniciado hace apenas seis meses pero sin haberse avanzado en la identificación de los responsables de estos hechos.
Tras estas consideraciones, afirmaron que "la gravedad de su accionar no puede quedar únicamente en el apartamiento de la causa “Arruga” e indicaron que la misma Procuradora General, Dra. María del Carmen Falbo jamás la sancionó internamente.
Asimismo, recordaron que "el caso quedó en manos de la fiscal Celia Cejas", reactivándose la labor investigativa durante los primeros meses de 2011 tras el impulso de las partes y consolidándose la sospecha sobre los policías involucrados, aunque sin avances significativos acerca del paradero de Luciano. Desde mediados de 2011 cesó dicha tarea, aún cuando están pendientes peritajes y otras medidas de producción de pruebas.
Respecto de la denuncia contra los policías sospechados ante Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, presentada el pasado 5 de noviembre, recordaron que, en abril de 2009, Damián Sotelo, Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecer, Emiliano Márquez, Néstor Díaz, Hernán Zeliz y Damián Borrego, los ocho policías pertenecientes al destacamento de Lomas del Mirador y sospechados por la desaparición fueron pasados a disponibilidad pero, al no avanzar la causa judicial, fueron reincorporados y cumplen funciones en otras jurisdicciones.
Tal como vienen sosteniendo, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga denunciaron que "el gobierno provincial mostró una falta absoluta de interés por profundizar las investigaciones internas que hubieran ayudado a impedir que se sostenga el absoluto silencio que existe sobre lo que sucedió con Luciano y las maniobras de encubrimiento que se mantienen hasta el día de hoy". Sin embargo, los testimonios y las pocas pruebas que pudieron recolectarse en la investigación judicial permiten presumir "con toda claridad la situación irregular en la que funcionaban las dos dependencias policiales sospechadas" y afirmaron que, "aún ante la ausencia de prueba directa por la desaparición de Luciano, los responsables políticos debieron haber intervenido con firmeza para retomar el control de la jurisdicción y reconducir un funcionamiento policial totalmente degradado, que posibilitó que se llegue a la desaparición de un menor de edad en la zona y que la policía aparezca sospechada de intervenir, de encubrir y de hostigar a los jóvenes del barrio".
Por otra parte, afirmaron que "una intervención a tiempo de las autoridades políticas hubiera permitido generar un escenario más propicio para una investigación judicial difícil".
Las irregularidades cometidas por los policías identificados en la causa penal, configuran faltas graves que, "en su conjunto, aportan fuertes indicios de un plan criminal que permanece impune, no solo a nivel judicial, sino también a nivel administrativo, donde es el gobierno provincial el que debe controlar y sancionar el mal desempeño de sus fuerzas policiales", recordando que el gobernador Scioli, su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y su secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, se comprometieron en el mes de agosto de 2012 al avance de las investigaciones administrativas que son de su competencia, las cuales, hasta la fecha, no han tenido ningún resultado y obligando a la presentación efectuada oportunamente que dieron a conocer en la conferencia de prensa.
No hay comentarios. :
Publicar un comentario