El pasado 6 y 7 del corriente se llevó a cabo el 1er. Encuentro Nacional Contra la Impunidad y la Represión convocado por los organismos del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de más de 250 representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ambientalistas, sindicales, de pueblos originarios, familiares de víctimas del gatillo fácil y víctimas de impunidad de todo el país.
Asimismo, también estuvieron presentes las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, María Esther Tello y Cristina Cabib, y una delegación de la Asamblea de Mexicanos en Argentina, que sumó el reclamo por la aparición de los 43 normalistas desaparecidos.
El debate se dividió a través de tres comisiones, las cuales abordaron las temáticas relativas a la impunidad de hoy y el “gatillo fácil”, la criminalización de la protesta y la lucha por el castigo a los genocidas de la dictadura para, luego, adoptar resoluciones generales por consenso y definiendo una posición de independencia frente al Estado y todos los gobiernos y, por lo tanto, rechazando toda forma de cooptación.
Según manifestaron en cada uno de los debates, "los actuales crímenes cometidos desde el Estado y su impunidad, se sustentan en la impunidad que gozan la mayoría de los responsables y participantes de los crímenes de la dictadura, donde han sido condenado menos de un represor por centro clandestino de detención y tortura que funcionó en nuestro país" como también denunciaron la muerte de 25 niños menores de un año por día, el asesinato de más de 4.200 personas "por el gatillo fácil durante los 31 años de gobiernos constitucionales, el 63% en éstos últimos 11 años"; la judicialización de "más de 4.000 luchadores populares" por el kirchnerismo y la desaparición de más de 200 personas en democracia, junto a las tragedias de Cromagñon y de Once, y la masacre impune de la AMIA.
Durante las intervenciones se destacó el rol central del Estado y de sus fuerzas represivas en la comisión de estos crímenes y en su encubrimiento; como también se señaló reiteradamente la complicidad y el accionar del poder judicial y político y su alcance a todo el territorio nacional.
Por otra parte, sostuvieron que "la designación y defensa a rajatabla del gobierno nacional de Sergio Berni y de César Milani, y la reforma del Código Procesal Penal -complementaria con los Códigos Contravencionales-, refuerzan este aparato represivo" por cuanto "les da más poder a los fiscales para armar causas, hacer allanamientos sin control ni autorización escrita, entre otros".
"Quedó atrás la demagogia seudo progresista de la llamada ' seguridad democrática ' y de los cursos de derechos humanos para los represores. El objetivo del gobierno con la designación de Berni - Milani es preparar la represión de las luchas de los trabajadores y sectores más humildes contra el ajuste", concluyeron.
Entre las importantes resoluciones adoptadas, podemos destacar que se propenderá el armado e interrelación de una red nacional de DD. HH., antirrepresiva y contra la impunidad independiente del Estado en todo el país, se exigirá la apertura de los archivos del Estado y la Iglesia, y el no pago de la ilegítima deuda externa, se impulsará una campaña contra la militarización de los barrios, la criminalización de la pobreza y los jóvenes, la preparación de un gran 24 de Marzo combativo e independiente en todo el país y se convocó a la realización de un nuevo Encuentro para mediados del añó próximo.
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