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Por Manuel E. Yepe
Foto: Virgilio Ponce
Dada su asiduidad, las balaceras que dejan varios o muchos civiles muertos y heridos han dejado de ser noticia en Estados Unidos. Solo llegan a ocupar espacios en los noticieros cuando involucran alguna circunstancia muy excepcional.
Tal fue lo que ocurrió en horas de la mañana del 26 de agosto cuando la reportera de televisión Alison Parker entrevistaba en vivo para la telemisora local WDBJ de Moneta, Virginia, a una persona que hablaba acerca de la importancia del desarrollo económico de la comunidad y de pronto surgieron disparos y gritos desesperados. Parker, de 24 años, y el camarógrafo que grababa la entrevista, Adam Ward, de 27 años, fueron baleados.
Al ser capturado algunas horas más tarde por la policía, Vester Lee Flanagan, el asesino, intentó suicidarse y murió en un hospital. Antes, había colgado en su perfil de Facebook un video tomado por él mismo del momento del crimen. Según las primeras pesquisas, sus discrepancias con la telemisora por asuntos laborales habían sido el móvil del asesinato múltiple.
Es sumamente difícil entender cómo, en Estados Unidos, los fabricantes de armamento han logrado imponer las reglas para la tenencia y uso de armas de fuego que mantienen vivo el negocio de la venta de armas a la población, uno de los más lucrativos en ese país pero causa de un sinnúmero de desgracias como la descrita en la sociedad estadounidense.
El culto a las armas de fuego en Estados Unidos ha llegado a extremos que contradicen el sentido común y las más elementales normas de seguridad ciudadana. Es resultante de una mezcla de interpretaciones muy contradictorias de la Segunda Enmienda de la Constitución, manipuladas por el poderoso grupo de cabildeo congresional conocido como Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la voracidad de empresarios dispuestos a vender a los ciudadanos las más mortíferas armas para ganar dinero, y las veleidades de los políticos en la Casa Blanca y el Congreso que sucumben al dinero pródigo de estos intereses y apoyan sus ambiciones.
El fusil calibre .50 es un arma de guerra capaz de derribar un avión, perforar las defensas de vehículos blindados y tiene una alta precisión de disparo a una milla de distancia. No tiene uso deportivo ni para la caza, pero puede comprarse en cuarenta de los cincuenta estados de la Unión Americana, (excepto en California) como si fuera una pistola corriente.
La Cámara de Representantes ha autorizado la exportación de esta mortífera arma y permitido su venta legal, lo que ha llevado a los grupos y los pocos periodistas que se oponen a la expansión de las ventas de armas de fuego a la población a pronosticar que no pasará mucho tiempo sin que esos fusiles sean usados en actos de terrorismo y contra soldados estadounidenses desplegados por el gobierno en todo el mundo ejecutando la guerra “antiterrorista” o promoviendo la versión de democracia que impone Washington en sus relaciones con otras naciones mediante cambios inducidos de gobiernos.
Los efectos sociales nocivos de las armas se extienden como una epidemia a través de las fronteras a varios países vecinos y, en primer lugar, a México, nación donde aunque el origen de estos problemas es propio, el contrabando de armas letales que son de venta legal en Estados Unidos ha complicado dramáticamente el combate contra las mafias, raigalmente involucrado con el tráfico de drogas ilícitas, la trata de personas y el contrabando en general.
No hay que perder de vista el hecho de que la posesión masiva de armas de fuego por la población en Estados Unidos hasta cierto punto justifica la agresividad de la policía, obligada a defenderse de un número ilimitado de potenciales agresores armados.
Aunque no se conoce el número de ciudadanos asesinados por oficiales de policía cada año en Estados Unidos, se sabe que en 2014 la policía ha dado muerte a un número de personas que duplica la cantidad de estadounidenses fallecidos en balaceras masivas desde 1982 en toda la nación norteamericana.
Un ciudadano estadounidense cualquiera tiene nueve veces más probabilidades de ser asesinado por un oficial o agente de policía que por un terrorista.
Lo más lamentable es la contradicción que se aprecia en el hecho de que, una parte muy significativa de la ciudadanía más consciente favorezca la tenencia masiva de armas por la población como un hecho que presiona contra los abusos de la oligarquía y esa oligarquía, uno de cuyos miembros más influyentes es el grupo de cabildeo congresional de la NRA, boga en el mismo sentido.
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