Por Víctor Ángel Fernández
En estos tiempos de cambio, de los cuales todos esperamos mejoras, aparecen voces que, de una forma u otra, proponen variantes para soslayar la historia. Abiertamente lo expresó el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la Cumbre de las Américas efectuada en abril, aunque más reciente, John Kerry, en la ceremonia protocolar de La Habana, se refirió al tema en un tono menos tajante.
Recorriendo un poco por Internet, ojeando periódicos y revistas que no por años de editados, han perdido su vigencia, hallé el libro de Alberto Batista Reyes, "Infidelidades de tres hermanas. El mundo subterráneo de la Esso, la Shell y la Texaco en Cuba" (1), dedicado a estudiar los entretelones de las principales compañías petroleras radicadas en Cuba. En esas fuentes, encontré datos sobre uno de los temas espinosos y candentes de las actuales negociaciones y que, de seguro, formarán parte en la agenda de la anunciada Comisión Bilateral entre Cuba y su “ahora vecino” norteño. Me refiero a las intervenciones y nacionalizaciones llevadas a cabo por el Gobierno Revolucionario cubano durante los inicios de nuestro proceso.
Los grandes consorcios de capital norteamericano, no tenían -ni tienen- ningún pudor en declararse intocables ante cambios internos de políticas, no sólo en su cercano patio trasero americano, sino en cualquier otra parte del mundo. Así actuaron en Guatemala, en la década del ' 50, al ver afectados los intereses de la United Fruit Company, por las medidas del gobierno de Jacobo Arbenz. En Cuba, primero se robaron una guerra ya ganada y después se robaron la constitución de la naciente República, con intervenciones incluidas. Así debía suceder una vez más en esta Isla del Caribe. Vayamos a las causas.
La Habana, uno de los principales centros de expansión de los intereses norteamericanos hacia el resto de América, se había posicionado como la sede de los controles petroleros del área caribeña. Según el citado libro, la Esso Standard Oil, la Shell de Cuba y la Texas Company (W.I.) Ltd. (Texaco), ubicaron una sede en la capital cubana, con el objetivo de evitar los impuestos estadounidenses y desde aquí, orientar las relaciones gubernamentales, la política salarial o la estrategia de ingresos, entre otros aspectos fundamentales para el desarrollo petrolero.
Valga una digresión para estos tiempos actuales de consumismo desenfrenado, donde muchas personas creen en las diferencias de las marcas como un evangelio divino y permítanme traer del recuerdo algo sobre la publicidad. Las tres compañías, poseían lemas diferenciadores entres las características de sus combustibles. El distintivo Vitane rojo de la Esso, el ICA de la amarilla Shell o el azul de la Texaco, prometían al cliente la diferencia en potencia y rendimiento. Pero, nos explica Batista Reyes en su libro, que estas tres hermanas, tenían un acuerdo en común para que, en caso de retrasos en sus respectivos barcos cargados con el combustible a refinar, las otras dispusieran de los colorantes correspondientes para las sustituciones. Así, los ingenuos y fieles consumidores, tendrían azul procedente del óvalo rojo o ésta, a su vez, pudiera haber sido producida en las tuberías y tanques de su amarilla competidora con el símbolo de la concha. Nos venden de todo y, lo peor, nosotros lo consumimos.
Regreso a la historia. En esta línea del combustible se produciría una de las batallas iniciales entre los intereses norteamericanos y el naciente gobierno cubano. Todo comenzó por el recorte de solicitudes de envíos de petróleo hacia Cuba promovido por estas compañías, unido a los trámites gubernamentales para adquirir petróleo producido en la entonces Unión Soviética y la negación de las “tres hermanas” a refinar ese combustible. Pudiera parecer sólo discrepancia económica o tecnológica, pero una sugerencia al respecto, efectuada por el entonces Secretario del Tesoro en reunión con representantes de los consorcios petroleros, inserta, como ha sido habitual, la componente política del problema, aunque es bueno aclarar, tal cual se ha recogido en alguna prensa de la época y posteriormente por historiadores que se refirieron al tema, que incluso en aquellos días de 1960, las citadas compañías no tenían una negativa fundamentalista a refinar el petróleo que le suministrara el estado cubano, sin tener en cuenta la procedencia del mismo.
De acuerdo con Batista Reyes, el gobierno cubano sólo esgrimió para esta orden de refinamiento de combustible, una norma conocida como Ley de Minerales Combustibles, firmada en mayo de 1938 que, explícitamente en su artículo décimo, se refería a la obligatoriedad de procesar petróleo suministrado por el Estado, cuando este lo considerase. Aquella Ley, hablaba no sólo de las refinerías existentes, sino de las que en un futuro se pudieran establecer.
Si nos ubicamos en esa década del treinta, no eran precisamente gobiernos progresistas o alejados de los intereses norteamericanos los que regían esta tierra nuestra. O sea, no fue una reglamentación del Gobierno Revolucionario, la que destapó la Caja de Pandora, sino sólo la revisión y aplicación de las normas existentes, las cuales nunca fueron cumplidas por los gobiernos genuflexos de la época, incluidos los que la habían aprobado. En el libro que nos sirve de referencia principal, se alude a un intercambio de notas, en 1957 con el embajador de Estados Unidos, (aquí también la política) donde se anulaban los riesgos por expropiación o confiscación de las propiedades norteamericanas en la Isla. O sea, conocían la ley, pero la dejaron dormir, para que todos se creyeran independientes y constitucionalistas.
