Por Dr. Eduardo A. Romanin *
Con una cara que marcaba solemnidad en sus declaraciones, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Alejandro Collia, anunciaba muy suelto de cuerpo, que “ante el avance incontenible del flagelo de la droga en la provincia de Buenos Aires se crearían unidades de Atención Primaria a las Adicciones, dónde no sólo se trataría el consumo problemático de drogas, sino también los fundamentos de la adicción, las posibilidades de reinserción, capacitación y de dar un nuevo sentido a la vida en comunidad”, según relata, sin ponerse colorado, el diario no opositor, La Capital de Mar del Plata.
Créase o no, estos conceptos ya habían sido expuestos hace más de 18 años atrás, por el Dr. Juan Alberto Yaria, designado por entonces Secretario de Atención y Prevención a las Adicciones, por el gobierno de Duhalde. Para ello y con rango de Secretaría de Estado, se distribuyeron a lo largo y ancho de la provincia más de ciento treinta CPA (Centro Provincial de Adicciones), una decena de comunidades terapéuticas con personal altamente especializado y capacitado que, con ingentes recursos y una férrea voluntad política, serían los encargados de reparar, como brazo del Estado, los daños que el consumo de drogas provocaba en la población bonaerense.
Junto a ello, el gobierno de la provincia prometía campañas de represión de los narcotraficantes con un aumento de penas, especialización judicial, cuerpos policiales de elite y la desarticulación de las numerosas -más de 900-, pistas clandestinas de aviación existentes. También se prometía realizar intensas campañas de contención para que la juventud no cayese en la adicción en forma sistemática desarrollando costosas campañas de información y prevención que mostraban a las adicciones como un flagelo a vencer.
Es sorprendente entonces, que habiendo pasado casi veinte años el Ministro de Salud nos vuelva a prometer los mismos objetivos, repitiendo lo que sus antecesores ya pregonaban y no mostrando lo que es hoy por hoy, la atención a las adicciones y la lucha contra la droga en la provincia de Buenos Aires.
Así llegamos, a que el número de CPA existentes ha disminuido considerablemente, habiendo pasado de 134 centros operativos a una cifra inferior al centenar. So pretexto de descentralización de las unidades operativas, se deja vacante a importantes localidades del conurbano. El próximo a desaparecer es el CPA de Lanús, siguiendo la suerte de otros centros de atención ya cerrados. Se los subordinó al Ministerio de Desarrollo Social quitándoles la autonomía presupuestaria y funcional que tenían en sus orígenes. Su presupuesto operativo tuvo una importante merma y sus agentes especializados en la problemática fueron trasladados a otros sectores, mientras que los que permanecieron en el área sufrieron recortes en sus sueldos más que desalentadores .También se les recortó la carga horaria semanal pasando de 40 hs. a 24 hs. con la consiguiente disminución de la excelencia en el servicio. Actualmente una agente profesional / técnico especializado del CPA cobra un sueldo mensual que no supera los $ 5.000. Las cajas chicas mensuales que permitían afrontar los pequeños y necesarios gastos, librería, mantenimiento, etc., actualmente son instrumentadas cada ocho o nueve meses, debiendo en muchos casos el mismo personal sostener el servicio.
Tampoco en la parte represiva hubo mejoras significativas. No se descubrió ni cerró ninguna pista clandestina de aterrizaje. Las cocinas (pequeñas fábricas de cocaína) pululan por todo el conurbano, multiplicándose de esta manera el número de personas comprometidas con el negocio. Los jefes narcos colombianos encontraron en la Provincia (véase Nordelta), zonas liberadas para sus negocios. La división de competencias, federales y provinciales para el trato judicial no dió resultados, tratándose hoy de igual manera al joven que fuma un porro como al dealer que los trafica. La policía bonaerense en lugar de ser parte de la solución se ha visto invadida en algunos sectores por grandes bolsones de corrupción, no teniendo cuerpos de elite especializados en la difícil tarea de combatir el narcotráfico. Tampoco las políticas de prevención con contención, que Yaria proponía como baluartes en la pelea, han sido suficientes y en muchos casos inexistentes en el ámbito provincial, a pesar de las costosas y marketineras campañas que Scioli nos regala en la temporada veraniega.
Es decir, que aquello que propone el ministro Collia del gobierno de Scioli, como remedio al flagelo, es algo propuesto hace más de dieciocho años y que, teóricamente, ya está llevándose a cabo en el territorio bonaerense. En palabras más llanas se puede decir que, como tantas otras cuestiones, el verso o el discurso no coincide con la realidad. Al gobernador Scioli, a su ministro y a los funcionarios del área, les sugerimos bajar al territorio para conocer cómo se vive, cómo se lucha, y sobre todo cómo se multiplican sin éxito los esfuerzos titánicos de la sociedad civil para evitar que se reproduzcan los traficantes.
Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, decía Perón, y en esta materia específica de lucha contra las drogas, el axioma peronista no se cumple. Lo que se está haciendo es todo lo contrario: se deshace, no se hace; se destruye, no se construye.
* Abogado y dirigente político del Partido Socialista Autentico (Argentino)
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