El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- expresa su satisfacción por los avances que en el punto de justicia ha logrado la mesa de conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC - EP.
Para el Movice es fundamental que las partes hayan acordado la creación de la Jurisdicción Especial Para la Paz, cuyo propósito será contribuir a la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y graves infracciones al derecho internacional humanitario.
Consideramos que el hecho de que las salas de justicia y el Tribunal para la paz vayan a estar compuestos por juristas nacionales e internacionales deberá ser garantía de independencia e imparcialidad frente a los crímenes de su competencia y a la responsabilidad de quienes de manera directa o indirecta hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC - EP y a los agentes del Estado.
La Jurisdicción Especial Para la Paz deberá abordar tanto las graves infracciones al DIH cometidas en el desarrollo del conflicto armado interno como los crímenes cometidos en el marco del conflicto social y político, que se constituyeron en crímenes de lesa humanidad perpetrados en cumplimiento de políticas masivas y sistemáticas de persecución y represión por parte de agentes del Estado, grupos paramilitares y grupos económicos y políticos con la intención de exterminar a determinados sectores políticos sociales y populares que se caracterizaban por la reivindicación de derechos.
Para el Movice es preocupante que el acuerdo no señale cómo se garantizará la participación de las víctimas tanto en la elección y postulación de los integrantes de las salas y del Tribunal como en la selección de los casos emblemáticos de que estas instancias se ocuparán, así como sobre su intervención en los diferentes procedimientos establecidos. El acuerdo solo señala que proveerán información que servirá para contrastar la conductas de quienes reconozcan verdad y responsabilidad.
Inquieta también que no se establezcan criterios para la selección de los casos de los que se ocupará la jurisdicción, ya que el nivel de impunidad que existe en relación con los crímenes de Estado alcanza casi el 100%. Preocupa, entonces, que a esta jurisdicción lleguen sólo los pocos casos que vinculan la responsabilidad penal de agentes del Estado y actores privados, algunos de los cuales persisten en negar su responsabilidad en los hechos por los que han sido condenados y por tanto, se beneficiarían de penas alternativas sin contribuir a la verdad y no repetición de los crímenes y obtendrían su libertad por cumplimiento de la pena establecida en el acuerdo.
De otro lado, en la mayoría de crímenes de Estado no se han siquiera vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975.
Para el Movice es preocupante también que el pasado 25 de junio se aprobó la ampliación al fuero penal militar, que permitiría a la Justicia Penal Militar, que no es una justicia imparcial e independiente, conocer de graves casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la fuerza pública, desconociendo el derecho internacional de los derechos humanos, y evitando que sean conocidos por la Jurisdicción Especial Para la Paz.
Decisiones nacionales e internacionales han demostrado que desde sectores del Estado se han fomentado y apoyado estructuras paramilitares, en alianza con empresarios y políticos, que han sido responsables de masacres, desaparición forzada y otros mecanismos de terror para instaurar un control total de la población y defender intereses privados.
En este sentido y aunque la Jurisdicción Especial para la Paz podría considerarse una oportunidad histórica para que los responsables directos o indirectos de crímenes de Estado aporten en la verdad plena, reparen a las víctimas y contribuyan a desmontar las doctrinas, políticas y estructuras que permitieron la comisión de estos hechos, incluyendo la doctrina de seguridad nacional y el paramilitarismo, así como a depurar el Estado de quienes por acción u omisión fueron responsables de estos crímenes para que así nunca más se repitan, el Movice ve con preocupación que las garantías de no repetición frente a responsables de crímenes de Estado no son claras en el acuerdo.
Resulta preocupante que públicamente se haya sostenido que los agentes del Estado recibirán un tratamiento especial de justicia y nos preguntamos qué significa exactamente este anuncio. Como víctimas de la criminalidad estatal y teniendo en cuenta la obligación del Estado de garantizar los derechos y de proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, insistimos en que las sanciones para los agentes del Estado involucrados en crímenes de lesa humanidad deben ser diferenciales y el nivel de sanción mayor. El código penal colombiano establece causales de agravación punitiva cuando el responsable del delito es servidor público, con mayor razón cuando se trata de crímenes internacionales objeto de la jurisdicción especial para la paz.
Preocupa también que el Estado haya dispuesto de 800 fiscales que se enfocarán en documentar los crímenes atribuidos a los integrantes de las FARC, pero no vemos avances ni propuestas frente a la investigación, documentación y búsqueda de la verdad en casos de crímenes de Estado.
Para el Movice, la verdad plena e integral para la no repetición de los crímenes de Estado es lo único aceptable para el beneficio de sanciones especiales o rebajas de pena. Hemos insistido que si no hay una verdad completa de lo ocurrido, es imposible que existan garantías de no repetición para las víctimas.
El Movimiento continuará profundizando su análisis sobre este acuerdo para incidir en los temas fundamentales en relación al tratamiento de los crímenes de Estado y reitera su apoyo al proceso de paz y su compromiso para que Colombia logre alcanzar una paz estable y duradera.
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