En la provincia de Buenos Aires, un 12% de su población tiene algún tipo de discapacidad. De los 1.853.457 bonaerenses, 1.164.083 tienen discapacidad visual; 331.694, de tipo auditivo; 1.038.942, referidos a la motricidad y 272.630, de tipo cognitivo. Sin embargo, este colectivo no está exento de sufrir los abusos policiales, incluyendo al gatillo fácil, que muchas veces lleva a incrementar la misma patología de base o adquirir otra de otro tipo. Desde luego, sin olvidarnos de aquellos casos en los cuales encuentran la muerte por las balas policiales o de la seguridad privada.
Un ejemplo claro de una causa armada fue la que llevó a la criminalización de Luz Gómez y Diego Romero, la pareja jujeña que fue absuelta hace pocos días, a manos de la Bonaerense. Desde la instrucción del sumario al juicio oral, se buscó resolver un caso como el asesinato de un colectivero en Castelar mediante el hallazgo de una mochila perdida que contenía la partida de nacimiento de una de sus hijas. Por suerte, pudieron probar que no estaban en el lugar de los hechos con la correspondiente documentación y ahora queda deslindar las responsabilidades por la fallida investigación.
Si algo es especialidad en las fuerzas represivas es el abuso y en particular, la manipulación de quienes tienen algún tipo de discapacidad intelectual. Fue lo que ocurrió con el joven José Luis Orellana, quien es sordo de un oído, problemas coronarios y un notorio retraso madurativo; es decir, una multidiscapacidad que aprovechó la policía de San Miguel para resolver el asesinato de un custodio en un supermercado chino.
Tal como hemos informado, como consecuencia de la discapacidad cognitiva, no pudo aprender a leer y escribir. Ello le impidió saber que era lo que firmaba en la Comisaría 3ª de San Miguel. Le habían redactado la confesión de un crimen que no cometió pues ni siquiera estaba en el lugar de los hechos.
Pero continuarían los abusos. Primero, en el Penal de Olmos y luego, en el de Mercedes donde se encuentra actualmente siendo objeto de palizas por parte del personal penitenciario y hasta de los mismos internos que, por supuesto, desconocían la discapacidad del joven.
No obstante, todavía sigue amenazado en el Penal a la espera del juicio oral. Cabe destacar que las secuelas psiquiátricas y psicológicas, además de las físicas, serán considerables cuando recupere su libertad.
Como bien afirma la Dra. María del Carmen Verdú, las fuerzas represivas son un instrumento de control social. Ahora bien, en este caso, bien le cabe el agregado de exterminio pues logran "resolver" un caso, con la anuencia judicial, y además, si pueden, bajan la cifra de personas con discapacidad.
El caso Orellana es un claro ejemplo de la falta de límites para la criminalización de los jóvenes pobres. Abusaron dos veces de su discapacidad, cuando lo detuvieron y le mintieron que iba a salir pronto, y cuando fue agredido ferozmente en la cárcel.
Y alguien tendrá que responder por las consecuencias que tendrá al salir del encierro armado por una Bonaerense que no tiene límites y que ahora cuenta con 15.000 efectivos más para bajar la "inseguridad". En realidad, la inseguridad es la policía en la calle y en los barrios porque tampoco olvidamos los casos de Carla Lacorte, quien adquirió una discapacidad motriz por una bala policial; de Lorena Santos, la joven con discapacidad motriz que fue asesinada por un efectivo policial mientras se desplazaba con una silla de ruedas y de Luis Bolaño, el joven con discapacidad motriz que fue asesinado por un vigilador privado al servicio del Municipio de Malvinas Argentinas.
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