Por Carlos Del Frade
(APe).- El pasado está abierto en el presente. Denuncia la complicidad de muchos sectores en el negocio del narcotráfico. Esta historia arranca en octubre de 1998. Diecisiete años atrás.
El entonces subcomisario Oscar Alvarez, jefe de la sección séptima de la Policía Federal, división Drogas Peligrosas, a cargo de la región Litoral del país, en la ciudad de Rosario, opinó que "por los contenedores que salen de Puerto General San Martín puede pasar cualquier cosa porque no hay ningún tipo de control".
La noticia repercutió en todos los organismos comprometidos por la afirmación de Alvarez. Hasta el ex ministro del Interior, Carlos Corach, habló con él. Le pidieron que se rectificase. Y lo hizo.
Le reconoció al autor de estas líneas que “lo dicho es verdad” pero tenía que cuidar su puesto y “las buenas relaciones con Prefectura, Gendarmería y la Provincial”.
La afirmación de Alvarez se sumaba al informe reservado -de aquellos días- de la DEA, que aseguraba que "la ausencia de una estrategia de control" hace que "la hidrovía sea vulnerable" y "utilizada como corredor de contrabando de cocaína enviada desde Bolivia".
También señalaba que "en ausencia de una estrategia de control, la hidrovía es vulnerable para ser usada como corredor de contrabando de cocaína enviada desde Bolivia para conectarla con líneas marítimas".
Alvarez, en ese contexto, sostuvo que "en los últimos cinco años el tránsito y el consumo de droga se ha multiplicado en toda la zona del Litoral en forma considerable". Repitió que "no hay barrio rosarino donde no se consuma droga y eso puede extenderse a otras grandes ciudades de la provincia".
De acuerdo al informe de los Estados Unidos, "en lo relacionado a la hidrovía, se ha detectado una gran falta de control en todos los contenedores que pasan por el río Paraná". Alvarez agregó que "en los que salen por Puerto General San Martín, por ejemplo, puede pasar cualquier cosa. No hay ningún control sobre el contenido de los mismos. A eso se refiere el documento de la Casa Blanca".
El oficial de la Federal ratificó que "ni Gendarmería ni Prefectura hacen controles serios y eso ya fue denunciado públicamente por diferentes fuerzas internacionales, entre ellas la DEA".
En 2013, la Auditoría General de la Nación, a cargo del doctor Leandro Despouy, emitió una investigación diciendo que no había controles en los puertos de Rosario, San Lorenzo, Puerto General San Martín, San Nicolás y Ramallo. Lo mismo que había dicho Alvarez en 1998.
En las últimas semanas, la información repitió la vigencia de aquella matriz de importación y exportación de cocaína a través de los puertos del Gran Rosario y San Nicolás.
“En los últimos cuatro años 11 camiones de cinco compañías ligadas a José Luis Sejas Rosales fueron secuestrados con droga en territorio argentino. El empresario pretendió introducir más de 450 kilogramos de cocaína y pasta base, que tenían como destino Rosario y San Nicolás. Y también 35.000 litros de tolueno, un precursor químico esencial en la producción de clorhidrato de cocaína”, indicaron las noticias.
Hacía pocos días que un camión de una las firmas de Sejas Rosales había caído en manos de la AFIP - Aduana que “detectó a través de un escáner 122 paquetes de cocaína de máxima pureza que pesaron 135 kilogramos. El destino final de la carga era la localidad bonaerense de San Nicolás. En esta investigación aún no está esclarecido cuál era el destino de la droga que ingresaba al país por el paso fronterizo de Salvador Mazza, y que tras atravesar más de 1.500 kilómetros por la ruta 34 terminaba -según las cartas de porte- en Rosario y San Nicolás. Esas ciudades tienen algo en común que siembra una de las principales hipótesis sobre el destino final de la droga: los puertos. Una de las sospechas es que la cocaína se exportaba camuflada en otras cargas por alguna de las terminales asentadas sobre el río Paraná a Europa”, apuntaba la muy buena nota de Germán De Los Santos.
Por los puertos de Santa Fe y Buenos Aires, desde finales de los años noventa, entra y sale cualquier cosa. Mienten aquellos que posan de sorprendidos.
El costo de estos recuerdos del futuro es pagado por la pibada que termina siendo inmolada en los altares del dios dinero en los grandes barrios de los conurbanos.
Los cargamentos de Sejas Rosales, en realidad, son la continuidad de un negocio que goza de la complicidad institucional desde hace mucho tiempo.
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