Por Carlos Antonio Lozada
El encuentro entre el Presidente Santos y el Comandante en Jefe de las FARC - EP, Timoleón Jiménez, para anunciar el acuerdo sobre el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no Repetición; es un hecho que trasciende el marco de los diálogos de paz.
Una era la situación antes del anuncio; otra es a partir de ese momento, sintetizado en la imagen de los dos protagonistas estrechando sus manos; teniendo como sello, las manos del Presidente anfitrión.
Es la imagen anticipada de lo que puede ser la Colombia posterior a la firma de los acuerdos de paz. Una Colombia reconciliada tras décadas de duro y crudo enfrentamiento entre compatriotas.
La posibilidad real de acabar esta guerra que se ha prolongado por más de 5 décadas, que es a su vez continuación de históricos conflictos mal cerrados, es ahora mucho más clara.
La terminación de la guerra no solo nos evitará más muertes y victimizaciones de miles y miles de colombianos; la firma de los acuerdos, abre además la perspectiva de materializar los cambios mínimos necesarios para iniciar la reconstrucción nacional sobre unas nuevas bases, que permitan superar las causas que generaron y han alimentado el conflicto a lo largo de estos años.
En primer lugar, están las transformaciones al sistema político que debe abrirse a la participación de todos los sectores en igualdad de condiciones, acabando con el monopolio del poder en manos de las élites que nos han gobernado por más de 200 años y con su costumbre inveterada de ejercer la violencia contra los opositores. En una palabra, ampliar la democracia, tal como está acordado en el punto 2 de la agenda, sobre participación política.
A nuestro modo de ver, este tema de la ampliación de la democracia pasa por la renuncia de la clase dominante a la concepción de Estado contrainsurgente, cimentada en la doctrina de seguridad nacional; sobre la cual han edificado todo su andamiaje de dominación jurídico - político, incluyendo la utilización de la Fuerza Pública y la creación de grupos paramilitares, para la defensa del orden establecido, que concibe todas las expresiones de protesta e inconformidad social y las opciones políticas alternativas, como un enemigo a combatir.
La ampliación de la democracia, pasa también por acabar con la corrupción, el clientelismo y el gamonalismo propio de formaciones pre-modernas y su entronque con las mafias del narcotráfico y de todo tipo de economía ilegal que se da en los territorios y que vician el sistema electoral; como se evidencia en las campañas electorales, como esta que cursa actualmente.
Como se ve, no se trata simplemente de que la insurgencia haga dejación de las armas, ese es un asunto que compromete las dos partes; y de ahí la importancia de este punto para la Colombia que debemos construir posterior a los acuerdos.
En segundo lugar, la paz debe permitirnos comenzar la transformación del campo colombiano, cuyo objetivo último debe ser acabar el latifundio y el secular abandono en que los sucesivos gobiernos han mantenido los campesinos, tal como lo demuestran las cifras recientes del censo agrario que ponen al desnudo, además de la alta concentración de la propiedad de la tierra, la falta de crédito, asistencia técnica, asesoría, educación, vías, vivienda y políticas de protección a la comercialización que afectan los pobladores del campo.
Y en tercer lugar; ligada estrechamente a la solución de los problemas señalados en el punto anterior, lograr la erradicación definitiva de los cultivos ilícitos, sobre la base de planes realistas de sustitución voluntaria, por otro tipo de cultivos que sean rentables y le permitan al campesino, obtener lo necesario para llevar una vida digna.
Vistas así las cosas, es fácil comprender que el actual proceso de paz va más allá de la firma de un acuerdo, o como lo han pretendido otros, de un sometimiento de un grupo delincuencial a la ley. Eso explica, además, por qué se oponen a la paz, así entendida, sectores muy poderosos de la clase dominante.
Estamos ad portas de un paso histórico en el proceso de construcción de la nación colombiana, que desde sus inicios, en la guerra de independencia, no ha llegado a saber de una paz estable y duradera.
La culminación de la guerra debe ser el comienzo de un proceso que ha de llevarnos a la construcción de un Estado que por su legitimidad, por primera vez tenga el control total del territorio, el monopolio de la fuerza, de la justicia y la Hacienda Pública.
Ese proceso histórico, pasa necesariamente por la reconciliación de la familia colombiana. Allí radica el valor simbólico de la foto del 23 de septiembre.
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