Difícil realizar unas elecciones limpias en Colombia (Delegación de Paz FARC - EP)

Por Fidel Rondón

Se avecina la gran feria electoral, gamonales y electores agitan el mercado de los votos. Como todas las veces, organizaciones de la sociedad civil, independientes del Gobierno y de los partidos políticos, revelan esta vez que hay 800 municipios con riesgos de fraude electoral. Sin embargo, ninguno de los 1.101 municipios del país se escapa a las malsanas costumbres políticas electorales, teniendo en cuenta que alrededor del ejercicio del sufragio se fraguan empresas y microempresas electorales con variados expertos en la violación del ejercicio más manoseado de participación democrática. Verdaderos profesionales del delito.

Hay que admitir que la Constitución de 1991 abrió el camino para que nuevas fuerzas entraran en escena y que el inconformismo con los partidos tradicionales favoreció a los candidatos independientes que se valieron de un discurso, reacio a los partidos, para ganar el apoyo de los votantes. Pero el bipartidismo, como el mayor corruptor institucional de la nación no había muerto y contraatacó con la reforma política del acto legislativo 01 del 2003 y vuelve y se afinca en las regiones, de donde nunca se había ido luego de cada campaña electoral.

Alfonso Portela Herrán, el registrador delegado en lo electoral, por muchos años realizando elecciones, en su libro publicado en el 2006, "Fraude electoral: lo que la tinta no corrige", advierte con capacidad de afirmación que “con una legislación electoral como la actual, es muy difícil realizar unas elecciones limpias en Colombia”. Las acciones de fraude que se suceden antes, durante y después de las elecciones, nueve años después del libro - denuncia del señor Portela, se siguen sucediendo, y eso que la imputación proviene de una autoridad en asuntos electorales.

Aunque el Código Penal colombiano es pródigo en sanciones para quien incurra en conductas contra la participación democrática, entre otras, el fraude en inscripción de cédulas, la corrupción al sufragante y favorecimiento de voto fraudulento, hay conductas desbordadas en el descaro y que son ejecutadas por delincuentes - candidatos que han creado en los ciudadanos la otra mitad del delito y que son un conjunto de costumbres con grado de corrupción electoral.

El delincuente - candidato gana las elecciones regionales pagando registradores, financiando campañas con dineros de contratistas, adulterando las actas electorales, adulterando resultados electrónicamente, sobrepasando los topes de financiación, acomodando encuestas, obligando a funcionarios públicos a votar so pena de perder el puesto, suplantando jurados de votación, notificando irregularmente los jurados de votación, instalando en las mesas jurados fantasmas, con tarjetas prepago, o demorando el escrutinio. En fin, las pandillas gamonales han hecho del certamen electoral un torneo de delitos para salir avante y legalizar en acceso o la permanencia en el poder.

Es una burla a la lógica económica, que un candidato pueda gastar hasta 5.000 millones en una campaña electoral para ganar una curul departamental o municipal, o un puesto, cuyos salarios en los cuatro años de mandato o legislando, no suman ni el 10% de esa cifra. La campaña electoral se torna en un negocio y el puesto es una inversión, pues les queda en sus manos el presupuesto del departamento o del municipio. Es muy evidente que todo candidato ganador viola el tope de financiación de las campañas establecido por Resolución en el Consejo Nacional Electoral (CNE), de otra manera no ganaría la contienda. La compra de votos, como prácticas antipolíticas encarecen las campañas.

Los actos legislativos y leyes con las cuales se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y financiación de partidos y campañas, han sido herramientas fallidas en la creación y fortalecimiento de certámenes electorales trasparentes. Más bien son el burladero de los electoreros profesionales para quitar o poner candidatos electos. Basta comparar la Resolución 0127 del CNE por medio de la cual se fijan los montos de gastos de las campañas de los candidatos a Gobernaciones y Alcaldías, y 0128 sobre el tope de gastos de las campañas a asambleas y concejos municipales, son órdenes simbólicas ante la embriaguez del dinero, verdadero motor de las campañas.

Históricamente el fraude y la corrupción han identificado la putridez del sistema electoral colombiano y hasta el momento para erradicarlo, la legislación ha sido ineficaz. La raigambre cultural y la educación de los aspirantes a gobernar, adicional al ambiente económico soterrado en sus regiones, hace de la corrupción electoral una costumbre, y en reacción a esto, ha brotado como secuela en el electorado el hábito a vivir bajo el uso ilegítimo del poder.

Dentro de este maremágnum plutocrático pareciera, nos tocará a las FARC - EP entrar a competir, luego de la firma del acuerdo final y ya como partido político, sin armas. No nos imaginamos inmersos en el sistema electoral actual, sin antes lograr en la Mesa de La Habana, entre las partes, una revisión, reforma y democratización del sistema político electoral y la creación del poder electoral implementando su modernización y tecnificación. Sin antes lograr la revisión y reforma de mecanismos de participación ciudadana con mayor reconocimiento de la iniciativa popular, además de ampliar la elección popular de los organismos de control. Queda mucho por discutir en la Mesa sobre el punto de participación política.

Nuestra propuesta está sin discutir, porque una profunda reforma política se ha constituido en una necesidad inaplazable, si se consideran las características clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas del régimen político, que además de generar el desprestigio y la pérdida de legitimidad del ejercicio de la política se constituyen en un obstáculo para la participación ciudadana. Hay que recuperar el valor de la política y de la democracia electoral en equidad e igualdad de condiciones; además de limitar la injerencia de intereses privados en la financiación estatal de las campañas políticas, y así impedir que las campañas electorales se constituyan en empresas rentables para la apropiación de dineros públicos. Son disensos que hay que retomar en la Mesa para lograr la firma del acuerdo final.