El Juez Federal Daniel Rafecas procesó y dispuso la prisión preventiva a Carlos Alberto Martínez, ex general del Ejército, quien estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano que asesoraba en forma directa a Jorge Rafael Videla, quien fuera Comandante General del Ejército y presidente de la Junta Militar, en la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas.
Dicho procesamiento se dictó por la participación del ex militar en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura, en el Primer Cuerpo de Ejército, mediante el procesamiento de la información obtenida mediante los interrogatorios a víctimas detenidas, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado en los procedimientos de detención ilegal, para luego hacer la llamada “apreciación de inteligencia”, y determinación de “blancos”, que guiarían las acciones a seguir del plan represivo. Asimismo, el auto judicial sostuvo que la Jefatura II de Inteligencia tenía una doble función: consultiva y requirente ante Videla, Comandante General del Ejército, quien decidía respecto de la realización de los operativos que implicaban la concreción de las acciones criminales.
Martínez fue considerado partícipe necesario del homicidio de 151 personas, la privación ilegal de la libertad de 1194 personas, la aplicación de torturas a 696; en tres casos, seguidos de muerte durante el período en que se desempeñó como Jefe de Inteligencia, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, fecha en la cual fue designado a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) hasta enero de 1982.
Asimismo, se lo procesó por su participación en el homicidio de Bernardo Alberte, Coronel -ascendido post mortem- del Ejército, quien había sido edecán y asesor del General Perón durante la década del ' 60, y que el mismo día del golpe de estado, a la madrugada, habría sido arrojado por personal militar desde la ventana de su domicilio del 6º piso de Av. Del Libertador de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar que participó contra las víctimas que estuvieron en los centros de detención “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, “El Vesubio”, “Superintendencia de Coordinación Federal”, “Garaje Azopardo”, “Automotores Orletti”, “Hospital Posadas”, “Sheraton”, “Cuatrerismo”, “Comisaría de Monte Grande, y del circuito represivo conformado por la “Comisaría 1° de Junín”, “Unidad 13 del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires”, “Unidad Regional 8 de Junín” y “Destacamento de Morse”.
Por otra parte, también se le atribuyó la intervención como partícipe en varios operativos de detención ilegal; entre ellos, el llevado a cabo en el “Hospital Posadas”, o el realizado en la llamada “Quinta La Pastoril” o “Quinta de Moreno”, o en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- en Castelar, como asimismo se le atribuyó la privación ilegal de la libertad de siete personas secuestradas en la localidad de Marcos Paz; entre ellas, Oscar Felipe Sánchez, intendente de dicha localidad hasta 1976 y el secuestro de un grupo de profesionales y empleados pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica, como Antonio Misetich, entre otros prestigiosos científicos de reconocimiento internacional que aún se encuentran desaparecidos.
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