Por Horacio Duque Girado
El fin del conflicto, la refrendacion e implementacion de los consensos de paz tienen en la Asamblea Constituyente popular y soberana su mejor herramienta politica. Presidente Santos, una Comision legislativa como la que ha propuesto complica los diálogos y el fin necesario de la guerra civil colombiana. Una Constituyente soberana es el punto de partida de la democracia ampliada y de un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición. La paz no puede nacer con una pata coja y con remiendos hechos por una clase política corrupta y deslegitimada como la del actual Congreso de la Republica.
En el marco de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, Cuba, entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria, se ha presentado al Congreso de la República un Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se establecen unos instrumentos jurídicos para los desarrollos normativos necesarios para facilitar y asegurar la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
En el texto de la iniciativa se indica un procedimiento legislativo especial para la paz, se adoptan 10 reglas para el mismo y se otorgan facultades presidenciales para la paz (http://bit.ly/1gpofUi).
No se necesitan muchos argumentos para demostrar que el paso adelantado por la administración Santos y sus delegados en las conversaciones de paz, constituye un acto unilateral que altera severamente las reglas pactadas en el Acuerdo Especial para la Superación del Conflicto Armado. Ya sucedió con el denominado Marco Jurídico para la Paz.
Por más que los voceros oficiales intenten plantear que se trata de una iniciativa soberana del gobierno, de un desarrollo de sus competencias políticas constitucionales, a las cuales no ha renunciado, queda claro que el proyecto se inscribe en la racionalidad y los fines de la estrategia del núcleo directivo del Estado respecto de la finalización de la guerra.
Es muy probable que el sentido implícito del texto del Acto legislativo en cuestión tenga otros alcances. Seguramente desde la Casa de Nariño el propósito sea el de perfilar un escenario para visibilizar agencias, subjetividades, estrategias, comportamientos y agendas alrededor del no fácil “fin del conflicto”, y así poder canalizarlas o lidiar con ellas hasta despotenciarlas cuando se trata de vectores del sabotaje.
En ese ámbito ya tienen un resultado, los voceros de la “parapolítica uribista” pronto armaron su algaraza para sugerir un “golpe de Estado” y un referendo con firmas para demandar el fin de la Mesa de La Habana (http://bit.ly/1UWOzCU). Ni cortos, ni perezosos, éstos están utilizando el tema en las actuales campañas locales para posicionar su belicoso discurso como lo observaremos con Peñalosa en Bogotá, en la que coinciden caimanes del mismo pozo como AUV / Pacho Santos, Vargas Lleras y Claudia López, caracterizados enemigos de la paz negociada.
Son los juegos políticos acostumbrados de Santos. Son sus maneras de dar curso a las teorías de los juegos muy en boga en estas épocas de la postmodernidad (ver qué es exactamente la teoría de los juegos en el siguiente enlace electrónico: http://bbc.in/1Kox8VY).
Sin embargo, el Presidente no mide el desgaste de tales movidas. Si bien hay que reconocer su empeño, así como el de su delegación, en la paz, mediante el funcionamiento de la Mesa de conversaciones, hay que hacer notar que ciertas maniobras propias de su estilo liberal fullero, ponen en riesgo los espacios construidos en las materias ya conocidas en los puntos agrarios, de participación ampliada democrática, erradicación de cultivos, desescalamiento, desminado, victimas y sistema integral de justicia.
Por supuesto, en un Congreso bajo control oficial, el articulado indicado hará su tránsito y hacia el año 2016 será aprobado con todas las de la ley. No obstante, me temo, sus réditos pacificadores no serán los mejores.
Los politiqueros del Congreso querrán sacar prebendas de todo orden afectando el cuerpo general del proyecto de paz.
Es la circunstancia que inclina la balanza a favor del proyecto de una Constituyente plena, soberana por la paz que desde la multitud distintas voces han planteado como la salida necesaria y conveniente para refrendar e implementar los consensos finales entre las FARC y la administración del Presidente Juan Manuel Santos.
Nota 1 - Ingenuos: Creíamos que el Marco Jurídico para la Paz era un cadáver insepulto. Otros más vivos le sacan provecho. Utilizan su articulado y la jurisprudencia para obtener la excarcelación de reconocidos jefes paramilitares. Jueces y magistrados expiden boletas de libertad para genocidas como Juancho Dique, pegados al texto del Marco Jurídico. Aquí nadie da puntada sin dedal.
Nota 2: A punta de encuestas manipuladas con multimillonarias partidas, los jefes de las grandes mafias del contratismo y el negocio inmobiliario, como Vargas Lleras, quieren sacar a la Izquierda y su candidata en Bogotá. Nos montaron la dictadura de las encuestas. Se jodieron, les vamos a ganar, no saben de nuestra capacidad de lucha. Defenderemos con todo las conquistas democráticas de los bogotanos alcanzadas en los últimos años.
Nota 3: Feliciano Valencia, el indoblegable lider Nasa del Cauca, es víctima del odio de la oligarquia feudal regional y sus conocidos testaferros judiciales. Lo quieren enterrar en las mazmorras del régimen terrateniente. Lo quieren muerto en vida. Nuestra resuelta solidaridad con él y con los indigenas. Libertad para Feliciano Valencia. Con la resistencia y la movilizacion popular conquistaremos su libertad. La paz no se construye persiguiendo y encarcelando a los indigenas, señor Santos.
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