Foto: Alberto Raggio (DYN)
Por Sebastián Polischuk
El martes por la mañana (28/07) los choferes de la línea 60 que reclaman por la reincorporación de los 53 despedidos y por mejores condiciones laborales fueron brutalmente reprimidos por la gendarmería cuando protestaban intentando cortar la panamericana. El saldo fue de 5 detenidos y cerca de 20 heridos, en un hecho donde la gendarmería intentó desalojarlos con palos y balas de goma. Así, resultaron lastimados trabajadores y periodistas que fueron derivados en ambulancia con quemaduras en el rostro por los gases lacrimógenos. A todo esto varios medios masivos de comunicación y funcionarios políticos justificaron la represión y cuestionaron que en el hecho hayan estado dirigentes sindicales de otras ramas que fueron a solidarizarse con los huelguistas. Un argumento falaz, ya que esa es una premisa básica de cualquier trabajador con conciencia de clase.Pareciera fácil opinar y hablar de derechos humanos, y poner el énfasis en la libertad de circulación, cuando basta con ver las imágenes, los reclamos, y las múltiples medidas de lucha que los trabajadores vienen realizando y que fueron masivas por intentar reincorporar a sus compañeros y en mejora de su situación laboral. Muchos fueron los atropellos que recibieron, ya sea de la propia empresa, la justicia, el Estado y las fuerzas de seguridad, en este caso policías y gendarmes capitaneados por Sergio Berni. Lo concreto es que nadie se hace cargo del conflicto y nunca fueron notificados para tener reunión alguna.
Breve cronología del conflicto y falta de respuestas de la empresa, el gobierno y la justicia
Los trabajadores de la línea 60 de colectivos que realiza recorridos de Constitución a Tigre y Escobar, hace ya un mes que vienen realizando una fuerte protesta en resistencia a la precarización laboral y a los 53 despidos que la empresa DOTA impuso, en un conflicto que se intensifico a fines del mes pasado y continua desarrollándose en la actualidad. Los choferes han tratado de garantizar el servicio protestando bajo la modalidad de no cobrar el boleto. La empresa sin hacerse cargo de la situación termina optando por un lock out patronal impidiendo el funcionamiento del servicio público y amenazando a los choferes de cobrar el boleto.
Pero a partir del día 13 de julio el conflicto se profundizo aún más a raíz de la complicidad de la justicia federal a cargo de la jueza María Servini de Cubría que estableció una orden de desalojo para una de las cabeceras situada en Constitución) de donde salen los colectivos. Los trabajadores lograron resistir al desalojo, pero la policía logro cercar a veintidós de ellos, militarizando la zona y sin dejar hasta hace unos días que se les acerquen medicamentos, a pesar de que uno de los choferes está enfermo. La línea desde ese momento se encuentra paralizada, gracias a esta jueza que junto a la empresa intentan boicotear la protesta al pretender hacer funcionar algunos colectivos, desoyendo el reclamo de los trabajadores.
Este martes 28 de julio, a todo lo andado se le sumó la represión por parte de la gendarmería. No es la primera vez que la misma reprime a trabajadores en los accesos a la Capital Federal que lo único que quieren es ser atendidos por las autoridades y tener una reunión concreta que permita solucionar el conflicto, algo que hasta la fecha nunca ha sucedido ya que constantemente fueron postergados.
Los empresarios de DOTA, Ángel Faija y Marcelo Pasciuto, pese a la cantidad de días que lleva la protesta, nunca se han reunido con los colectiveros y sus delegados. Solo lo han hecho con la burocracia sindical de la UTA (sindicato de transporte), diciendo que el conflicto ya está resuelto por reincorporar a 48 de ellos. Pero ninguno de ellos recibió notificación alguna y no son la totalidad de los 53, sumado a que no se tocó el tema de las condiciones de precariedad laboral, entre las cuales está la planilla de reloj que impuso la empresa, y en la cual si hay demora en el servicio, el trabajador no puede cobrar ese tiempo extra.
En cuanto a las respuestas de los ministerios nacionales: desde el Ministerio de Trabajo, tal como les pasó hace unas semanas (en una movilización al Ministerio del Interior y Transporte) no tuvieron respuestas concretas, aunque sí reconocieron al Cuerpo de Delegados, a pesar de que los acusaron de no respetar la conciliación obligatoria, cuando nunca fueron notificados de la misma, ni citados a una reunión.
Nadie se hace cargo: Ángel Faija y Marcelo Pasciuto, junto al representante de la UTA Roberto Fernández y el jefe de Gabinete Aníbal Fernández lo único que han hecho fue decir que el conflicto es llevado a cabo por cuarenta trabajadores y que el mismo no es gremial siendo motivo de su judicialización y militarización por parte de la jueza Servini de Cubría. Pero esto termina siendo falso al quedar en evidencia este reconocimiento al Cuerpo de Delegados por parte del Ministerio de Trabajo y tras estas masivas marchas hacia los ministerios.
Los empresarios también dicen que el servicio siempre funciono correctamente, cuando basta con preguntarles a los usuarios cómo viajan y saber que nunca lo brindaron en su totalidad pese a la cantidad de miles de pesos de subsidios que recibe la empresa. Así es, los empresarios reciben del Estado Nacional $34.000.000 en subsidios por mes, tiene 340 colectivos de los que solo hacen circular en la calle 244, y 96 colectivos sin funcionar, con lo cual la empresa se queda con $9.600.000 pesos de estos subsidios.
Por todo esto, es fundamental seguir acompañando a los choferes de la 60, seguir brindando nuestro más profundo apoyo para llevar a esta lucha a un triunfo y se reincorporen los despedidos además de que se mejoren las condiciones laborales.
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