Sumario:
1. La represión internacionalista.
2. Justicia de Morón: gatillo que no se investiga, política que revictimiza.
3. Nosotros trabajadores, ellos represores.
4. Represión a los trabajadores del INTI
1. La represión internacionalista.
El 27 de julio, Madrid amaneció con la noticia de una nueva represión en sus calles. Esta vez le tocó al grupo de manifestantes contra la Ley Mordaza, dos de los cuales fueron fuertemente apaleados y quedaron detenidos. Gracias a esta ley, la Policía Nacional de España tiene vía libre para actuar de cualquier manera frente a diversas situaciones que puedan ocurrir en el país. Más concretamente, se ha hecho pública una expresión de un agente, que dijo: “ahora que tenemos una ley que nos ampara, habrá que usarla”. Es una realidad que, a partir de la entrada en vigencia de esta nueva ley, la represión en España se traduce en el aumento real y efectivo de la legitimidad con que el estado faculta a través de la constitución la función represiva.
Mientras tanto, en EE. UU., se materializó un nuevo caso de gatillo fácil, esta vez en Texas: un joven negro y desarmado fue fusilado de cuatro balazos por un policía de Arlington. La víctima, Christopher Taylor, es uno más de la larga lista de casos de represión policial que cruza el país del norte de costa a costa. En lo que va del año 2015 son más de 60 los casos que trascendieron de características similares, en los que el racismo y la clase de donde provienen estos jóvenes marcan un mismo patrón. La tensión social que se vive en ese país ha vuelto cada vez más mediáticos casos como éste, gracias a los cuestionamientos que la sociedad está teniendo para con las fuerzas represivas.
Más cerca nuestro, en Medellín, Colombia, se están llevando a cabo labores de excavación en un terreno de más de 24 mil m3, en el marco de un proyecto denominado La Escombrera, destinado a la búsqueda de restos humanos, presumiblemente víctimas civiles asesinadas en la zona por policías, fuerza aérea y grupos paramilitares que actúan en nombre del conflicto armado que lleva décadas en el país. Se estima que podrían hallarse restos de cientos de desaparecidos, cuyos familiares esperan reconocer para echar luz sobre la cuestión de los gobiernos que usan sus aparatos represivos con la excusa del enfrentamiento.
Para demostrar que el Cono Sur de América no es ajeno a la represión ejercida por el brazo armado del estado, en Chile, en defensa de los intereses de los gobiernos y el empresariado burgués, fuerzas especiales (FFEE) de carabineros se cargaron el 24 de julio un nuevo muerto: Nelson Quichillao López, uno de los varios trabajadores que se encontraban movilizándose por un acuerdo con CODELCO (empresa estatal chilena dedicada a la explotación de cobre) exigiendo mejoras laborales y salariales para 40 mil trabajadores que, al igual que López, prestan servicios desde empresas contratistas. Una vez más, la respuesta fue una feroz y homicida manera de contrarrestar las peticiones del pueblo.
2. Justicia de Morón: gatillo que no se investiga, política que revictimiza.
Pasó un año desde que el agente Frías, de la Policía Federal Argentina, dejó que Walter Mauro Rodríguez intentara escapar con su moto, para dispararle por la espalda sin miramientos y matarlo. Ocurrió el 7 de agosto de 2014, en Libertad, populosa barriada de Merlo.
María, la madre de Walter, se acercó a CORREPI y desde entonces intenta entrar en la causa como parte ofendida por el crimen de su hijo. Tanto la fiscalía como el juez de garantías de Morón, se lo niegan. Ambos representantes estatales entienden que aún es “prematuro” decidir el rol que le cupo al policía y a Walter en el hecho, y “dudan” sobre la legitimidad de acción que la madre del pibe asesinado quiere ejercer contra el integrante del aparato represivo del estado. Mientras tanto, sostienen que lo que debe investigarse es el robo de la moto, y no el asesinato. Desde CORREPI agotaremos los recursos para que el crimen no quede impune.
Por otra parte, el 27 de julio, en el Parque San Martín de Merlo, otro agente de la Federal, de apellido Leguizamón, fusiló a Cristopher Castillo. El chico se trasladaba en su moto con un amigo, desde la que le habrían manoteado la mochila al federal.
El policía, también cuando los chicos escapaban, sacó su reglamentaria y disparó por la espalda a ambos pibes. Hirió a uno y mató al otro.
La fiscalía de Morón rápidamente dio por ciertos los dichos que el policía formulara a sus colegas bonaerenses en el lugar, naturalmente alegando un inexistente tiroteo. Con sólo eso dispuso que quedara en libertad, por entender que actuó en legítima defensa. La causa, no por casualidad ni rara coincidencia, versa sobre la tentativa de robo y aquí también será tarea de los padres, organizados en CORREPI, demostrar que el agente de la Federal actuó como un verdugo amparado por la institucionalidad.
Uno y otro caso explican mejor que muchos cómo la impunidad cierra el círculo de los crímenes que el estado comete en nombre de una política que forma parte de las cuestiones inherentes al sistema que sus diferentes administradores defienden.
La policía sabe que puede matar como lo hace, porque su conducta cuenta con el aval de quienes lo juzgarán.
La versión del policía nunca se discute. Le alcanza con la invocación de la afectación al derecho de propiedad privada que los autoriza a actuar como lo hicieron en estos dos casos. En el peor de los casos, la justicia también lo defenderá con la duda.
