Gerardo Martínez, Secretario General de UOCRA, trabajó para el Batallón 601.

 

 

A tres meses de la tremenda golpiza que la patota de la UOCRA le propinó a docentes y estatales santacruceños no hay un solo detenido. Esto habla a las claras de la connivencia de la justicia y el poder político con las patotas paraestatales organizadas por la burocracia.

Sin embargo, este tipo de acciones, que incluyen reprimir a trabajadores de su propio gremio viene de una impunidad de larga data, incluso durante la dictadura militar.

En el listado del personal civil que trabajó para el Batallón 601 de Inteligencia enviado por el General Milani, Director General de Inteligencia, con cerca de 5000 empleados y que fuese enviado el pasado 5 de febrero a la Ministro de Defensa Nilda Garré, figura Gerardo Alberto Martinez, DNI 11.934.882, en la foja 52, número de orden 2798.

Dicho documento se encuentra en el Archivo Nacional de la Memoria, dependiente del Ministerio de Justicia y DD. HH. de la Nación.

No fue el único, aunque trató de no ser descubierto. Entre los "famosos" civiles que trabajaron para el 601 figuran los temibles Leandro Sanchez Reisse y Raúl Guglielminetti, alias mayor Guastavino.

De acuerdo a lo informado en la conferencia de prensa convocada para hoy, por Organismos de Derechos Humanos, organizaciones de trabajadores y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), el Secretario General de la UOCRA, Gerardo Martinez, trabajó desde 1977 y al menos durante toda la dictadura como Personal Civil en el terrible Batallón 601 de Inteligencia del cual dependieron varios Centros Clandestinos de Detención en todo el país, entre ellos tal vez el más temible, el de Campo de Mayo donde desaparecieron a 3000 personas.

Cabe destacar que, según la CONADEP, hay 105 obreros de la construcción desaparecidos mientras Martinez ejercía su doble función de sindicalista e integrante de los servicios de inteligencia.

Sin embargo, la historia después de 1983 lo compromete aún más. En 1996, Horacio Barcos fue designado Interventor de la Seccional Tres Arroyos de la UOCRA y al ser reconocido por la esposa de José Tur, dirigente de CTERA desaparecido, como quien los secuestró, torturó y asesinó a su esposo, fue condenado a 15 años de prisión. Este amigo de Martinez trabajó en el Batallón de Inteligencia Militar 122, desde enero de 1976 hasta mayo de 1977, infiltrándose en la UOCRA Santa Fe, al igual que Eduardo Daffunchio, abogado de la UOCRA Santa Fe, al menos hasta 2009, quien también figura en la Foja 24, con Nº de orden 1271, como Personal Civil del Batallón de Inteligencia 122.


Recordaron que "la utilización de grupos de choque o patotas por parte del Estado y las patronales, amparadas por el Estado, es tradición vieja. Desde los cajetillas que usaban a fines del siglo XIX para asolar los barrios pobres o a los laburantes, pasando por la Liga Patriótica Argentina durante la Semana Trágica, la Legión Cívica trás el golpe del ' 30 de Uriburu y ya más cerca en el tiempo, las AAA con más de 3.000 asesinados, la patronal y el Estado aceptan tercerizar la represión a los que luchan o quieren otra sociedad"

Por otra parte, afirmaron que "las patotas sindicales actuaron en el asesinato de Mariano Ferreira el 20 de octubre de 2010, hace tres meses atacaron a petroleros, docentes y estatales en Santa Cruz mandados por Martinez y amparados por el gobernador kirchnerista Peralta, atacan permanentemente a los trabajadores de SITRAIC, Sindicato de la Construcción, en Lomas de Zamora, en Almirante Brown" como también reemplazaron a la policía puntana durante el acuartelamiento de 2006, "bajo las órdenes de Marcos Sosa, Secretario General de la Uocra local y concejal del PJ".

Del mismo modo, recordaron que atacaron a los vecinos de No a la Mina, en Esquel, durante 2005, mientras que en octubre de 2010, en Santa Cruz, lo hicieron en el Sindicato de Comercio y en 2008, atacaron a Walter Montero, delegado de Dezacor en Atucha, Zárate, entre otras acciones similares.

SITRAIC, CORREPI y varios organismos de DD. HH. realizaron una presentación judicial paralela a la causa Batallón 601 para que el Estado responda hasta cuando Martinez trabajó para Inteligencia del Ejército e informe cual fue su participación en la desaparición de 105 trabajadores de la construcción, teniendo en cuenta que su trabajo de infiltración en el gremio tenía el objetivo de reconocer activistas obreros que pudieran  molestar de algún modo a los militares.

Destacaron luego que "Gerardo Martinez es una gran muestra de como el Estado capitalista intenta disciplinar a los trabajadores: directamente en los sindicatos, cuando no les alcanza con la Policía y demás fuerzas represivas o tercerizando la represión con patotas paraestatales. Al estado capitalista armado, de uniforme, de civil, solo podremos enfrentarlo con ilusiones ciertas de vencerlo organizados en forma clasista y peleando por una sociedad de iguales".

Concluyeron que el dirigente sindical "tuvo doble trabajo" y por ende, afirmaron "es doble el olor nauseabundo que desprende" y que "será un ladrillo más para el paredón que se merece y que algún día terminaremos los trabajadores y el pueblo pobre, por nuestros desaparecidos, por nosotros, por nuestros hijos".