La crisis y las esperanzas de Puerto Rico

Por Manuel E. Yepe

Foto: Virgilio Ponce

Por estos días proliferan por doquier en San Juan de Puerto Rico y otras ciudades de la isla anuncios de la puesta en venta de viviendas fijados por más de 144.000 puertorriqueños que están abandonando la isla para marchar al exterior en busca de empleo. Algunos de estos carteles expresan, como pretendida represalia a los causantes de su desgracia: “SE VENDE ESTA CASA, PERO NO A LOS AMERICANOS”.

La grave situación actual de Puerto Rico, por dolorosa que sea, pudiera constituir el augurio de un nuevo despertar de la conciencia patriótica del pueblo borinqueño que le abra merecido paso a su plena inclusión en la parte de América a que pertenece por derecho propio. No se puede responsabilizar por desgracias como la actual crisis a los puertorriqueños, cuando el comercio exterior, la moneda, las comunicaciones, las leyes y procedimientos de ciudadanía y nacionalidad, la navegación interna y externa, los procedimientos migratorios, laborales y salariales, la tierra, los espacios aéreos, las costas y fronteras, los puertos, los bosques, el subsuelo mineral, así como el servicio militar ciudadano y la defensa del país, son de la incumbencia de un poder extranjero.

Desde la invasión estadounidense de la Isla en 1898, Puerto Rico ha conocido, sucesivamente, la ocupación militar en los dos primeros años; un gobierno civil con gobernador y juez supremo nombrados por el presidente de Estados Unidos hasta 1948; un gobernador nativo de orientación anexionista (Luis Muñoz Marín), igualmente designado por Washington, con un cuerpo Legislativo bicameral restringido a propietarios bilingües sujeto a veto imperial, y un “Estado Libre Asociado”, instaurado en 1952 para enmascarar el status colonial, otorgando a la Isla derecho a una Constitución y a la elección de gobernador y parlamentarios, pero manteniendo y asegurando la subordinación colonial a Estados Unidos.

Actualmente hay en el reducido territorio de Puerto Rico unas 15 bases norteamericanas bajo el mando US Atlantic Command (LANTCOM). La actual situación de bancarrota en la que ha caído Puerto Rico obedece, ha dicho su gobernador Alejandro Padilla, a que el país no tiene dinero para pagar su deuda de 73 mil millones de dólares a sus acreedores, cifra que representa el 100 por ciento de su PIB (Producto Interno Bruto). No ha podido siquiera cancelar en fecha reciente un pago parcial de 58 millones de dólares a la CFP (Corporación para el Financiamiento Público) del que sólo logró desembolsar una fracción de 628 mil dólares. El Gobierno colonial se ha declarado oficialmente incapacitado para pagar la deuda (default) sin que se vislumbre solución por el momento. Ni Washington ni el Fondo Monetario Internacional se han pronunciado sobre el asunto ni han aportado soluciones remediales que eviten que el país se declare insolvente hacia el fin de este verano.

Según criterio de la periodista peruana Vicky Peláez en la revista rusa Sputnik, “en realidad la deuda del país empezó a crecer desde los años 1970. Su economía desde la mitad del siglo pasado estaba basada principalmente en la industria farmacéutica pero con la aparición de las maquiladoras en México y en Asia, este sector empezó a trasladarse a aquellas regiones en búsqueda de la mano de obra más barata y de mayor productividad. Para atraer las corporaciones multinacionales a la isla, Washington las exoneró del pago de impuestos y con ello debilitó aún más a la economía local”. La crisis hipotecaria al comienzo del Siglo XXI afectó aún más al país con su política de liberalización de la hipoteca.

En 2006, el gobernador de Puerto Rico, alarmado por el débil crecimiento del PIB tomó la decisión de suspender la exención fiscal a las corporaciones lo que provocó el éxodo y el cierre de las compañías. El país entró en recesión y la emigración de boricuas, principalmente a la Florida y Nueva York creció alarmantemente. Hoy, un 45 por ciento del total de 3,5 millones de habitantes de la isla vive en la pobreza y el 83 por ciento de los niños habitan en áreas pobres.

Puerto Rico sufre las consecuencias del coloniaje clásico, aquel en el que un país extranjero decide y tiene capacidad violenta y política para administrar la vida pública y colectiva de otro país.

Pero las noticias que llegan de allí reflejan una profundización de la conciencia de que la eliminación del sistema colonial a que ha estado sometido por Estados Unidos durante los últimos 117 años es el único camino hacia el logro de la independencia y el ejercicio pleno de su soberanía nacional, propiciadores del reconocimiento y apoyo internacional indispensables para el desarrollo del país.