Así como nunca la burguesía se sienta en el banquillo de los acusados, generalmente quienes los sirven y protegen tampoco lo hacen.
Es que existe una regla de oro: la clase dominante no concede nada graciosamente, hay que sacárselo a fuerza de lucha y organización.
Desnaturalizar estos crímenes, desenmascarar la hipocresía del sistema que consagra la igualdad en el discurso de la ley al tiempo que vive de la desigualdad en la realidad, es una tarea que reviste de sentido y razón a la existencia de CORREPI.
Somos conscientes del dolor que suele debilitar doblemente a nuestros familiares: la muerte invisibilizada como asesinato primero y el desprecio oficial frente a la ofensa después. Como en tantos otros casos, en estos dos, seguiremos golpeando insistentemente sobre la dura cara de la justicia formal.
Una vez más, cuando la sociedad dividida en clases niega derechos y oportunidades, a sus víctimas les queda la única posibilidad de impedir su revictimización: en lo inmediato luchar organizadamente contra el dolor y el cansancio moral, en lo mediato luchar organizadamente por la desnaturalización y la visibilidad del caso, siempre, luchar organizadamente por una sociedad que deje de lado los privilegios de clase, en todos los casos, luchar organizadamente.
3. Nosotros trabajadores, ellos represores.
En los últimos días circuló en diversos medios la noticia acerca de “la comisaría del terror”, en relación con la comisaría 10ª de la provincia de Catamarca, a partir de la historia de una mujer que, cuando fue a hacer un trámite, fue obligada a desfilar desnuda ante los policías y los detenidos.
Según la agente de policía autora de esta vejación, el motivo fue que la mujer no la saludó cuando entró a la comisaría. Los diversos cables informan que en la puerta de esa dependencia había varios policías y que, cuando varias mujeres que iban a hacer una denuncia ya estaban dentro del edificio, una agente ingresó y les reclamó de mala manera que no saludaran al pasar. Ante el reproche, una de las mujeres le contestó y se inició una discusión. Cuando las mujeres se retiraban, las cruzó un patrullero del que bajaron dos oficiales femeninas, que las llevaron nuevamente a la comisaría. Allí golpearon a una de ellas, mientras que forzaron a la otra a desnudarse y caminar por los pasillos de la comisaría, mientras instaban a los detenidos a gritar y tocarla.
Las policías agresoras fueron imputadas, luego de ser sometidas a una rueda de reconocimiento, y a pesar de que una de ellas ya había cambiado notablemente su fisionomía, con el cabello teñido de rubio y delineado de las cejas.
Paralelamente, el juez de Control de Garantías Ramón Porfirio Acuña confirmó la detención de cuatro policías de la misma comisaría, acusados de agredir al joven Ricardo Paucará cuando éste iba en remise con sus hermanos. Los interceptaron, lo arrestaron y lo golpearon. “Me esposaron con las manos en la espalda, me hicieron arrodillar en una de las oficinas y me pegaron patadas en el estómago, mientras que uno me tenía de atrás para que no me caiga. Después me quitaron los zapatos y me agarraron a cintazos los pies. Todavía no puedo caminar”, dijo Paucará, que sigue internado y sufrió la ablación de un tramo de su intestino delgado por los golpes recibidos.
Mas allá de que los titulares caractericen a esta comisaría como “del terror” y presenten ambos hechos como “extraordinarios”, sabemos que son prácticas que suceden rutinariamente en todas las cárceles y comisarías a lo largo y ancho del país, y que, lejos de derivar de una “manzana podrida” o un “loquito suelto”, son consecuencia de su carácter represor, que impone ultrajar, denigrar y vaciar de toda dignidad humana a quien no sea parte de la clase que defienden. Somos diferentes, nosotros trabajadores y luchadores, ellos verdugos opresores.
4. Represión a los trabajadores del INTI
La semana arrancó perfilando a Scioli y Macri como los contendientes principales para ocupar el gobierno nacional y administrar la represión por los próximos cuatro años. Varios hechos represivos en distintos lugares del país indican una agudización de la represión a la protesta social que la burguesía ya ha definido, gane quién gane.
El 5 de agosto, los trabajadores del INTI comenzaron un paro de 48 horas, votado en asamblea, por el pase a planta permanente y aumento de salario. Decidieron cortar la Av. General Paz al día siguiente, junto a los trabajadores en lucha de la línea 60 y numerosos compañeros de distintas agrupaciones de trabajadores y organizaciones políticas que salieron a la calle para hacer visible sus demandas.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. La policía que rodeaba el corte reprimió fuertemente a los trabajadores, que aguantaron los gases y palos y evitaron entrar en provocaciones. A pesar de todo, pudieron cerrar la actividad con una olla popular.
“A la salida, cuando ya nos íbamos a casa, y desde dentro de INTI, la policía de la 47ª que custodia el predio marcó a tres delegados que salían en sus autos y los emboscaron en la esquina. Los hicieron bajar e intentaron llevarse a uno detenido. Nosotros salimos corriendo a querer impedirlo y allí fue la golpiza de la brigada y la infantería de conjunto hasta que lograron arrancarnos a los dos compañeros y llevarlos detenidos", denunciaron los compañeros en un comunicado.
El carácter selectivo de la represión se hace evidente en este caso y sirve de ejemplo de las prácticas que utiliza el estado frente a los sectores organizados, por eso debemos prepararnos para la etapa que se viene y unir las fuerzas. Al ajuste y la represión lo enfrentamos con más lucha y mejor organización.
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