Por Viviana Hernández (Delegación de Paz de las FARC - EP)
Las madres de Soacha han emprendido una larga batalla para que los crímenes cometidos por el Estado contra sus hijos no queden en la impunidad y que no sea un episodio más de los tantos que quedan en el olvido. Poco a poco esa batalla ha venido dando sus frutos. Cientos han abrazado su lucha y la han hecho suya; miles se han solidarizado con su dolorosa tragedia; muchas organizaciones de derechos humanos han acogido sus denuncias y se han adentrado a investigar en profundidad este macabro episodio que enluta un trozo de la historia colombiana. En Colombia, esta historia se conoce como el caso de los falsos positivos: un crimen de lesa humanidad.
Nuestra solidaridad a esas valientes mujeres, las madres de Soacha, que tuvieron el valor de denunciar ese tenebroso episodio de los falsos positivos y que en consecuencia son objeto de amenazas de muerte, persecución, estigmatización e intimidación para obligarlas a callar, pero a pesar de todo ello se mantienen en pie de lucha, exigiendo justicia para los asesinos de sus seres queridos, y para que esos hechos no se vuelvan a repetir.
A continuación comento un poco sobre el informe que al respecto presentó la ONG Human Rights Watch:
Es evidente la participación de generales y coroneles del Ejército colombiano en las ejecuciones extrajudiciales de civiles. Así lo acaba de ratificar el informe anual sobre falsos positivos en Colombia de la organización estadounidense Human Rights Watch, presentado el 24 de junio de este año.
A partir del año 2002, eso fue práctica habitual. La circular 029, firmada por el ministro de la defensa de entonces, Camilo Ospina, la convirtió en política de Estado. En dicha directiva se colocaba precio a la cabeza de mandos, combatientes, amigos y simpatizantes de la insurgencia, lo mismo que recompensas económicas por municiones, revólveres, pistolas, escopetas, fusiles, explosivos, granadas, etc., y mucho dinero. Permisos remunerados y viajes de descanso al exterior por cada "guerrillero" presentado muerto.
Fue una macabra emulación y un verdadero carnaval de la muerte desatado contra humildes pobladores del campo, poblados y ciudades que eran engañados por agentes de inteligencia militar con la oferta de trabajo en apartadas regiones del país. Hacia estas emprendían el viaje sin retorno porque ya muchos oficiales y suboficiales del Ejército habían dado la orden de eliminarlos, simulando enfrentamiento con la guerrilla.
Después se armaba la falsa escena; a los asesinados les colocaban armamento, les ponían botas y uniformes guerrilleros y eran presentados ante la opinión pública como guerrilleros dados de baja durante duros combates sostenidos por los "héroes de la Patria" contra la insurgencia.
El mencionado informe señala que en tales hechos participaron 20 generales; entre ellos, Jaime Lasprilla, Comandante del Ejército recientemente pasado a la reserva, y Juan Pablo Rodríguez, jefe de las Fuerzas Armadas.
La práctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en Colombia como Falsos Positivos, nos dice el informe, era corriente en 180 batallones y brigadas. Las acciones de este tipo cubrieron todo el territorio nacional y se produjeron en 27 de los 32 departamentos. Por estos hechos hay cerca de tres mil setecientos militares investigados y 800 detenidos, entendiendo que la investigación es preliminar y falta mucho más para poder conocer el verdadero alcance de esta pesadilla que aún no termina.
Pero no eran solo los militares quienes actuaban directamente contra un pueblo desarmado. Sus paramilitares realizaban una gran matazón, sembraron el país de fosas comunes, los ríos de cadáveres; utilizaron hornos crematorios, desplazaron millones de campesinos; aupados por el expresidente, Álvaro Uribe Vélez con el cuento de la "Seguridad Democrática" y de la lucha contra el terrorismo.
No debe entonces sorprendernos que quienes organizaron, financiaron, facilitaron, promovieron o participaron en cualquier forma en esos crímenes, sea cual sea su condición, deberán comparecer ante la Comisión para el Esclarecimiento de la verdad, la convivencia y no repetición, creada por La Mesa de Diálogos de La Habana, para evitar que se perpetué la impunidad.
Esto explica el nerviosismo que se apodera de sectores que jamás creyeron que la justicia podría alcanzarlos algún día y que al vislumbrarse esa posibilidad, se ponen en movimiento disparando contra la Mesa de Diálogo y exigiendo la terminación de los mismos, puesto que la guerra les garantiza absoluta impunidad y la paz impone verdad.
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