Por Carlos del Frade
(APe).- -A partir de esta medida, desde el municipio se puede comprar agua para asistir a las poblaciones alejadas que tienen temor y después pasar los gastos a la empresa Barrick - detalló Mario Luna, el presidente del Concejo Deliberante de Jáchal, provincia de San Juan. La medida hacía mención a la declaración de Emergencia Ambiental y Social en todo el departamento.
La disposición quiere, por otro lado, proteger a los trabajadores que no fueron a trabajar como consecuencia de haber estado reclamando protección a los distintos gobiernos involucrados más preocupados por proteger los intereses de la multinacional minera que los derechos de los ciudadanos.
Los fundamentos sostienen que “a raíz del incidente / accidente reconocido por la empresa Barrick Gold, y transmitido por redes sociales, que provocó estupor y miedo en los vecinos de este departamento, quienes espontáneamente se presentaron en la explanada del edificio municipal, el mismo día 13 de setiembre a las 22 horas aproximadamente, y requirieron información sin obtener resultado positivo alguno, habida cuenta que no existían tal conocimiento”, apuntaban los considerandos.
Agregaban que “el día lunes 14 de setiembre, en horas de la noche la agrupación “Jáchal No Se Toca”, y un número importante de vecinos se auto convocaron en la plaza departamental, con recorrido en su circunferencia, realizando protesta. Que en la noche del día 15 de setiembre del corriente, la confluencia de vecinos sumaron aproximadamente cuatro mil… Que por principio de prevención es admisible declarar al departamento en estado de emergencia, y la participación popular”, remarcaba el Concejo Municipal.
Por lo tanto se declaró la emergencia ambiental, social, sanitaria, educativa y laboral en general.
La Barrick Gold funciona en la Argentina bajo el nombre de Minera Argentina Gold. El balance del año pasado la ubicó en el puesto 73 entre las mil empresas que más facturan en el país: 7.600 millones de pesos fue el total de sus ventas. A razón de 21 millones de pesos diarios; 879 mil pesos por hora y 14.660 pesos por minuto. Un fenomenal poder económico que subordina a todos los demás.
El abogado y militante político y ambientalista, Diego Seguí, en diálogo con esta agencia, sostuvo que “el gobierno de Gioja salió a decir que el agua se podía tomar igual. Horas después, la propia Fiscalía del estado sanjuanino prohibía hacerlo en precaución de la salud de los habitantes de Jáchal”.
Agregó que la justicia, tanto provincial como federal, no puede ingresar al emprendimiento de Veladero. “Barrick es un estado mucho más fuerte que el sanjuanino y el argentino. Pero además realiza operaciones de inteligencia sobre sus trabajadores y los pobladores de la región. En las últimas horas se conoció que la empresa decomisó los celulares de sus trabajadores para que no cuenten nada sobre lo sucedido”, apuntó Seguí.
Los gobiernos “han sido cómplices con la Barrick, no ejercen soberanía alguna y hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación no quiso meterse con la multinacional”, agregó el abogado.
La gran herramienta de extorsión social y política de la empresa es la fuente de trabajo. En los tiempos de la construcción de las instalaciones a cuatro mil metros de altura, en el cerro Veladero, hubo 8 mil trabajadores; en la actualidad quedan 1.800 con muy buenos sueldos pero altos costos para su salud.
Los vecinos de Jáchal seguirán movilizados con el único objetivo de defender su lugar en el mundo. La empresa y sus socios, provinciales y nacionales, continuarán con sus negocios.
El derrame de cianuro marca, una vez más, que la minera puede hacer lo que quiere en San Juan y la Argentina.
Una clara demostración del límite real de los bellos discursos que dicen defender lo nacional y lo popular y que, en lo concreto, muestran la impunidad de lo extranjero y minoritario.
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