El uso irracional de la tierra en Colombia (Delegación de Paz FARC - EP)

Por Fidel Rondón

“Cuarenta años después del Acuerdo de Chicoral en el cual los altos dignatarios del país determinaron que el desarrollo agropecuario sería realidad a partir de la consolidación de la gran propiedad, su resultado no podía ser peor”

Héctor Mondragón

Graves episodios se suceden a diario desde ámbitos opuestos en la lucha por la posesión de tierras en Colombia: desde la orilla privilegiada, el despojo y la apropiación “legal” ante la Ley por parte de acaparadores de tierras (multinacionales y nacionales) y desde la otra, los campesinos poseedores con carta de venta o simplemente con posesión de hecho, el drama de quienes les fue arrebatada a sangre y fuego más de más de 6 millones de hectáreas. Estos últimos en la brega por legitimar ante el Estado su derecho a la propiedad sobre la tierra que han trabajado, y los primeros, agentes de países lejanos o conglomerados financieros privados con intereses en el mercado mundial de alimentos.

Basta con conocer un poco la historia patria y veremos que la disputa por la posesión de la tierra ha sido permanente y que ahí radica en parte el conflicto social y armado. De la superficie de Colombia de 114.17 millones de hectáreas, 21.5 millones de hectáreas que se pueden dedicar a la agricultura, hoy sólo se aprovechan en esta actividad 4.9 millones, favoreciendo los intereses de los concentradores de la tierra y del capital.

Con el agravante de que, mientras para la ganadería se dedican 38.6 millones, sólo 20 millones de hectáreas son aptas para esa labor. Ahí pasta el hato ganadero nacional de 24.5 millones de vacunos, casi una vaca por hectárea. El uso del suelo es tan irracional que una hectárea en agricultura genera 12.5 veces más valor que una hectárea en ganadería. Hay territorios con suelos fértiles desaprovechados en ganadería extensiva y rodeados por campesinos sin tierra, en un futuro convertido en obreros agrícolas, habitantes de la periferia de los conglomerados agroindustriales en el Meta (donde están las fincas más grandes del país), el Vichada, Casanare, como ya se notan en el Valle y en la costa Caribe.

Es irónico notar que la lucha de las izquierdas, legal y guerrillera, en Colombia, enclava sus raíces históricas en revolucionar o reformar, como intentamos las FARC - EP desde La Habana, la vetusta estructura agropecuaria feudal que impide el desarrollo capitalista de la economía en el campo. Un modo de producción agrario imperfecto y deformado, un híbrido económico social, con unos actores incapaces de insertar a la Nación colombiana en el torrente global del desarrollo capitalista, retarda la aspiración de acelerar la producción social agropecuaria y la tenencia de la tierra para el mutuo beneficio de los campesinos.

En consecuencia, la sustitución en la producción de alimentos por productos importados, ha llevado al país a consumir una canasta familiar extranjera. Hay uvas y manzanas de Chile, leche que se trae de EE. UU. y Ecuador; cebolla fresca o refrigerada de Perú; papa congelada de Holanda y Argentina (20.000 toneladas que desplazan 50.000 toneladas de papa fresca del mercado nacional); pescado de Argentina y Vietnam y arroz que llega de EE. UU. y hasta de la India; torta de soya, 2 millones de toneladas de maíz amarillo, 26.000 toneladas de pollo y 15.000 toneladas de fríjol también vienen de los EE. UU. Canadá nos vende yogur, huevos, hortalizas, frutas, preparaciones alimenticias, entre otros. Siendo así, la bandeja paisa ya dejó de serlo, y la mazamorra es de origen gringo; la producción de trigo, cebada y avena desapareció, ahora llegan de EE. UU. y Canadá, a través de la multinacional Cargill.

Es imperiosa la necesidad que tiene el país de producir, por ejemplo, los dos millones de toneladas de maíz que debe importar. La vocación agrícola de más de 10 millones de campesinos colombianos garantiza la comida para los otros 38; solo necesitan tierra para trabajar. La discusión del primer punto de la Agenda de La Habana sobre Desarrollo Agrario Integral quedó trunca al negarse el Gobierno Nacional a llegar a acuerdos sobre Latifundio y delimitación de la propiedad; Extranjerización del territorio; Efectos nocivos de los Tratados de Libre Comercio contra la economía; Ajustes al Ordenamiento Territorial; Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y Nuevas definiciones sobre el derecho real de superficie. Es aquí donde está gran parte de la solución al conflicto derivado del macabro modelo de desarrollo económico del campo.

Proteger el sector agropecuario, enfrentar la concentración de la propiedad rural y reducir los precios de la tierra, unido a crear tecnología nacional, es el camino para generar la producción de alimentos y darle a Colombia soberanía alimentaria y desarrollo rural.