Paz y reforma de la doctrina de seguridad del Ejército (ANNCOL)

Por Horacio Duque Giraldo

Teniendo como referencia explícita las concepciones militares imperialistas y violentas de los Estados Unidos y la OTAN, causantes de destrucción y muerte en diferentes lugares del globo, los generales colombianos anuncian una nueva doctrina estratégica para las Fuerzas Armadas. Desconocen los avances y demandas del proceso de paz y las nuevas realidades soberanistas de América Latina, como la UNASUR, que ha sido escenario para la solución del grave conflicto en la frontera con Venezuela.

Los altos oficiales de la institución castrense nacional han anunciado la adopción de una nueva doctrina militar de la seguridad para las Fuerzas Armadas.

El anuncio lo ha hecho el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército, quien ha sido acompañado de otros oficiales  en condición de retiro, como Bonet Locarno y Mora Rangel, con la asesoría de expertos en temas estratégicos como Oscar Palma y Jean Carlos Mejía (http://bit.ly/1NSJZ89).

No obstante que el tema está previsto para ser considerado en los diálogos de la Mesa de Paz de La Habana, en el marco del denominado “fin del conflicto”, que incorpora puntos como los de la erradicación del paramilitarismo y las adecuaciones institucionales del Estado a los acuerdos de paz, el gobierno y el Ministerio de Defensa, han tomado la determinación de avanzar en el sentido indicado para proponer una nueva doctrina estratégica y un comando de educación y pensamiento para la rama castrense del actual Estado colombiano.

Como es sabido la concepción dominante en las entidades militares, durante más de 50 años, ha sido la contrainsurgente de la seguridad nacional cuyo contenido es el anticomunismo y la persecución violenta de las organizaciones de izquierda y sociales adversas al régimen político oligárquico y su Estado.

Esa doctrina ha sido la palanca central del paramilitarismo, los “falsos positivos”, las masacres campesinas, el desplazamiento forzado de millones de labriegos, el exterminio de la UP y la violación sistemática de los derechos humanos en las últimas décadas.

Se supone que la construcción de un nuevo esquema estratégico militar implica un riguroso diagnóstico de los problemas que inducen la anunciada nueva etapa. Es lo que no parece reconocerse claramente en los anuncios hechos por los generales. Más complicada todavía es la insólita afirmación en el sentido de mantener como puntos de referencia de los nuevos cambios el pensamiento militar imperial y el de la OTAN, origen de las guerras y atropellos ejecutados en diversos lugares del planeta por los dispositivos bélicos de los poderes preponderantes en la globalización.

Tremendo error. Se desconocen abiertamente los contenidos de los consensos alcanzados en las conversaciones de paz, particularmente en asuntos como la democracia ampliada, el respeto por los derechos humanos y las garantías de seguridad para los nuevos movimientos políticos y sociales que surjan con la terminación de la guerra.

Colombia está cambiando a grandes velocidades con los importantes avances del proceso de paz. La firma de unos acuerdos sobre el tema de la justicia entre el Presidente Santos y el jefe de las FARC, la determinación de una fecha para la firma de un pacto final y la proyección de la dejación de las armas por las guerrillas revolucionarias, indican que las cosas se han vuelto irreversibles, que la nación por fin encontró la ruta de la convivencia y la concordia.

Bien puede ser que las instituciones militares, sustraídas de la negativa influencia de la ultraderecha uribista y su discurso virulento, estén abriendo espacios de reforma en la esfera militar del gobierno, pero formularlas desconociendo los progresos de las conversaciones de La Habana y las nuevas realidades del mundo, como los procesos  populares latinoamericanos, es un contrasentido que no augura nada bueno.

Centrarse exclusivamente en las orientaciones ideológicas imperialistas americanas y de la OTAN es un absurdo. Una reforma para construir una nueva doctrina estratégica militar y un Comando de educación, no puede omitir los enfoques que se derivan de las formulaciones surgidas desde los gobiernos progresistas de Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, El Salvador, Cuba, Uruguay y otros. Es curioso que al tiempo que se establece esa orientación de los generales oficialistas, el Presidente Juan Manuel Santos, el jefe supremo de las FM, tenga que descartar el procedimiento de la vieja OEA, manipulado por los gringos, y acoger el escenario soberano de UNASR, para dar salida en Quito al grave conflicto suscitado en la frontera con Venezuela con el cierre ordenado por el Presidente Nicolás Maduro.

Si los militares quieren de verdad elaborar un nuevo referente estratégico para su funcionamiento, lo que procede es construir espacios de dialogo con la sociedad civil y con expertos de diferente orientación teórica para que lo que resulte refleje un amplio consenso de la nación.

Insistir en los esquemas del antiterrorismo y la doctrina militar del gobierno del señor Obama, es meterle palos en la rueda al proceso de paz. Es colocar al cuerpo militar en otro campo de sabotaje a los diálogos y los consensos para poner fin a la vieja guerra civil nacional.

Nota 1: Con los acuerdos alcanzados en materia de justicia en La Habana entre el Presidente Santos y el jefe de las FARC, a Uribe Vélez sólo le quedan criminalmente dos caminos frente al nuevo Tribunal de Justicia que se creara. O se acoge a la nueva jurisdicción y confiesa sus delitos, o recibirá el peso implacable del nuevo sistema penal de paz que se constituirá, el cual no tiene otra alternativa que adelantar los procesos penales correspondientes contra el caballista del Ubérrimo, objeto de miles de demandas por sus actos criminales como Alcalde de Medellín, gobernador de Antioquía, Jefe de la Casa de Nariño, senador del Congreso y artífice del paramilitarismo. Le llegó la hora a este peligroso delincuente.

Nota 2: El proceso de paz de La Habana ha proyectado una coyuntura abierta con potente presencia del poder constituyente. Ese poder autónomo gravita en el Acto legislativo para conformar una Comisión legislativa especial y otorgar poderes especiales al Presidente Santos en materia de paz. De igual manera su incidencia será determinante en la conformación de una Asamblea Constituyente de paz y en una refrendación plebiscitaria de los consensos fundamentales para terminar la prolongada y sangrienta guerra civil nacional.