Por el Prof. Juan Carlos Sánchez, Director Editorial de Gacetillas Argentinas
En la mayoría de los medios comerciales de América Latina y de la Península Ibérica no suele difundirse la realidad española en su verdadera dimensión, por cuanto suele ocultarse el enorme costo social de la crisis económica y financiera desatada a partir de la asunción de Mariano Rajoy. Apenas se conocen alguno de los escándalos que actualmente sacuden a una sociedad que no quiere ver lo que acontece con los desocupados, las personas con discapacidad y los que confiaron en la burbuja inmobiliaria generada por los mismos bancos.
Pero no es casual que ello así sea. La manipulación informativa forma parte del arsenal con el cual cuenta el capitalismo para su subsistencia, junto con la actuación del aparato represivo en todos sus niveles. Ello permite ocultar los enormes salvatajes que tuvo que hacer el Estado español a Bankia y a otras entidades financieras, como también el fuerte incremento del desempleo que llevó al incumplimiento del pago de las hipotecas, mediante severos recortes presupuestarios a la salud y educación pública.
Si en Argentina, el gobierno se proclama como "el gobierno de los Derechos Humanos" podríamos decir que la gestión de Rajoy es "el gobierno de los banqueros y los desahucios". Ambos apelan a la represión para acallar las voces de protesta frente al avasallamiento de derechos fundamentales como los derechos al trabajo, a un salario digno y a la vivienda, protegiendo los intereses de los poderosos; en particular, de la oligarquía terrateniente, de los bancos y de las transnacionales.
Una investigación realizada por la consultora Knight Frank demostró que "las fortunas con más de 30 millones de dólares (22 millones de euros) aumentaron un 39 por ciento para llegar a la cifra de 3.475" en el periodo 2003 - 2013 (1), mientras que 4.526.804 personas se encuentran desocupadas de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2).
Por otra parte, la OCDE afirmó que España es el estado donde más se ha incrementado la desigualdad, tras informar que entre 2007 y 2010 los ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ninguno de los otros Estados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajaron más del 10% y sólo cayeron más del 5 % en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia, de acuerdo a lo publicado en su informe "Panorama de la sociedad" correspondiente a marzo del corriente año. (3)
Como hemos visto, el ajuste recayó sobre los trabajadores en lugar de hacerlo sobre los banqueros, especuladores y multimillonarios llevando a una situación similar a la de la Argentina en el año 2000, cuando la convertibilidad se hizo añicos y donde también fueron protegidos los bancos dejando en el absoluto desamparo a millones de personas, inclusive de la clase media, constituyendo una situación estructural que aún subsiste pese a los parches materializados en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la jubilación para las amas de casa y el subsidio por desempleo (antes denominado Plan Jefes y Jefas de Hogar).
La burbuja y los desahucios
Ada Colau y Adrià Alemany, los dos activistas visibles de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se refieren en su libro "Vidas Hipotecadas" (4) a las consecuencias de la burbuja inmobiliaria promovida por entidades bancarias como Bankia, CatalunyaCaixa, Caja Madrid, Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Santander; las dos últimas, también con sucursales en la Argentina, que afectaron a más de 350.000 personas desde el 2007.
"El artículo 47 de la Constitución española establece que todos los ciudadanos del Estado español tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y todavía más: que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, y que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos", comienzan a explicar al referirse al derecho a la vivienda.
Desde 1997 a 2007, gracias al bajo interés crediticio y la liberación de los créditos para que cualquiera pudiera acceder, se generó una ola de operaciones inmobiliarias que se conoció como "la burbuja inmobiliaria", la que fue reforzada mediante un slogan muy conocido: "la vivienda nunca baja de precio, la vivienda es una inversión segura". Sin embargo, al explotar, más de 5.000.000 de personas habían quedado desocupadas y 1.400.000 hogares tenían a todos sus miembros sin ningún tipo de ocupación. Y cuando escasean los ingresos, lo primero que se deja de pagar es la hipoteca.
"Según datos del poder judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2011 se iniciaron 349.438 ejecuciones hipotecarias en España. Según datos de 2011, cada día se inician 212 procesos; es decir, 6.360 al mes", informaron los activistas de la PAH. Los últimos datos afirman que se agregaron 219.706 ejecuciones hasta el primer trimestre del corriente año; en total, 569.144.
Al contrario de la legislación argentina, que establece el remate de la vivienda y el desalojo de sus ocupantes y/o ex-dueños sin otros gastos y deudas, las leyes españolas prescriben que debe rematarse el inmueble al no pagarse la hipoteca y en caso de quedar desierto, los bancos pueden adjudicarse el bien por el 60% de su valor pero la diferencia que no quede cubierta más los intereses y los gastos del juicio quedan como deuda para el ex-propietario.
Esta legislación en España y la seguidilla de desalojos, algunos de los cuales con tintes dramáticos que incluyeron el suicidio de varias y varios desahuciados, motivó la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el 2009.
Su Manifiesto "Contra el fraude hipotecario, por el derecho a la vivienda" denunciaba que son "víctimas de un fraude hipotecario generalizado y de unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos los que facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de que muchos de nosotros no éramos sujetos de crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflando el precio, y aumentando así la deuda contraída. Pero la lista de irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada, cuando no engañosa, sobre posibles aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener" y advirtieron que "dada la ' desavalorización ' sufrida por los pisos, es posible que quien los pierda siga debiendo dinero a la entidad que astutamente lo endeudó". Asimismo, propusieron que se paren los desalojos a las familias hipotecadas y avalistas; que se regule la dación en pago, por la cual si se ejecuta la hipoteca quede saldada la deuda y que se convierta a las viviendas hipotecadas para ser destinadas a alquiler social para sus antiguos propietarios.
Y esta es la lucha, junto con la Iniciativa de Legislación Popular para la modificación de lo referido al régimen hipotecario, que llevan a cabo todos los días en más de 60 ciudades de toda España para parar los masivos desalojos, bajo el lema de Stop Desahucios.
Sin dudas, "el gobierno de los banqueros y los desahucios" lo hizo y lo hace. Poco le importan las familias afectadas. Pero también debe ser un llamado de atención para quienes vivimos en Argentina, más allá de la baja en el precio de los inmuebles y de la paralización del mercado inmobiliario, porque los bancos cuentan con el as en la manga de la negociación con los fondos buitres para, luego, buscar que se modifique la legislación al igual que Chevron y su "contrato secreto".
Nada sería extraño con este gobierno neoconservador que, cada vez más, va hacia la derecha para competir con el resto de una oposición, la que se mimetiza a cada paso con la gestión actual; al menos, con el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.
NOTAS:
(1) Multimillonarios españoles incrementaron su riqueza un 40% desde el estallido de la crisis (Kaos en la Red)
(2) El paro sube en 79.154 personas en octubre y encadena su tercer ascenso consecutivo. (Kaos en la Red)
(3) España es el estado de la OCDE donde más han aumentado las desigualdades sociales (Kaos en la Red)
(4) Puede leerse y descargarse gratuitamente en: http://afectadosporlahipoteca.com/wp-content/uploads/2013/01/vidas-hipotecadas.pdf
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