La jueza María Cecilia Paskevicius, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de 3ª Nominación de Santiago del Estero, ordenó el desalojo de una familia del territorio de la comunidad indígena Ayllu de Tulúm Tulúm del Pueblo Diaguita Cacano, argumentando que ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ni el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (ReTeCI), nunca habrían informado que se haya relevado la comunidad en el marco de la ley 26160; que no existiría tal comunidad y; que no serían 17 familias indígenas en el territorio sino solamente una.
Sin embargo, en octubre de 2011, el juez Federico Argibay Berdaguer, a cargo del Juzgado, había ordenado el desalojo de la familia Orellana aunque ello fue suspendido tras el informe del INAI acerca de la existencia de la comunidad indígena a la cual pertenece dicho grupo familiar, al igual que lo informado por el Comité de Emergencia, perteneciente a la Dirección de Relaciones Institucionales dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, tras una inspección ocular solicitada por el mismo magistrado.
Posteriormente, en respeto a la vigencia de la Ley 26160, el magistrado ordenó la suspensión del desalojo, solicitando el relevamiento del territorio de la comunidad al INAI y ello fue realizado durante los días 15 y 16 de junio del corriente año, constatando la existencia de la misma y de la familia Orellana como parte del Ayllu, lo que fue notificado al juzgado desde el Programa de Relevamiento Territorial del organismo nacional que se ocupa de los asuntos indígenas.
Este año, tras un recambio de jueces, asume en el citado juzgado Paskevicius, quien procede a realizar personalmente una nueva inspección ocular, acompañada de la parte que solicita el desalojo y fue recibida en el domicilio de los Orellana no sólo por miembros de la familia, sino también por el resto de la comunidad, a los cuales la jueza se dirigía cuando les hablaba como “supuesta comunidad indígena”, tras lo cual visitó al comisionado municipal de Medellín, Julio Abdala, a quien le consultó si tenía conocimiento de la existencia de alguna comunidad indígena en el territorio, a lo cual Abdala respondió que “… cara de indios tienen, pero no son… son un grupo de vagos que no saben sembrar ni una planta de perejil en una maceta y no dejan trabajar a los que vienen a traer trabajo a la zona…”.
Cabe destacar que este funcionario, a quien la jueza tomó como informante clave, es el mismo a quien el 1º de junio del año pasado el Fisco de la provincia le remató, por incumplimiento fiscal, 400,00 hectáreas también pertenecientes al Ayllu de Tulum Tulúm que él se hallaba usurpando y es el mismo que, en el 2007, salió como testigo a favor del empresario de origen cordobés Sbiglio en su intento por usurpar el territorio del Ayllu Puncu Atun, declarando que en el lugar no había familias viviendo como también es quien hoy niega el agua a las familias indígenas y campesinas que no aceptan dejar su tierra y trasladarse al pueblo de Medellín.
Según indicaron desde la Unión Solidaria de Comunidades del Pueblo Diaguita Cacano, el citado funcionario desconoce que el propio pueblo de Medellín se encuentra dentro del territorio de la comunidad Ayllu Taa Ayllus Kuska y que la mitad de las familias que están radicadas en el pueblo pertenecen a la comunidad.
Otro informante al que recurrió la magistrada durante su visita fue la Directora de la Escuela Nº 749 de Puesto del Rosario, Marcela Gómez, quien consultada al igual que el comisionado habría respondido que “algo escuchó … pero es gente que se reúne en secreto …”. A pesar de dicha respuesta, no puede ocultar que, obligada por la vigencia de la Ley, tuvo que aceptar en el 2010 la presencia de censistas indígenas en el Censo Nacional de Población y Vivienda y las gestiones que realizó en más de una oportunidad para acercar documentación de la comunidad necesaria para las becas indígenas.
Cabe destacar que el relevamiento del territorio del Ayllu de Tulúm Tulúm fue conocido públicamente a raiz de la detención del comunero Víctor Anchaval por parte de personal policial de la Seccional 20 de Villa Atamisqui producida el 14 de junio, un día antes de la realización del relevamiento ordenado por el juez Argibay Berdaguer en cumplimiento de la ley 26.160. Al momento de la detención, el comunero fue interrogado por la policía sobre quienes serían los que vendrían al día siguiente a la comunidad y con qué propósito.
No obstante lo sucedido, el Pueblo Diaguita Cacano respetará la Ley 26.160 y en respeto a ella, no permitirá el desalojo de la familia Orellana del territorio del Ayllu, ni de ninguna otra familia, afirmaron y sostuvieron que es responsabilidad de la jueza Paskevicius lo que pueda ocurrir ante el intento de desalojo.
Desde la Unión Solidaria de Comunidades (USC) del Pueblo Diaguita Cacano informaron que esta situación ha sido puesta en conocimiento del INAI porque no sólo incumple con la Ley sino que además pone en grave riesgo los derechos y la integridad física de los miembros de la comunidad pues el desalojo sólo esta alentado por los intereses económicos de quienes pretenden deforestar El Alto, bosque sagrado del Pueblo Diaguita Cacano y, único cordón de bosque nativo, categorizado como I, Rojo, por la Ley de Bosques.
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