Y sigue la historia. La terquedad de los propietarios y los hilos semiocultos que los movían, llevaron a que el Gobierno Cubano avisara a las compañías sobre la necesidad impostergable de refinar el petróleo que se le suministrara, dados los bajos inventarios existentes en los tanques. La persistencia de la negativa no dejó otra opción que la intervención de estas industrias. No debe olvidarse que esta palabra no significaba expropiación, sino sólo la toma de riendas por el Estado para que se cumpliera con el objetivo de esas instalaciones. La expropiación propiamente dicha, se hizo imprescindible poco tiempo después, dado el abandono total de sus propietarios o, en otros casos, una abierta política de confrontación, llegando incluso al sabotaje hacia sus propias instalaciones.
Tampoco ese proceso final fue una invención del Gobierno Revolucionario. La Ley Fundamental de 1959, basaba su contenido en la Constitución de 1940, aquella por la que vinieron a “luchar” los mercenarios derrotados en Playa Girón, (no olvidar este dato a la hora de las reclamaciones: formados, pagados y soportados por el gobierno norteamericano). También en la de 1959, se otorgaba al Estado Cubano el derecho a EXPROPIAR (2) y a establecer el pago correspondiente.
Precisamente, con respecto a este tema del pago, la Ley 851, de 6 de julio de 1960 (3), establecía la forma y modo de indemnizar el valor de las propiedades de personas naturales o jurídicas de otros países, que fueran objeto de nacionalización.
Una muestra de la referida arrogancia, fue la nota del embajador norteamericano, en la cual enunciaba la forma particular de SU gobierno para interpretar NUESTRA constitución. La respuesta del Canciller de la Dignidad, Raúl Roa, no se hizo esperar: “No es al gobierno de su excelencia, sino a los tribunales de justicia de Cuba a quienes incumbe la interpretación de las leyes cubanas. Cuba es un estado libre, independiente y soberano…” (4).
Los preceptos del derecho internacional fueron acatados por el Gobierno cubano para proceder al respecto de las expropiaciones. Como puede leerse en el sitio web CubaVSBloqueo (5), del Ministerio de Relaciones Exteriores… “La nacionalización… generó negociaciones con los propietarios extranjeros de bienes nacionalizados, que culminaron con… Acuerdos Globales de Compensación (Lump Sum Agreements), práctica internacional bien consolidada para el momento. Los Estados de la nacionalidad de los extranjeros, (españoles, franceses, suizos, británicos, canadienses y otros), asumieron la representación de sus nacionales y aceptaron como indemnización una cantidad general no discriminada en función de los bienes particulares objeto de la expropiación, pagadera además en los términos convenidos en el curso de una negociación donde se conciliaron los intereses de los propietarios de los bienes nacionalizados y los intereses del Estado cubano”. Sólo en el caso de las propiedades de los ciudadanos norteamericanos fue imposible concluir este proceso.
Así que ahora cuando, según las palabras del Secretario de Estado, dejamos de ser enemigos y pasamos a la categoría de convivientes de este espacio geográfico y dejamos de ser “régimen de Castro” para, también de acuerdo con los nuevos discursos, convertirnos en “Gobierno Cubano”, vale la pena retomar la historia. No sólo la que nos cuentan hoy en día las transnacionales de la noticia, envueltas en el mejor papel de regalo existente y listas para servir y consumir, sin muchos análisis, pues este ejercicio, DICEN, no está de moda.
Traigo del recuerdo la serie televisiva mexicana El Carruaje (6), presentada en Cuba hace tres o cuatro décadas. Específicamente, aquel capítulo que trataba sobre el final de Emperador Maximiliano. La alta burguesía mexicana pide audiencia al presidente Juárez, solicitándole la necesaria suspensión, al decir de los reclamantes, de la muerte del invasor. ¿Cómo era posible -le cuestionaron al Benemérito de las Américas- que se fuera a fusilar en México a un Emperador? Luego de ratificar la sentencia y de que los reclamantes se retiraran, estas las palabras de Juárez a su más cercano colaborador: -Escuchó, amigo. Todavía hoy, los indios americanos nos dejamos deslumbrar por los espejitos y por la fantasía de quienes desean someternos.
Siempre hay que volver al estudio de la historia pues, como muchas veces se repite, ese mirar hacia atrás podrá ayudarnos en la fijación del rumbo que ya tenemos encima para encaminarnos al futuro.
NOTAS:
(1) Batista Reyes Alberto. Infidelidades de tres hermanas. La Habana, Letras Cubanas, 1986
(2) Ley Fundamental de 1959. Fue promulgada el 7 de febrero de 1959 por el gobierno provisional presidido por el Doctor Manuel Urrutia Lleó tras el triunfo de la Revolución Cubana. La Ley se basaba, en esencia, en la Constitución de 1940, la cual había sido derogada por la dictadura de Fulgencio Batista, pero establecía determinados cambios adecuados al momento histórico que vivía la nación.
Fuente: http://www.ecured.cu/index.php/Ley_Fundamental_de_1959.
(3) López Benítez, René. Confiscaciones y nacionalizaciones, conflicto histórico Cuba-Estados Unidos.
(4) Cuba rechaza protesta de Estados Unidos por intervención de refinerías Texaco y ESSO.
(5) El proceso de expropiación e indemnizaciones en Cuba.
Fuente: http://www.cubavsbloqueo.cu/es/el-proceso-de-expropiacion-e-indemnizaciones-en-cuba.
(6) El carruaje fue una telenovela mexicana histórica producida por Miguel Alemán Velasco para Televisa en 1972. La telenovela recrea el tenso ambiente político que se vive en el México de 1867.
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