Mediante un comunicado conjunto, los Familiares y Amigos de Luciano Arruga, APDH La Matanza y el CELS informaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense decidió la apertura del juicio político al Juez Gustavo Banco y a las fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas a instancias de las denuncias efectuadas ante las gravísimas faltas en la causa judicial tales como la falta de respuesta a los familiares sobre el paradero del joven desaparecido en enero de 2009 y la ausencia de investigación alguna acerca de la participación policial, lo cual era evidente tras dejar el caso en manos de la Policía Bonaerense.
Según afirmaron, ambas fiscales "contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano Arruga", las que fueron incorporadas al expediente por la fiscal Castelli cuando "solicitó la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por efectivos de la Policía Bonaerense". Ello se evidenció con la aparición del cuerpo del joven, constituyendo dichas huellas "un elemento fundamental en la investigación que se abrió con el hábeas corpus pedido por la familia, APDH La Matanza y el CELS en julio de 2014".
Asimismo, la fiscal Cejas no tuvo en cuenta "información esencial para encontrar al joven, que hubiera permitido avanzar desde el primer momento en una investigación sobre qué pasó en las horas previas a la desaparición y muerte de Luciano", como también ordenó la escucha de los teléfonos de los familiares durante un año y medio, en un acto destinado a criminalizarlos, con la anuencia del Juez Gustavo Banco.
Por otra parte, con respecto a la investigación que lleva a cabo el Juez Federal Juan Pablo Salas, se obtuvo el testimonio del conductor del vehículo que lo atropelló, quien indicó que Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando” siendo ello una de las prácticas históricas de hostigamiento y persecución de la Policía Bonaerense.
No obstante el inicio del sumario para formalizar la acusación y decidir sobre la actuación de estos funcionarios judiciales bonaerenses, señalaron que la familia sufrió "la discriminación y el desprecio de las instituciones judiciales a las que les corresponde dar contención y respuestas" mientras se espera el establecimiento de "criterios de actuación claros de protección de derechos humanos para enfrentar prácticas arraigadas de violencia policial" al Poder Judicial por parte del sistema político provincial porque "no puede haber impunidad para los abusos policiales ni tampoco para los funcionarios políticos o judiciales que responden con desidia, formalismos o complicidad".
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